ALIANZA EMPRESARIOS-GOBIERNO. Alimex: patrocina el béisbol y equipo de Lara, mientras manda a la cárcel a obreros larenses que exigen sus derechos

Caribes de Anzoátegui se alzó, por cuarta vez en su historia, con el campeonato de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano (LPBV). “La tribu”, uno de los equipos relativamente jóvenes en la liga (comenzó a jugar en la ‘91-‘92), se ha ganado un espacio entre los mejores de la última década, sus cuatro campeonatos han sido en los últimos diez años: temporadas 2010-2011, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021. Esta vez, le ganó la final a uno de los equipos históricos y más queridos de nuestro béisbol, Cardenales de Lara.

Pero en esta nota queremos destacar otra cuestión. La profunda indignación que provoca, el ver la muy oronda y recurrente publicidad en las transmisiones del béisbol, de un grupo empresarial caracterizado, no solo por la dura explotación contra los trabajadores que le generan las riquezas, sino por el ensañamiento al punto de montarles acusaciones judiciales para que los metan presos. Cosa que el gobierno de Maduro y las FF.AA. hicieron diligentemente.

Roger González, Eugenio Montes, Luis Rivas y Miguel Álvares, trabajadores en la parte de producción de Productos Embutidos Alimex, en Barquisimeto (Lara), fueron detenidos el 16 de septiembre de 2019, acusados de “boicot” y “asociación para delinquir” porque, según la empresa, “paralizaron las máquinas”.

Cuando la Organización El Tunal se hizo con la mayoría accionaria de Alimex, sus trabajadores tenían un ingreso que sumaba el equivalente a más de 10 salarios mínimos; parte de las conquistas del contrato colectivo. Sin embargo, de un momento a otro, la empresa pasó a pagarles solo el salario mínimo nacional, ¡un salario mínimo! Los trabajadores solicitaron a las autoridades una inspección laboral en marzo de 2019, por incumplimiento de contrato. La petición obrera no pasó a mayores. En cambio, sí prosperó la petición empresarial de criminalizarlos.

Si ya el derecho a huelga lo tienen altamente restringido los trabajadores venezolanos, no solo por las leyes heredadas de “la Cuarta” sino también por las hechas bajo Chávez, en este caso ni siquiera se trataba de que los trabajadores estuvieran ejerciendo este derecho totalmente legítimo e inalienable: son ellos quienes producen las riquezas y hacen andar las fábricas. En esta ocasión, alegan los familiares y los abogados, que a los trabajadores los detuvieron cuando almorzaban, en su hora correspondiente para tal fin, por lo cual tiene sentido que “hayan parado las máquinas”.

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Sin embargo, más allá de esta precisión, el hecho es que la patronal se la tenía jurada a estos trabajadores porque eran quienes no aceptaron las desmejoras y los chantes de la empresa: con métodos de verdadera mafia, la empresa coaccionó a más de 100 trabajadores para que renunciaran, so pena de hacerlos detener si persistían en exigir y luchar por el cumplimiento de sus derechos establecidos en las leyes y en el contrato colectivo. Esto cuatro obreros están entre los poco que se mantuvieron firme y no renunciaron, al contrario, mantuvieron la exigencia.

El Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, a pedido de la empresa, solicitó medida cautelar contra los trabajadores por “paralizar la producción”, acusados de “boicot” y “asociación para delinquir”.

La cuestión es sencilla y drástica: la empresa decide aumentar la cuota de plusvalía que le extrae a los trabajadores, dejando de cumplir con toda una serie de derechos, bajando brutalmente su salario a casi la nada, estos reclaman que “se cumplan las leyes”, y en componenda con la empresa el gobierno los mete presos.

Los fundamentos legales de esta acción están en leyes heredadas de la época de Chávez y profundizadas por Maduro, leyes que también dejó intactas la oposición de derecha proimperialista en su período de control del parlamento (2015-2020), pues entre las tantas iniciativas legislativas que tuvo en cinco años, y entre tanta palabrería sobre “libertad” y “democracia”, jamás se propuso, ni siquiera lo intentó, modificar esas leyes antiobreras. Por supuesto, son restricciones contra la clase trabajadora que también le servirían en un eventual gobierno suyo.

Veamos algunas que afectan específicamente a los trabajadores de la alimentación y que les están aplicando a los trabajadores de El Tunal / Alimex.

El artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, sancionada en 2002 y ratificada por Maduro en 2014, el capítulo donde define las “zonas de seguridad” y el régimen de estas, criminaliza el derecho a huelga y a movilización en cuanto acciones que puedan “perturbar o afectar la organización y funcionamiento de (…) los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país”, afectando a una vastedad de sectores de la clase obrera, pues pueden entrar allí nada más y nada menos que los trabajadores petroleros, eléctricos, siderúrgicos, del hierro, aluminio, gas, las hidrológicas, el transporte público, profesores, maestras/os, enfermaras/os, médicos, empleados públicos… y los de la alimentación. De 5 a 10 años de prisión es la pena.

El artículo 24 de la Ley especial para la defensa popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, sancionada por Chávez en 2007, vía Ley Habilitante, afecta directamente a los/as trabajadores/as de la alimentación, de los supermercados, de las cadenas de distribución, del transporte, etcétera. Define como boicot las “acciones que impidan, de manera directa o indirecta, la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos”, y establece penas de cárcel de 2 a 6 años (y pago de Unidades Tributarias). Las huelgas obreras y movilizaciones de lucha entran en esta definición, que es ratificada por Maduro, también vía Habilitante, en la Ley Orgánica de Precios Justos, en su artículo 53, con la sola novedad de que las penas aumentan a entre 12 a 15 años de prisión.

A su vez, la “ley anterrorista”, reformada como Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por la Asamblea Nacional con mayoría chavista en 2012, estableció una definición tan genérica de “delincuencia organizada”, de “asociación para delinquir” y de “terrorismo”, que les permite juzgar en algunas de esas categorías las luchas obreras y populares. Cuestión que denunciamos en su momento apenas fue aprobada, tal como lo hicimos también con las demás leyes de la época que criminalizaban las luchas obreras y populares.

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Por allí parte de los fundamentos legales de la acción empresarial y gubernamental. Los fundamentos políticos están en la convicción del gobierno de Maduro de que, a la catastrófica crisis del enfermo capitalismo venezolano, había que responderle sacrificando hasta la tragedia los derechos y salarios de la clase obrera. Por eso en 2018 lanzó un mega ajuste tan agresivo para los trabajadores y el pueblo, que incluyó la eliminación por decreto de los contratos colectivos. Una brutal contrarreforma laboral, peor que el neoliberalismo, porque no solo llevó a cabo una “flexibilización laboral” para eliminar algunos derechos laborales, sino que retrotrajo las relaciones obrero-patronales a la época de Gómez, donde ni leyes laborales había.

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El Memorando 2792 abrió la puerta para que se suspendieran, o directamente eliminaran, todos aquellos derechos obreros que el empresario o las “mesas técnicas” en el Ministerio del Trabajo considerasen “onerosos” para la empresa y que afectaban “la fuente de trabajo”, entiéndase los intereses de ganancia y rentabilidad empresarial. También quedó prácticamente anulado el derecho a huelga, puesto que el ejercicio legal de éste, además de tener las fuertes restricciones que señalamos antes, está también supeditado a diligencias y pasos previos ante las inspectorías del trabajo por violaciones a los derechos contractuales, diligencias que no tienen manera de hacerse, por cuanto las inspectorías fueron despojadas de esas atribuciones –todo queda en manos de las todopoderosas “mesas técnicas” del ministerio– y cuando el propio Memorando establece que es “legal” incumplir los contratos colectivos.

Este brutal retroceso en la legislación laboral vino a legalizar lo que en la práctica ya venían haciendo muchos patronos, y a darle vía libre a todos los demás para hacerlo, una suerte de “¡hagan lo que les dé la gana con los derechos de los trabajadores!”, en todos los sectores laborales del país, tanto privado como público. El Tunal y Alimex, por supuesto, no serían de los capitalistas que se quedarían sin aprovechar semejantes leyes y políticas para abaratar hasta lo casi irracional el precio de la fuerza de trabajo, y de criminalizar a los obreros que se resistan.

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De esta manera, hasta hace unos días, mientras miles en sus casas veían el logo de Alimex en el uniforme de los jugadores de Cardenales de Lara, escuchaban al narrador promocionar cada tanto a El Tunal, o veían entre cada inning a la presentadora que sonriente ofrece los productos de Alimex, varias decenas de sus obreros fueron coaccionados a renunciar y quedarse sin empleo, otros tantos a aceptar la supresión de sus derechos conquistados, y cuatro de ellos, parte de su vanguardia de lucha, permanecen encerrados por luchar (en régimen de casa por cárcel).

La publicidad, por supuesto siempre esconde cosas, oculta historias e intereses inconfesables. En esta ocasión, a la fiesta de “nuestra pasión nacional”, concurre la perfidia de una empresa de esta calaña. Probablemente, la mayoría de quienes sanamente disfrutaban en sus televisores de la final del béisbol, no sabían que tras los logos, las alegres y sonrientes promociones de esos productos, se haya tal historia de ignominia contra la clase obrera de ese grupo empresarial.

Alimex aparece así patrocinando al equipo de Lara, al mismo tiempo que manda presos a los obreros larenses que luchan por sus derechos. Las páginas oficiales de la empresa indican que le va bastante bien y viene ampliando sus productos de embutidos. Claro, ¡así la vida es un jamón!

Este modelo de mano de obra a precios irrisorios y criminalización de quienes piden que se cumplan sus derechos laborales, es la fórmula que se han ingeniado el gobierno y los empresarios contra la gran mayoría de la clase obrera del país. Mientras tanto, la pelota sigue rondando… la de las ganancias empresariales sobre la explotación y la más cruda opresión de nuestra clase.

¡Hecho en capitalismo, bajo la decadencia y descomposición del chavismo!