La justicia fijó el desalojo de un predio recuperado por casi 100 familias sin techo. El ejecutivo se niega a resolver el problema de la vivienda y vecinos denuncian brutalidad policial en anterior desalojo. Una réplica de la política represiva del FdT en Guernica, en el Río Negro gobernado por JSRN.
Viernes 6 de noviembre de 2020 19:20
En la mañana del viernes, los vecinos del predio recuperado del Barrio Luján, se movilizaron al Consejo Deliberante de El Bolsón para exigir una respuesta a su reclamo de tierra para vivir. Con más de 150 personas le arrancaron una reunión al municipio, para el próximo lunes.
La posibilidad de avanzar en la expropiación del predio para un loteo social, algo que fue presentado en el Consejo por la concejala Rosa Monsalve del FdT, fue negada por el oficialismo local. El mismo día del desalojo en Guernica, Bruno Pogliano afirmó que no habría negociación con quienes usurpen, al tiempo que anunció el respaldo al proyecto del senador provincial Alberto Weretilnek, para quitar derechos como la AUH a quienes ocupen tierras para vivir.
Amparándose en la supuesta independencia de poderes, judicializa el reclamo para desligarse de la responsabilidad política por los desalojos. El predio en cuestión, ubicado en el barrio Luján, se trata de un terreno cedido por el municipio a un particular, hace más de 40 años, para un proyecto productivo que nunca fue llevado a cabo. Al fallecer el titular en 2001, sus sobrinos y herederos, cedieron a la conyugue del fallecido la titularidad del predio. La señora Barría procedió, entonces, a la venta de algunos lotes que aún no se han podido escriturar y pretendía avanzar en la venta del resto del lote.
La recuperación del predio abandonado, surgió como una respuesta directa frente al acuciante hacinamiento de las familias trabajadoras del barrio. Las promesas de entrega de tierras a través de un registro municipal, acumulan ya más de tres mil inscriptos. Hace 20 años que la provincia no construye viviendas ni entrega tierras para resolver el creciente problema habitacional. El recientemente anunciado plan Suelo Urbano, excluye del mismo a quienes tengan una condena o causa abierta por usurpación. Así lo anuncia la propaganda de Desarrollo Social de la provincia.
El intendente Pogliano afirma que "en El Bolsón venimos con una o dos ocupaciones por fin de semana", como si se tratase de un conteo de delitos a la propiedad y no de un problema social acuciante, ya que el derecho a la vivienda y el acceso a la tierra para vivir está negado para las mayorías populares. De esta manera, el Estado decide favorecer los negocios sobre la tierra, criminalizando a las familias más pobres, a quienes sólo ofrece promesas y ninguna repuesta concreta.
En las puertas del Consejo Deliberante, un vecino manifestó: “No saben la necesidad de la gente”. Y a viva voz denunció que, en un anterior intento de recuperación de tierras para vivir sobre un predio municipal, su compañera perdió un embarazo de tres meses, producto del forcejeo con las fuerzas policiales. A su vez responsabilizó al intendente por haber dado la orden para aquel desalojo.
La Justicia, a pedido del fiscal Francisco Arrien, puso fecha límite hasta el 18 de noviembre, para efectuar un desalojo con la fuerza pública en el barrio Luján. Elías, un vecino del predio recuperado, informó que la policía había ingresado por la noche para constatar la presencia de niños. Una tarea de inteligencia previa al desalojo por la fuerza.
Más que el peso político de la posesora particular del predio, lo que se puso en movimiento es la solidaridad de clase del propietariado local.
Ante la posibilidad de una salida favorable a las familias que luchan por tierra para vivir; los propietarios locales cerraron filas, apelando al poder político y judicial, en nombre de la inviolabilidad de la propiedad privada. Esa propiedad existe para unos pocos, a condición de estar negada para millones.
Frente a esta ofensiva de los propietarios, sobre el derecho a la vivienda de las mayorías populares, se hace necesaria la solidaridad de clase con quienes pelean por tierra para vivir. Uniendo la fuerza de las familias que están recuperando predios y junto a otros sectores en lucha.
Por ejemplo, con los municipales, que se enfrentan a una paritaria de hambre del 7% y $2500 en negro. Y los trabajadores de la salud, que pelean contra la degradación de sus condiciones laborales, con enormes cifras en negro y un mísero aumento del 15%.
La exigencia a la conducción de ATE es importante para poner en marcha la solidaridad con las familias que reclaman un pedazo de tierra para vivir. O ¿acaso las familias obreras de los predios recuperados no pasan las mismas necesidades? ¿Acaso los niños y niñas no van a la escuela? ¿No debiera UNTER estar acompañando el reclamo de la familias como parte de la realidad de la comunidad educativa?
Que la lucha por la vivienda sea la bandera que unifique a todos los agraviados por esta crisis.
