De la oferta de casi 40.000 plazas de empleo público anunciadas por el Gobierno, tan solo 8.625 de serán empleos netos (menos del 22%), el resto son plazas de promoción interna o de reposición. Pero, además, la gran mayoría del total de las plazas (29.818) están destinadas a la alta burocracia del Estado, mientras que más del 80% de las 9.756 plazas restantes, están destinadas a fortalecer la Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y la Justicia.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 11 de julio de 2023
La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE/ Fernando Villar
Este martes el Gobierno ha aprobado la nueva oferta de empleo público para este 2023, 39.574 nuevas plazas que deberán publicarse antes del 31 de diciembre, según la normativa. Anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como “la mayor oferta de la historia” y una medida “en la línea del fortalecimiento del Estado de bienestar y el objetivo es prestar unos servicios públicos de calidad”. Esta oferta “histórica” de empleo público, sin embargo, no está destinada a las necesidades sociales, sino a la burocracia del aparato del Estado y a cuerpos represivos.
De las plazas anunciadas tan solo 8.625 de serán empleos netos (menos del 22%), ya que el resto son plazas de promoción interna o de reposición de efectivos. Concretamente 27.246 de las plazas son de turno libre y 12.328 de promoción interna. Y de las plazas de turno libre, 18.621 plazas van destinadas a la reposición de efectivos.
Además, la gran mayoría de las plazas (29.818) están destinadas a la Administración General del Estado (AGE), el 75% del total. Es decir, plazas destinadas a la alta burocracia del Estado: ministerios o secretarías de Estado, delegaciones o subdelegaciones de Gobierno, embajadas, etc.
De las 9.756 plazas restantes, más del 80% son plazas destinadas a cuerpos represivos del Estado. En concreto, para el Cuerpo Nacional de Policía 2.833, para la Guardia Civil 2.875; para las Fuerzas Armadas 2.141 y para la Administración de Justicia 1.907.
No son plazas ni para personal sanitario, docente o de otros servicios públicos básicos y esenciales, afectados por la precariedad, la falta de personal y las externalizaciones. Lejos de los titulares de la ministra Montero, esta oferta de empleo público sólo va a reforzar a la alta burocracia del Estado y a los cuerpos represivos.
