Panorama Económico. América Latina: una región de arenas movedizas para Alberto Fernández

La tempestuosa situación política de América del Sur está modificando las coordenadas bajos las cuáles asumirá el gobierno de Alberto Fernández.

La evocación al “glorioso” pasado de los primeros años del kirchnerismo estaba floja de papeles, incluso previo a los recientes acontecimientos en Chile y Bolivia. Las condiciones económicas internacionales (y las nacionales también) están bien lejos de las que le dieron la bienvenida a Néstor Kirchner en 2003.

Las rebeliones de principio de siglo (Ecuador en 2000, Argentina en 2001, la guerra del agua y del gas en Bolivia) en rechazo a los gobiernos educados en el Consenso de Washington obligaron a los gobiernos posneoliberales a realizar concesiones para preservar el poder del capital y sacar las movilizaciones de las calles.

El "boom" de los precios de las materias primas ampliaron los márgenes para una dificultosa conciliación de intereses antagónicos. Ese fue el combustible extraordinario que permitió, desde principios del siglo hasta hace un lustro atrás (2014), el crecimiento económico en casi toda la región, los superávits fiscales y de balanza comercial, la acumulación de reservas, el desendeudamiento y la disminución de la pobreza.

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Estos resultados económicos y sociales fueron logrados tanto por gobiernos con impronta neoliberal (como en Chile o Colombia) como por los denominados populistas o progresistas (como en Bolivia, Argentina o Brasil).

El “modelo” extractivista, que afecta el medio ambiente, fue sostenido por gestiones de distinto tinte político: “consenso de los commodities” lo denomina la socióloga Maristella Svampa. Claro que, a la vez, existieron notorias diferencias.

En algunos casos, como en Bolivia, las condiciones políticas obligaron -y las condiciones económicas lo permitieron- a tomar medidas de redistribución, aunque limitada, de la riqueza. Se afectaron intereses empresarios, se negociaron los márgenes de sumisión con el imperialismo, en simultáneo que se desarrolló una vigorosa acumulación de ganancias. Esa aparente contradicción fue salvada por el lubricante de la renta gasífera.

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Bolivia continuó con el envión del crecimiento hasta hoy, pero había comenzado a engendrar varios desequilibrios económicos (por ejemplo, el alto déficit fiscal) que desde la lógica del capital requerían un cambio de política en un sentido preciso: contra las mayorías obreras, campesinas e indígenas.

No sólo eso: el “modelo” extractivista que requiere de explotar cada vez más recursos naturales llevó al choque del MAS con parte de su base social para abrir paso al gran capital extranjero.

La situación fue aprovechada por la derecha que dio el golpe para que el país sea atendido, como es “natural”, por sus propios dueños. Mientras que para el reformismo la conciliación de clases es una estrategia, para la derecha empresaria es un momento contigente para luego volver a la ofensiva.

El caso de Chile ofrece la imagen inversa: allí el crecimiento económico, que en realidad se sostiene desde la década del noventa, expandió el poder del gran capital y profundizó las desigualdades de clases. La rebelión popular lo atestigua: “no son 30 pesos, son treinta años”, se transformó en el lema más conocido.

Las principales empresas periodísticas de Argentina pretendieron encontrar en flagrancia a la izquierda en la deliberación en el Congreso Nacional que rechazó el golpe en Bolivia: ¿no es contradictorio repudiar un golpe y exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera?

La realidad es compleja, pero hay ciertos criterios (de clase) sencillos de seguir: ¿de que lado de la mecha están el poder económico, las fuerzas represivas, el ejército, las potencias imperialistas? En realidad, quienes quedaron infraganti son los propios medios de comunicación: siempre al lado de los dueños de todo.

Cambio de signo

Al menos desde 2014 (en Brasil desde 2013 se había puesto de manifiesto el malestar social) se observa un cambio de signo en las condiciones económicas para Latinoamérica: el ya no más de la etapa relativamente armoniosa donde el régimen capitalista, a nivel regional, metabolizaba las contradicciones sociales bajo el amparo de fabulosas rentas agrarias, mineras o hidrocarburíferas.

La derecha intentó tomar la iniciativa hacia un nuevo esquema de acumulación. ¿Hacia cuál? Todavía no es claro. Pero en todos los casos el contenido del giro comprende reformas estructurales antiobreras en el ámbito previsional, laboral y tributario; apertura al capital extranjero; libre comercio.

Es lo que buscó Mauricio Macri con el ajuste gradual –en homenaje a la relación de fuerzas sociales que encontró-, devenido en brutal -con la colaboración explícita o implícita de la CGT y el peronismo- desde la llegada del FMI. El rechazo electoral dejó trunco el proyecto.

Luego del golpe institucional contra Dilma Rousseff (quien inició su segundo mandato con ajuste), en Brasil se impulsaron políticas en la misma sintonía que en Argentina, primero con Michel Temer (el exvicepresidente emergido de la fórmula con Dilma, quien propició el golpe a "su" presidenta) y después con Jair Bolsonaro. El transformista Lenin Moreno, surgido de las entrañas de Rafael Correa, se orientó en el mismo rumbo en Ecuador. En todos los casos, la derecha, antes de consolidarse, comenzó a declinar.

Acudieron a recetas neoliberales cuando la hegemonía de esas ideas traspasaron su cenit al menos desde la crisis mundial de 2008. Esa crisis nunca tuvo una resolución plena, los mecanismos utilizados para evitar una catástrofe mayor (por ejemplo, los estímulos monetarios en los Estados Unidos) exhibieron sus límites y una vez abandonados apareció, nuevamente, el fantasma de la recesión. Es lo que surge de los pronósticos del FMI, el Banco Mundial y economistas diversos para los años venideros. Es el trasfondo de la situación latinoamericana.

En pocos años, tanto los proyectos reformistas de carácter progresista como los de la derecha neoliberal encontraron sus límites. Dos grandes empresas capitalistas sin destino. Para las mayorías trabajadoras, populares, campesinas, indígenas ¿no será momento de ir más allá e intentar vías anticapitalistas y antiimperialistas? Sería la apuesta más entusiasmante.

En estas pampas

En su historia, el peronismo transitó por varias modalidades en la relación con los Estados Unidos: del antiimperialista “Braden o Perón” de los orígenes; pasando por las “relaciones carnales” del menemismo; a tener tensiones y negociar los grados de sumisión con el kirchnerismo (del rechazo al ALCA al acuerdo con Chevron). La estrategia siempre fue pragmática en función de un proyecto de colaboración de clases, donde la clase desposeída (la clase trabajadora) lleva siempre las de perder.

Alberto Fernández carece no sólo de los fabulosos precios de las materias primas -la soja fundamentalmente- que llenó al Banco Central de dólares durante varios años de la “década ganada”. También carece del resorte de otros gobiernos posneoliberales afines que encontró Kirchner en la región. El Grupo de Puebla tiene un carácter informal frente, por ejemplo, a lo que fuera la Unasur.

Alberto creyó encontrar en la movilización de Chile un fantasma para mostrar ante Donald Trump para conseguir una negociación favorable con el FMI: no porque esté en la voluntad de Fernández impulsar la movilización en nuestro país, sino, por el contrario, para evitarla. La realidad le ofreció a Trump un contra ejemplo: el golpe en Bolivia, al que brindó apoyo sin requisitos.

Más allá de los roces que tiene ahora con los acreedores privados (buitres) por la responsabilidad de la crisis argentina (unos y otros quieren cobrar su parte), el Fondo no sólo es el gendarme de los intereses del capital financiero, sino más en general de los intereses imperialistas en todo el mundo.

En la compleja trama regional, Trump y el FMI exigirán (ya lo están haciendo) definiciones a Alberto sobre puntos centrales (Venezuela, Bolivia) que pueden afectar su relato (y su base de sustentación) progresista; o, en sentido contrario, alguna vía de acuerdo con el Fondo. El peronismo, como se dijo, es pragmático, y el tipo de relación que establecerá el nuevo gobierno con los Estados Unidos se definirá en las arenas movedizas de la situación latinoamericana.

Es incompatible prender la economía o poner plata en el bolsillo de los trabajadores con hacer honor a los buitres especuladores de la deuda y seguir bajo el régimen del FMI, como prometió Alberto Fernández. Esta incompatibilidad probablemente se ponga a prueba prontamente. Guillermo Nielsen, uno de sus representantes económicos, explicó estos días que busca una negociación rápida con acreedores privados para “minimizar daños”.

Pactar con los fondos de inversión y los grandes bancos internacionales, como busca hacer de manera rápida y furiosa Guillermo Nielsen, es una idea que ya se puso en práctica en el macrismo de los orígenes. Naufragó en abril de 2018 cuando J.P. Morgan retiró una gran masa de dólares del país provocando una ruptura del crédito internacional. La razón: Macri no ofrecía garantías para hacer el ajuste “que hay que hacer”.

¿Se cumplirá el vaticinio de Guillermo Calvo, el economista argentino ortodoxo que trabaja en Columbia University? En julio, afirmó que un (por entonces) posible gobierno peronista "va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobierno previo". Esperar y ver. ¿Calvo habrá observado los sucesos de Ecuador y Chile?

Matías Kulfas, quien se especula puede ser el futuro ministro de Economía, es uno de los voceros de una idea nada novedosa: mostrar a los acreedores que Argentina tiene potencialmente una importante cantidad de dólares por el desarrollo de la explotación de Vaca Muerta y de la megaminería. Constituyen una suerte de garantía que ofrece para llegar a un acuerdo.

El modelo extractivista, con los recursos naturales en manos mayormente de multinacionales, que reprimariza la economía, tal vez sólo termine siendo una ilusión en momentos en que los precios internacionales de las materias primas no son lo que eran. Ni que decir que los compromisos de deuda de Argentina tienen una dimensión tal que tal vez no alcance con vender la Cordillera.

Excepto por Venezuela, Argentina enfrenta una de las situaciones macroeconómicas más grave del América Latina. Lleva dos años de recesión e ingresará en 2021 en el tercero, según cualquier pronóstico, ya sea de consultoras o del FMI. La inflación cerrará el año en un nivel que probablemente sea el más alto desde principios de los noventa. Las grandes empresas se están cobrando por adelantado el pacto social con subas de precios en alimentos, naftas, y prepagas: técnicos del INDEC anticipan una inflación de noviembre prendida fuego.

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Por el contrario, la clase trabajadora ve pasar la pelota gracias a la cúpula de la CGT que jura que redoblará frente al nuevo gobierno la tregua que le dio a Macri. Es decir, las trabajadoras y trabajadores llegarán desguarnecidos: con una pérdida del poder de compra del salario que a octubre se aproxima el 20 % en relación a 2015 y con el desempleo por encima del 10 %.

Las elecciones presidenciales fueron una expresión de impugnación al ajuste permanente de Cambiemos. La vía electoral a la que condujo el peronismo con el famoso “hay 2019” intentó ser (explícita e implícitamente) una alternativa al diciembre de 2017, donde la lucha contra la reforma de la movilidad jubilatoria (que se aprobó) impuso la declinación del gobierno macrista y el archivo de la reforma laboral y una previsional más profunda. Ese antecedente y, en una escala superior, la rebelión popular en Chile son fuentes inspiradoras para enfrentar los futuros acontecimientos.