El Estado es responsable. Amenazas y aprietes a familiares y amigos de los pibes masacrados en San Miguel del Monte

Este viernes familiares y amigos de las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte, junto a organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales marcharán en La Plata. El recorrido culminará frente a la Gobernación, en la Plaza San Martín de la capital bonaerense.

El reclamo es claro: verdad y justicia por Camila, Danilo, Gonzalo y Aníbal al tiempo que se dará aliento a la familia de Rocío (quien pelea por su vida en el hospital El Cruce de Florencio Varela). Y los destinatarios de la exigencia son los funcionarios provinciales, jefes políticos de la Policía Bonaerense.

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En estos días tanto María Eugenia Vidal como su ministro de “Seguridad” Cristian Ritondo vienen haciendo mil y un malabares para conjurar la crisis abierta al conocerse los pormenores de la masacre en la Ruta 3 durante la madrugada del lunes 20. Incluso buscaron “acercarse” a las familias para mostrarse totalmente ajenos tanto a la banda criminal como a sus encubridores del Municipio de Monte.

En ese marco debería entenderse la remoción de algunos elementos de la cúpula policial bonaerense, en plena campaña electoral donde Vidal es una de las figuras más relevantes de Cambiemos. Pese a esos cambios cosméticos, quien sigue firme hasta el momento en su puesto es el jefe de la Policía, Rubén Perroni, un especialista en encubrimiento de casos de gatillo fácil, torturas y muertes en comisarías y cárceles.

Sin embargo, hay hechos que demuestran el verdadero desinterés oficial por las víctimas y sus familias. Una serie de amenazas y aprietes que se vienen produciendo desde el mismo lunes 20 no dejan lugar a dudas del “dejar hacer” de parte de las autoridades a quienes defienden a la decena de policías directamente involucrados en el crimen.

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El martes 21 a la noche, Juan Carlos Sansone, el padre de Danilo, recibió una fugaz “visita” en la puerta de su casa. Un auto negro con vidrios polarizados se paró frente a él cuando salía de su domicilio y desde la ventanilla alguien le gritó “no sigas pidiendo justicia porque te va a ir mal”.

Poco después el hermano mayor de Danilo, de 17 años, recibió mensajes intimidatorios en su teléfono.

Durante los días finales de la semana pasada, cuando los vecinos de Monte comenzaron a movilizarse por las calles del pueblo acompañando a las familias, no fueron pocas las personas que divisaron otros autos circulando de manera intimidante por las calles aledañas, “siguiendo” a grupos de jóvenes que participaban de las marchas y concentraciones en la plaza del pueblo.

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Las redes sociales también fueron espacio para los mensajes dirigidos a quienes luchan por verdad y justicia por las pibas y los pibes.

Por un lado, personajes conocidos del pueblo relacionados a la intendenta massista Sandra Mayol desataron una campaña de reivindicación de la jefa comunal y sus funcionarios (entre ellos el hoy detenido secretario de Seguridad municipal Rubén Martínez). Por otro lado, lanzaron la consigna “Justicia sin política”, buscando desprestigiar a los organismos de derechos humanos que se acercaron a Monte desde La Plata y Buenos Aires para ayudar en la lucha.

En el hospital El Cruce de Florencia Varela, desde el mismo momento en que fue internada Rocío, el personal del nosocomio notó la presencia de personajes extraños, que no solo no eran pacientes ni familiares de personas internadas, sino que ostentaban un porte cuasi patoteril. Esas presencias, que rondan todo el tiempo los pasillos y las veredas del hospital, bien pueden relacionarse con una “visita” amenazante, ocurrida el lunes 27.

Los familiares de Rocío denunciaron que esa noche dos uniformados de la Bonaerense se presentaron en el hospital y pidieron con total impunidad “ver a la adolescente”, a lo que los miembros de la familia que estaban presentes se negaron rotundamente.

Los efectivos no se identificaron y solo dijeron que querían conocer el estado de salud de la chica de 13 años. En un principio se dijo que podrían ser policías llegados directamente desde Monte. Aunque luego la familia pudo corroborar que no era sí, la gravedad de hecho no mengua.

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Este diario, en contacto con familiares de las víctimas de la masacre, pudo confirmar que las presencias sospechosas e intimidantes, tanto en Monte como en otras localidades donde viven miembros de esas familias, son constantes y a veces se producen a plena luz del día. Por obvias razones de seguridad, no se difunden por el momento datos filiatorios ni nombres de quienes están recibiendo esos amedrentamientos.

Luego de masacres como la de Monte, de las cuales la Policía Bonaerense tiene un largo historial desde hace décadas, la sucesión de amenazas y aprietes a sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos están a la orden del día. Los casos de Julio López en 2006, de Luciano Arruga en 2009, de los pibes acribillados en José León Suárez en 2011, de las siete muertes en la comisaría Primera de Pergamino en 2017 y de la Tercera de Esteban Echeverría en 2018 (por tomar algunos ejemplos emblemáticos) así lo demuestran.

Ningún gobierno provincial, ni los disfrazados de progresistas ni los desembozadamente reaccionarios, se ha encargado jamás de esclarecer y mucho menos de frenar esas maniobras que buscan meter miedo en las víctimas y quienes se solidarizan con ellas. Por el contrario, el modus operandi sigue vigente y siempre se renueva.

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Solo la decidida lucha de quienes quieren verdad y justicia y se organizan de forma independiente es la que logra vencer ese miedo y poner en evidencia los verdaderos intereses del Estado capitalista y sus perros guardianes.

Vidal, Ritondo y todos sus sirvientes son responsables de la integridad física y mental de quienes hoy luchan por el castigo a los culpables mientras afrontan el duelo de haber perdido a sus jóvenes seres queridos de forma tan brutal.