PODER JUDICIAL E IMPUNIDAD. Ana Medina, la fiscal de hipótesis encubridoras y cierre de causas impunes

Diego Pérez, uno de los jóvenes abusados por el cura de Gonnet y ex Capellán General del Servicio Penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo, denunció su caso por primera vez en 2008, siendo un adolescente.

Pero la investigación parece recién comenzar once años después, a partir de que en marzo último (y tras intentar cerrarla) la fiscal de la UFI Nº1 de La Plata, Ana Medina desarchivó la causa. “Estos once años perdidos por Diego puede ser la causa por la cual Argentina sea condenada internacionalmente”, aseguró el abogado querellante Juan Pablo Gallego a este medio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó a la Argentina por el caso de Walter Bulacio, en el cual hubo “privación de justicia y demora judicial”. Ese antecedente del año 2003, puede repetirse en la causa por “abuso sexual agravado” contra el párroco Eduardo Lorenzo si la fiscal Ana Medina pretende desviar la investigación en favor de los intereses eclesiásticos y mantiene la impunidad de los victimarios.

Para la fiscal en 2008 no había pruebas suficientes para avanzar en la investigación por lo que decidió, en muy pocos meses, archivar la causa y declarar la “falta de mérito” para Lorenzo, es decir sin determinar si era culpable o inocente. Sin embargo, en las declaraciones testimoniales de esa época se mencionó a seis menores de edad como presuntas víctimas del cura Lorenzo.

Pero... ¿qué hizo la fiscal para saber la verdad? Parece que su hipótesis fue desestimar esos relatos. Sólo se mostró interesada en firmar la convocatoria para que esos adolescentes sean indagados pero a los poquísimos días, en plena feria judicial, decidió dar por archivada la causa con lo que los eventuales testigos y denunciantes nunca declararon.

“El Estado debe respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. Esta obligación presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad, teniendo en cuenta como se desprende de las normas sobre protección a los niños establecidos en la Convención Americana y en la Convención de Derechos del Niño”, expresa la sentencia de la CIDH sobre el Caso Bulacio vs. Argentina. Y agrega: “la condición de garante del Estado con respecto a este derecho, le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”.

Pasaron diez años y la misma fiscal decidió desarchivar la causa. Ahora Medina tiene pruebas contundentes en sus manos, como el relato de tres víctimas que relatan lo que sufrieron en distintas épocas y lugares. La inacción se mantiene, el victimario place de absoluta libertad, nunca fue convocado a prestar declaración en sede judicial y además amenaza públicamente junto a su abogado Alfredo Gascón a quienes lo denuncien por abuso sexual, lo que significa una clara coacción contra las víctimas y testigos.

Esto provoca una inequívoca situación de injusticia que resulta equivalente a la que fue confirmada por la CIDH en el Caso Bulacio en la cual la Argentina fue condenada internacionalmente.

“Lorenzo tiene que estar preso porque así lo impone el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el doctor Gallego.

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La maniobra de la fiscal Medina para favorecer los intereses del imputado no sólo se expresa en la causa Lorenzo sino que lo viene haciendo desde hace años en diversos casos, principalmente vinculados con el gatillo fácil. Por ejemplo: intentó cerrar la causa del joven asesinado en el Barrio Hipódromo de nuestra ciudad en manos de un policía de la Bonaerense.

Algunos casos entorpecidos y paralizados

Omar Cigarán fue ejecutado el 15 de febrero de 2013 por el policía Diego Walter Flores. Al día siguiente, con muy pocos elementos de la escena del crimen, la fiscal a cargo, Ana Medina, ordenó la declaración del imputado y rápidamente dispuso su libertad.

El 23 de enero de 2014 la Fiscal decretó el cierre de la causa y solicitó al Juez de Garantías el sobreseimiento del agente policial. Ante dicho panorama, la familia de Omar Cigarán se constituyó como particular damnificado y logró la elevación a juicio. Una clara maniobra de favorecer desde el primer momento al policía imputado.

Medina pretendió desconocer la persecución manifiesta que existía entre los oficiales de la Comisaría Segunda para con Omar. Como también, desobedeció por completo la Resolución 1390 de la Suprema Corte bonaerense, es decir, dejó en manos de la institución policial -siendo un efectivo de esa fuerza el involucrado- no sólo las primeras actuaciones en el lugar del hecho como en la morgue que suelen ser vitales para la causa, sino también todo el resto de la instrucción. Sumado a que ella había mandado a allanar su domicilio diez días antes de su asesinato, en una pesquisa al voleo en busca de pastillas de Rivotril, un teléfono celular, una moto negra, ropa y una peligrosa visera blanca con raya oscura al costado.

Sucedió algo similar en la causa de Sebastián Nicora, un joven de 16 años hallado muerto en las playas de Punta Indio, el mismo día del asesinato de Omar. En el expediente, los peritos de la Bonaerense describieron la muerte como producida por un tremendo golpe en el cráneo dado con un objeto contundente y culparon a un amigo del joven. La fiscal siguió esa hipótesis y casi archiva el caso. La madre de Sebastián insistió, y dos años después logró demostrar que recibió un tiro.

Otra inacción de la fiscal Medina se da en la causa del asesinato de la maestra jardinera Marisol Oyhanar, ocurrido en Saladillo en abril de 2014. Allí le tocaba investigar a la primer fiscal del caso por encubrir el hecho y a siete policías de las comisarías de Saladillo y Bolívar que habrían cobrado una millonaria coima para borrar las pruebas que vinculaban a un empresario con el asesinato. Esa investigación está paralizada.

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¿Sin declaraciones?

La causa contra Lorenzo se trata de una de las denuncias más graves de los últimos tiempos en donde se señala a las autoridades de la Iglesia católica de La Plata cometiendo delitos sexuales y encubrimiento, luego del caso del Instituto Provolo de nuestra ciudad.

El silencio (cuando no la salida pública en defensa directa) por parte del arzobispo Víctor Manuel Fernández, y otros obispos que conocen estas historias, pregona en estos tipos de causas.

Hasta la fiscal prefiere mantenerse callada, así fue que aseguró a este medio que no iba a dar declaraciones públicas sobre la causa por “abuso sexual agravado” contra el ex capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense, Eduardo Lorenzo.

¿Por qué habrá firmado la resolución para convocar a declaración testimonial a los adolescentes señalados como víctimas en la causa del 2008, y a los pocos días archivó la causa sin nunca haberlos oídos?

¿Por qué no eleva a juicio una causa que tiene a un sacerdote involucrado en delitos sexuales –actualmente a cargo de la parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet y en relación con niños, niñas y adolescentes-, con tres historias relatadas por víctimas en diferentes épocas y lugares?

¿Será que existe un acuerdo entre el abogado defensor Gascón y la fiscal Medina? Sólo la fiscal sabrá la verdad.

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