La Federación de Trabajadores Mineros en un ampliado en Lima este 7 y 8 de junio, con la participación de 54 sindicatos de todo el país, acordó realizar el 19 de julio un paro nacional como parte de una escalada de movilización contra las políticas de ajuste.
Sábado 10 de junio de 2017
El boom primario exportador definitivamente ha llegado a su fin como consecuencia de la agudización de la recesión china, la cual ha provocado que la demanda de minerales decrezca, generando una caída en los precios de estos bienes a escala internacional. En países como el Perú, que dependen en gran parte de la exportación de minerales (60% de las exportaciones), esto se ha visto reflejado en la reducción sistemática del crecimiento económico. Ha ello se debe que hayamos pasado de un crecimiento que bordeaba el 9% anual durante el periodo de bonanza minera, a un magro 2% en la actualidad.
Para capear este temporal, los gobiernos de turno fieles a su orientación pro imperialista, han implementado una serie de medidas que buscan sostener al gran capital en desmedro de los intereses de la clase trabajadora y del pueblo. Por eso Ollanta Humala el 2013 emitió un conjunto de reformas que liquidaban la ya precaria institucionalidad ambiental y permitían una serie de beneficios a los grandes inversionistas. La razón esgrimida en ese entonces era la que suelen utilizar casi siempre los gobiernos cipayos: “tenemos que atraer al capital extranjero para capear la crisis de decrecimiento económico”.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no ha sido la diferencia. En lo que va de su mandato ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para congraciarse con los empresarios y hacer que las consecuencias de la crisis internacional la paguen los trabajadores y el pueblo pobre. Para lo cual se han propuesto desde el ejecutivo una serie de medidas anti laborales que favorecen la precarización del trabajo. De igual manera, se han aprobado dispositivos legales que permiten la contaminación del medio ambiente, por parte de las empresas mineras, violentando con ello los estándares mínimos de sostenibilidad ambiental.
Una reforma anti laboral
Apenas iniciado su mandato el 2016, el gobierno de Kuczynski arremetió contra los trabajadores a través de una serie de iniciativas legislativas que fueron presentadas al congreso de la republica a fin de que este poder del estado las termine ratificando. Nos estamos refiriendo al Proyecto de Ley 1437/2016-PE que modifica la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, al Proyecto de Ley 1436/2016-PE que modifica las inspecciones de trabajo y al Proyecto de Ley N° 1104/2016-PE sobre empleo juvenil.
Este último proyecto de ley (1104) es considerado como la nueva ley “pulpin”, ya que vulnera sustantivamente los derechos de los trabajadores jóvenes al no promover ningún incentivo para su formación laboral, además de exonerar a las empresas del aporte a EsSalud (Seguro Social de Salud). Sin embargo, mantiene incólume el alto nivel de aporte de los trabajadores a los fondos de pensiones AFPs (13% de sueldos) y fomenta la precarización laboral permitiendo la contratación temporal hasta los 29 años. En un país como el Perú; donde solo el 32% de jóvenes que trabaja tiene una contratación formal y solamente un 3% de jóvenes tiene una contratación permanente, este tipo de iniciativas lo que promueven en realidad es la sobre explotación de los trabajadores jóvenes y con ello el incremento de la pobreza.
Pero la cosa no quedó ahí. El 31 de mayo pasado, el gobierno dictó dos decretos supremos que debilitan las inspecciones de trabajo y limitan el arbitraje potestativo, una herramienta que permitía compensar el desequilibrio existente entre empresas y trabajadores en el marco de la negociación colectiva. En lo relacionado a las inspecciones de trabajo, esta iniciativa gubernamental permite eliminar o reducir las multas a las empresas infractoras de los derechos de sus trabajadores hasta en un 90%. Señala también que “cuando una acción u omisión del empleador constituya más de una infracción se aplica la sanción de mayor gravedad”. Así mismo, establece que la “autoridad inspectiva no podrá realizar dentro de un mismo año más de una orden de inspección sobre una misma materia en una misma empresa”.
Queda demostrado así, que estas medidas fueron hechas pensando solamente en satisfacer las necesidades de los empresarios.
Nuevos estándares ambientales; más contaminación
A estas medidas antilaborales, se suma ahora los nuevos estándares ambientales aprobados por el gobierno el pasado 7 de junio, que flexibilizan aún más la normatividad ambiental a fin de promover la realización o reinicio de actividades mineras que, al decir de nuestros neoliberales, nos ayudaran a reactivar la economía.
Esta medida, que fue promovida por el ministerio de Ambiente, permite la modificación del parámetro de emisión de dióxido de azufre a 250 microgramos por metro cúbico para periodos de 24 horas. Anteriormente, dicho parámetro era de 20 microgramos por metro cúbico.
Estos nuevos parámetros regirán para los sectores extractivos (minería), así como para las industrias y el sector de servicios. Según los especialistas en temas ambientales, con esta nueva medida se da carta abierta para que las transnacionales mineras puedan desarrollar sus actividades productivas sin preocuparse por los costos financieros que significa cuidar el medio ambiente.
La clase trabajadora muestra el camino
Esta arremetida pro patronal ha generado la respuesta de la clase trabajadora, que después de mucho tiempo empieza a levantar cabeza y lo hace de la mano del proletariado minero, que este año realizó tres grandes huelgas: la de Cerro Verde, la de Southern y la de San Juan de Churunga que duraron, 21,12 y 35 días respectivamente.
Estas medidas de fuerza hicieron retroceder a los empresarios quienes, en complicidad con el gobierno, buscaban ajustar a los trabajadores a través del endurecimiento de la jornada laboral, la reducción de las utilidades y la liquidación de los beneficios sociales. Estas luchas son emblemáticas ya que reflejan la problemática del conjunto de los trabajadores mineros peruanos, que en la práctica fueron el sostén del crecimiento económico y hoy - sobre sus espaldas - se pretende cargar las consecuencias de la crisis internacional.
Por esa razón, la federación de trabajadores mineros en el ampliado de dirigentes desarrollado en Lima los días 7 y 8 de junio - el cual contó con la participación de 54 bases sindicales de todo el país - acordó realizar el 19 de julio un paro nacional. Hoy igual que hace 40 años en la huelga del 77, los trabajadores mineros están en primera fila en contra de las políticas de ajuste y recorte.
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A la lucha de los mineros se suman otros sectores productivos y de servicios como los trabajadores textiles que el 23 de mayo realizaron un paro nacional preventivo contra las políticas de ajuste laboral y actualmente se encuentran en pie de lucha contra la nueva ley “pulpin”. Los trabajadores de la SUNAFIL , también hacen parte de esta respuesta social, por eso el 29 de mayo último realizaron un plantón de protesta y ahora preparan una huelga nacional para exigir al gobierno el cumplimiento de sus compromisos salariales. Los docentes también han anunciado que están evaluando la posibilidad de realizar una huelga nacional contra la política educativa del ejecutivo que ha llevado a que los profesores peruanos sean los peor pagados del continente.
Queda pues como tarea pendiente articular, de la mano de los trabajadores mineros, las diferentes luchas obreras y populares en un espacio nacional que se construya con participación real de las bases, para que de esa manera podamos impulsar la realización de un gran paro activo en todo el país que haga retroceder al gobierno y a los empresarios; para que las consecuencias de la crisis internacional la paguen ellos y no el pueblo trabajador.
