El ex diputado UDI es asesor de la asociación gremial investigada por lavado de dinero, crimen organizado, defraudación tributaria y juego ilegal
Ricardo Trabajador portuario eventual despedido
Miércoles 29 de agosto de 2018
Dos importantes hechos legales se produjeron la semana pasada respecto de los famosos “tragamonedas”.
El primero ocurrió el lunes 20 en el Senado, y tiene que ver con la aprobación de la idea de legislar sobre un proyecto de ley que regula el uso de máquinas de entretención, en específico, cuando éstas se encuentran afuera de un casino. La iniciativa fue celebrada por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos y de Premio Programado (Fiden) y por su presidente, Sebastián Salazar.
El segundo hecho ocurrió el miércoles 22, cuando la Fiscalía Oriente amplió las investigaciones sobre la querella presentada el 2014 por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, denunciando delitos vinculados a lavado de dinero, crimen organizado e indicios de defraudación tributaria y juego ilegal, realizando allanamientos en dependencias de la Fiden y su presidente, al exsuperintendente de Casinos Francisco Leiva, al excandidato a diputado ligado a la DC Nelson Hadad y su hijo, Alberto Hadad (integrante del directorio de Fiden), y al exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, confiscando la PDI, desde oficinas y moradas, computadores, documentos contables y alrededor de 300 máquinas tragamonedas, no descartando incluir otros políticos.
Según deslizó el medio La Tercera, los conocedores de la causa hacen ver que las investigaciones apuntan a algunos empresarios imputados con el posible uso de mecanismos destinados a evadir la fiscalización de la superintendencia, arista que se habría abierto el 2017.
Zalaquett, el caso Penta, y su llamado a las FFAA el 2011
Recordemos que el ex diputado era alcalde de la comuna de Santiago Centro el año 2011, de las movilizaciones estudiantiles, las cuales no dudó en prohibir, reprimir, desalojar, calificando a los estudiantes de delincuentes, haciéndolos repetir, llegando a plantear a mediados de Agosto de ese año que “Si esto no para antes del 11 [de septiembre], y tiendo a creer que no va a parar, va a ser muy duro. Quien tiene que medir esto es el Ministerio del Interior y los organismos especializados (…) Si ven que este cuento está a un nivel de alto riesgo, muy sencillo, tendrán que ver si con las fuerzas policiales alcanza. Si no, tendrán que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas”, aunque reconociendo que la idea no le gustaba. “Pero menos me gusta que tengamos que lamentar muertos o heridos (…) Aquí, cero ideología. Pinochet es el pasado, hay que mirar para adelante y para eso hay que asegurar a la gente su vida tranquila”, concluyó en ese momento el ahijado político de Joaquín Lavín, lo cual le valió duras críticas y la exigencia de renuncia por parte de la entonces coordinadora secundaria ACES.
Por su parte, en el marco del Caso Penta, fue formalizado el 2015 por emisión de boletas ideológicamente falsas, junto con otros gremialistas como Jovino Novoa, Alberto Cardemil, Iván Moreira y Felipe de Mussy, quedando en ese entonces con arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional debido a la gravedad de los delitos, ya que involucraba una gran cantidad de empresas.
