POLICÍAS EN ACCIÓN. Algo falló: dos policías federales presos por quedarse con U$S 1 millón

No es novedad que en las fuerzas represivas del Estado (as federales y las provinciales) se reparten el tiempo entre tareas legales y la participación directa o el control indirecto en alguna de las diversas ramas del crimen organizado.

Lo “novedoso” es cuando alguno de los miles de uniformados involucrados en el gran delito son detenidos y sus nombres y apellidos salen a la luz por todos los medios. La cosa es noticia cuando, como se suele decir, “algo falló” y los caídos en desgracia se ven obligados a pagar la cuenta.

Es el caso del subcomisario Gustavo Alberto Russo y del principal Cristian Javier Cóceres, quienes hasta hace pocas horas eran miembros destacados de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina. Este martes, el juez federal de Salta Julio Bavio ordenó la detención de ambos agentes, quienes fueron apresados por sus camaradas de la Superintendencia de Asuntos Internos. A su vez el magistrado ordenó allanar la sede de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, pero por el momento no trascendió el resultado del procedimiento.

El botín

En un comunicado difundido este mismo martes por la Policía Federal, su jefe Néstor Roncaglia afirmó que las detenciones de Russo y Cóceres “se produjeron en virtud de que los mismos se encuentran sospechados de irregularidades y faltante de dinero, luego de un procedimiento policial en el cual oportunamente se incautaron sumas en efectivo, además de sustancias estupefacientes”.

El procedimiento del que habla Roncaglia se produjo en diciembre del año pasado. Poco después, en enero según la versión del jefe policial, la División de Investigaciones Internas del Ministerio de Seguridad recibió una denuncia de otros federales que decían que tanto el subcomisario como el principal se habían quedado con mucha plata. Según el diario La Nación habría más uniformados sospechosos en la misma causa y que serían llamados a prestar declaración indagatoria en los próximos días.

Tanto el juez federal Julio Bavio de Salta como el fiscal Eduardo Villalba y la propia PFA aseguran que Russo y Cóceres se quedaron con una suma estimada en U$S 1 millón (alrededor de $ 20 millones). “Pudimos reconstruir que en los allanamientos había más de U$S 1 millón y solo se informó del secuestró de U$S 280 mil. Creemos que falta alrededor de U$S 1 millón”, dijo una fuente de la investigación a La Nación.

El “equipo” de Pato

Los allanamientos de diciembre habían sido ampliamente difundidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Estaban enmarcados en el “Operativo Ave Rapaz” (por el logo que tenían impreso los ladrillos de cocaína incautada) a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Salta (cuyo titular el Bavio) y en el que tuvo una participación activa la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal.

Según las crónicas periodísticas del momento, el operativo fue tan “exitoso” que se logró el secuestro de unos 30 kilos de cocaína en Salta durante el mes de abril de 2017, otros 67 kilos de esa sustancia más 25 de marihuana ocho meses después en la misma provincia y 1.166 kilos más de cocaína en La Matanza finalizando el año.

Además de la droga, a las cuatro personas detenidas en el operativo conjunto de la Federal y la Gendarmería se les secuestró más de U$S 1 millón que, ahora se sospecha, los agentes Russo y Cóceres decidieron guardarse en el bolsillo.

“Se trata de una de las incautaciones de cocaína más importantes de la historia argentina”, dijo en aquel momento la ministra Patricia Bullrich en una conferencia de prensa. Y agregó con una sonrisa de oreja a oreja que esa incautación “fue posible por el trabajo en equipo” entre la Policía, la Gendarmería y el Poder Judicial. Del “equipo” formaban parte, obviamente, los dos efectivos ya apresados y el resto de los sospechosos que se asegura que hay.

Es un absurdo pensar que Russo y Cóceres, reivindicados hace menos de cuatro meses por su jefa política en función de su “profesionalismo” y “compromiso” en la “lucha contra el narcotráfico”, se hayan vuelto locos y decidieran quedarse de un día para el otro con semejante suma de dinero.

Es lógico que sin estar seguros de que iban a gozar de la mayor complicidad política, judicial y de la misma fuerza no se embarcarían en semejante empresa. Al menos no es eso lo que se estila en las vidriosas vidas internas de las fuerzas represivas del Estado argentino.

Por eso es muy posible que algo haya “fallado” en los cálculos de Russo y Cóceres. O bien se confiaron demasiado en que podían cortarse solos (sin compartir el botín ni pagar ningún costo) o bien alguien del “equipo” recalculó y decidió mandarlos al muere, quizás optando por un mal menor de váyase a saber qué mal mayor.

Quienes llevan años investigando a la Federal, a la Bonaerense, a la Gendarmería y al resto de las fuerzas represivas suelen inclinarse, sin dudarlo, por la segunda opción.