Hoy más 295 mil jóvenes conocerán el resultado de su puntaje PSU. Esto y el costo del arancel de la carrera serán determinantes en las posibilidades para hacer las postulaciones.
Martes 26 de diciembre de 2017

Actualmente, el 50% de los estudiantes de liceos públicos no entran a la universidad pública, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Chile es el cuarto país del grupo con menor porcentaje de alumnos matriculados en universidades públicas, liderando las bajas cifras de matriculados. Y el 70% no alcanza los 500 puntos requeridos por el MINEDUC para tener beca, quedando fuera cerca de 1000 estudiantes de la educación superior publica, aún teniendo buenos puntajes en el NEM.
Además, 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años no logran llegar a la educación superior. Y 7 de cada 10 jóvenes de las familias pertenecientes al 20% de menores ingresos del país no asisten a esta.
Como podemos ver, estamos muy lejos de hablar de igualdad en la educación o de equidad, esos conceptos que les gusta usar a los políticos de los partidos tradicionales tanto de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos para captar más votos mientras siguen defendiendo los intereses de los empresarios de la educación y los banqueros.
Al contrario, las cifras nos muestran la cruda desigualdad de la educación en nuestro país.
La PSU por sobre todo es una prueba de medición discriminatoria en términos de clase, siendo los estudiantes más pobres los que se ven impedidos de ingresar a la Universidad.
Es más, en un informe que realizó la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que se llama “Education at a glance 2017”, Chile es el segundo país de esta organización con los aranceles más altos en carreras de pregrado en las universidades públicas.
Hay carreras que subirán por lo menos 300 mil pesos más el costo de sus aranceles, llegando a costar 7 millones de pesos o más las carreras más caras de estudiar, sin contar el alza que se produce al pagar en cuotas.
El promedio de los aranceles en Chile es de 7.654 dólares anuales, un poco más de $4,5 millones de pesos.
Pareciera que estuviéramos hablando de cualquier mercancía, que incluso figura en los elementos para considerar el IPC (Índice de Precios al Consumidor), en el cual la Universidad Católica se apoya para incrementar el arancel de sus carreras.
Esto es parte de la educación de mercado, una herencia de la dictadura que los jóvenes salieron a cuestionar fuertemente el 2011 con las masivas movilizaciones e instalaron la demanda de educación gratuita en la agenda política.
El recientemente electo presidente del país, Sebastián Piñera, es quien junto a su conglomerado de derechista más defienden la educación como un “bien de consumo” tal como dijo años atrás, apelando al esfuerzo y mérito dentro de una sociedad capitalista completamente desigual, donde el mérito de un joven de escasos recursos, no se puede medir con la misma vara que un joven que tiene una buena situación socioeconómica.
El gobierno de la Nueva Mayoría, por su parte, aumentó los subsidios del Estado a la educación superior, a través de la beca de la gratuidad, pero no soluciona el problema de fondo y sigue subsidiando a los privados, manteniendo el mercado de la educación.
Es necesario, acabar con el filtro de clase, que solo perjudica a la población trabajadora y pobre, la PSU no debe ser un limitante al acceso a la universidad pública, por eso es necesario un acceso irrestricto a la educación superior pública.
Debemos seguir levantando la bandera por una educación gratuita, laica, no sexista y de calidad en las universidades públicas. Para eso es necesario acabar con la educación de mercado y conquistar una educación pública, gratuita y de calidad cuyo financiamiento sea asegurado por el estado a través del impuesto a las grandes fortunas y a la renacionalización del cobre bajo control de los trabajadores.

Nancy Lanzarini
Profesora de Lenguaje y Comunicación.