De los 165 millones de euros asignados a la Comunidad de Madrid, el alcalde del PP ha decidido aceptar solo 24, con los cuales poder reformar 120.000 viviendas, frente a las 1.200.000 que lo requieren.
Martes 15 de febrero de 2022
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es una figura que aparece recurrentemente cuando se habla del “reparto desigual” de fondos a las Comunidades Autónomas. Durante todo el curso de la pandemia y a posteriori, Almeida denunció en múltiples ocasiones el “boicot político” de la administración del Gobierno central por dotar de mayores recursos a las CCAA en manos de “separatistas” e “independentistas”, en referencia a Catalunya y Euskadi.
Por eso es sorprendente leer que rechace una importante cantidad de fondos dotados por la UE en materia de vivienda para la recuperación económica. Sobre todo, teniendo en cuenta las enormes necesidades sociales que precisan de dichas actuaciones. Además, Almeida asignará estos fondos a reformas en 4 barrios concretos, lo cual excluye a la mayor parte del conglomerado urbano de la capital.
¿Pero cuál es la causa de esta “humilde” petición de fondos públicos?
La política del PP en Madrid se resume con dos palabras: especulación inmobiliaria. El pack terreno público más subcontratas y sobrecostes que hinchen el pelotazo urbanístico ya es tradición en la administración inmobiliaria de la capital. Madrid Nuevo Norte -que, recordemos, pudo avanzar con los buenos oficios del consistorio a cargo de Manuela Carmena- o los barrios “fantasma” llenos de calles vacías e instalaciones inutilizadas a las afueras de la urbe, son prueba de ello. Una política basada en estos pilares no es compatible con la mejora y adaptación de viviendas en condiciones precarias, las cuales se concentran en su mayoría en los barrios obreros de Madrid, donde edificaciones anteriores a la década de los 90 carecen de mejoras básicas como aislamiento apropiado o acceso a personas con movilidad reducida.
Estos “pelotazos” se han acentuado en la pandemia hasta niveles que rompen cualquier frontera moral, jugando directamente con la salud pública. Mientras que hospitales concesionados que desde los recortes y privatizaciones de Esperanza Aguirre mantenían plantas enteras cerradas con cientos de camas disponibles, Ayuso reducía las plantillas de sanitarios en los principales hospitales y se disponía a plantar un hospital de campaña en un centro de exposiciones y a construir una faraónica y megalómana obra que costó la friolera de 170 millones de euros
Esta postura tan solo se añade al largo historial de políticas clasistas en la gestión y conformación de la estructura urbana de Madrid. Mientras no se reforman un millón de viviendas, los alquileres siguen en ascensión sin límites, ni a los precios ni a la conversión de barrios enteros al alquiler turístico, como es el caso del ya gentrificado centro urbano. Unido a esto, se producen de media más de dos desahucios al día en Madrid, pese a las políticas que el Gobierno PSOE-UP aplicó hace un año a nivel estatal, que lejos del relato “progresista” de que terminarían con los desahucios, han permitido que continuasen como cuando gobernaba la derecha.
Estas carencias son tan solo la punta del iceberg de una larga lista de medidas -en colaboración y en concordancia con el Gobierno central- contra la clase trabajadora, que se da con los confinamientos de clase, los registros y la presencia policial continua en los barrios obreros -que recientemente se ha transformado en una verdadera militarización racista-, la arquitectura hostil (contra las personas sin techo), el bloqueo de recursos básicos al que están sometidos los habitantes de la Cañada Real... Todo esto unido a la ya segmentada estructura, donde la esperanza de vida entre un barrio como Salamanca y otro como Puente de Vallecas puede llegar a distanciarse más de una década de cada uno.
Todas estas políticas van convirtiendo Madrid con cada nuevo paso en un escenario de lucha constante para las clases oprimidas, que se ven abogadas a trabajar en condiciones precarias para destinar una enorme cantidad de sus recursos mensuales en pagar un alquiler, el cual para colmo carece de condiciones estructurales con unos mínimos de habitabilidad. Todo ello cercano a los municipios con mayor renta per cápita del país y rodeados de consumismo camuflado de opciones de ocio.
Para transformar Madrid no basta con poner cuatro parques, aprobar políticas blanqueadoras o pelear por quién bate el huevo con cada legislatura: pasa por una radical transformación del sistema capitalista, donde la clase trabajadora pelee por unas condiciones óptimas de vivienda; por la expropiación de las propiedades destinadas a la especulación y el enriquecimiento de unos pocos; y por el fin de la gestión de una clase política dada a la corrupción y a los privilegios de la clase a la que representan.
