Días atrás las oficinas que tiene el grupo Techint en la planta metalúrgica de Campana y en la sede de CABA, fueron allanadas por la justicia en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada de obreros de la metalúrgica y también de la zona nombrada entonces como "Área 400", que incluía también a Zárate.
Sábado 24 de octubre de 2015
Los allanamientos realizados en los últimos días retuvieron documentación que podría, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, ayudar a establecer el grado de colaboración entre directivos de Tenaris - Siderca y los militares, entre los años 1974 y 1983. Una colaboración que dejó el saldo de al menos 230 desapariciones forzadas. La mayoría obreros de Siderca, afirma el abogado Pablo Llonto, representante de una de las querellas.
Según señaló el portal Infojus Noticias, uno de los fiscales federales intervinientes, Miguel García Ordaz, dijo que "con la entrada en vigencia del nuevo código civil y comercial, en agosto, las empresas solo tienen obligación de conservar la documentación contable y laboral de los últimos diez años. Es decir que la empresa podría destruir toda la información referida a la dictadura, por eso actuamos con mucha premura (...) por eso el pedido a la Procuraduría". Del allanamiento participaron además la OFINEC (Oficina de Investigación económica y análisis financiero) y dos fiscalías, de Campana y San Martín. En las próximas semanas estará listo el resultado del análisis sobre archivos del personal y actas contables que, aparentemente, accedió a entregar la empresa a la justicia.
Lo más llamativo quizá sea el tiempo que tuvo la empresa desde aquel momento hasta la actualidad, y 12 años de gobierno Kirchnerista, antes de que ningún poder político le exigiera alguna explicación por el Centro de Detenciones Clandestino en el ex Tiro Federal, que funcionó durante esos años, lindante al predio de la metalúrgica. Tampoco se le pidieron previamente explicaciones por la conocida "Noche de los tubos", en la que luego de una asamblea en el interior de la planta custodiada por militares, en el lapsus de dos horas fueron secuestrados los cuatro principales referentes.
Nunca es tarde, pero después de cuarenta años y con el nuevo código civil, las garantías que dieron hasta ahora el poder político y judicial, parecen al menos poco -poquísimo- seguras.
Mención aparte la facilidad con que hoy en día el empresario de los tubos sin costura, Rocca, puede seguir imponiendo a gusto y piacere sus planes económicos de ajuste contra los trabajadores sin que sindicato y ministerio de trabajo digan mucho.
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Entrada a los galpones de Siderca en el ex Tiro Federal dónde funcionó el CCD
