La mañana del viernes 28 de febrero, el ministerio público realizó un histórico allanamiento en Casa Presidencial.
Domingo 1ro de marzo de 2020
El presidente Carlos Alvarado y varios funcionarios de gobierno son investigados por violación de datos personales, prevaricato y abuso de autoridad en el llamado caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Se trata de una investigación que lleva a cabo el ministerio público y una comisión de la Asamblea Legislativa, a raíz del decreto de creación de la UPAD que es una base de datos confidenciales de la población para uso discrecional del presidente. El gobierno, en los hechos ya la había puesto en funcionamiento para reprimir trabajadores durante la huelga del 2018, hacer proyecciones electorales para el PAC y examinar la posibilidad de impulsar un plan de “desarrollo económico” que llegó a incluir conocimiento pleno de la planilla, actividades productivas y el capital que generan las empresas privadas del país.
Funcionarios del gobierno redactaron un decreto para crear la UPAD en octubre de 2019 y fue publicado el 17 de febrero, lo que podría implicar que toda su actividad previa no cuenta con una base legal.
El decreto generó críticas en medios de comunicación, desde las bancadas de oposición (los religiosos y los partidos tradicionales de la derecha) en la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y las redes sociales; razón por la cuál Alvarado se vió obligado a derogar el decreto. Lo cual no impidió denuncias ante la Fiscalía y la comisión de investigación legislativa, así como diez allanamientos incluyendo la Casa Presidencial.
Tanto el presidente Alvarado como el directorio político de Liberación Nacional, el principal partido de oposición, han declarado que tienen confianza en el proceso del que dispone la institucionalidad del Estado.
El problema político que enfrenta el gobierno es grave, la Defensoría de los Habitantes anunció el viernes 28 por la tarde que el presidente podría ser destituido en caso de ser encontrado responsable de los delitos por los que se le investiga.
En un ambiente de polarización política, el escándalo de la UPAD viene a profundizar la brecha entre representados y representantes, en el marco del un gobierno que cuenta con niveles de aprobación muy bajos, enfrentó la huelga más grande del país en décadas y que ahora se enfrenta a las cúpulas empresariales políticas, tanto en el parlamento como en el Poder Judicial. Está por verse cómo escalará el conflicto, pues en caso de ser imputados, los funcionarios y el presidente se abriría una crisis muy profunda en la política del país.
