Se sabía. Amparados por el DNU, Belocopitt y otros empresarios de prepagas se niegan a pagar las devoluciones

Tres empresas de medicina prepaga, Swis Medical, Sancor Salud y Medicus, se presentaron ante la Justicia para confirmar lo que más o menos se podía presuponer: que se van a negar a devolver lo cobrado de más en sus cuotas, luego de que el Gobierno definiera que tenían que recalcular las cuotas y volver a facturarlas en base al índice de inflación.

Dichas empresas presentaron textos por separado en los que se encuentran de todos modos argumentos similares y que tienen que ver centralmente con dos elementos: 1- los incrementos son válidos porque se encuentran debidamente permitidos en el Decreto 70/2023 que sancionó el Gobierno a fines del año pasado y que estableció la desregulación de las prepagas, entre otras cosas. 2- cuestionan que sea el Estado, a traves de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S), el que recurra a la justicia y ordene recalcular las cuotas, cuando fue él mismo el que permitió dichos aumentos. Una contradicción según sus criterios.

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Veamos algunos de los argumentos presentes en los escritos:

- Los incrementos “se encontraron debidamente justificados y obedecieron a circunstancias objetivas perfectamente verificables”. Claor, los avala y permite el Decreto.

- La Superintendencia no posee “legitimación activa (...) en primer lugar, por la propia letra del DNU 70, donde se la excluye de toda injerencia en la determinación de las cuotas de los planes de salud (…) Por eso mal puede venir a peticionar que se limiten los precios de los planes”. Además, también se agrega que "la Superintendencia, que fue debidamente anoticiada de los aumentos y que parecía no importarle verificar o analizar la razonabilidad de los mismos, ahora se constituye como representante de los afiliados y demanda a las empresas de medicina privada”.

- Por esta razón, afirman que "no hay caso o controversia judicial”. Y que de ninguna manera, la justicia puede dictar "una norma general con alcance para todas las empresas, que limite aquello que el DNU 70/2023 y su reglamentario 171/2024 ya establecieron". También dicen que no se puede intentar "obtener de la Justicia la modificación de aquello establecido por la ley y con alcance general”.

En apenas 4 meses del Gobierno de Milei, las prepagas produjeron aumentos en sus cuotas de hasta el 160 %. Más de 6 millones de personas hoy son afiliadas a esas empresas y tienen que afrontar con sus bolsillos cada vez más diezmados montos que, aunque suene trillado decir, son impagables. Estamos hablando de jubilados (con el haber mínimo) que tienen que pagar cuotas de $350.000; o de familias donde hay alguna integrante con problemas de salud (enfermedades crónicas, oncológicas o discapacidad) y destinan uno y hasta dos sueldos a pagar la cuota. “Pedí plata prestada para pagar el último aumento de la prepaga, porque sino me la cortan y mi hija corre el riesgo de quedarse sin sus tratamientos y maestra integradora”, contaba Sabrina hace unos días a este medio. Ilustra muy bien el panorama angustiante y asfixiante que vive ese universo, sobre todo quienes más necesitan una cobertura de salud.

Durante esos 4 meses, el Gobierno no emitió palabra y dejó que los empresarios hagan lo que quieran, a costa de la salud de esas 6 millones de personas. Hasta que los efectos de esos brutales aumentos, sumados al aumento de absolutamente todo (menos nuestros salarios) comenzaron a impactar en el humor social.

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Más que nunca sigue vigente la lucha por derrotar el decreto y poner en el debate la necesidad de un sistema de salud único, donde todos los recursos (ya sean de obras sociales, prepagas o sector público) pueden centralizarse y ponerse al servicio de las necesidades sanitarias de la población y sobre todo de los sectores que más lo necesitan. No se puede vivir bajo las irracionalidades que nos impone una casta de empresarios que lucra con nuestra salud.

La marcha universitaria del pasado martes demostró que hay fuerzas para enfrentar en las calles todo el plan de ajuste de Milei. Tiene que servir como punto de apoyo para seguirla y exigirle a las centrales sindicales que convoquen medidas de luchas con movilización para cuando el oficialismo quiera tratar en el Congreso las nuevas leyes.

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