El 28 de septiembre de 1990 el trabajador fue detenido, torturado y asesinado en La Plata por la fuerza represiva del gobernador Antonio Cafiero. Cinco años después su cuerpo fue hallado en un campo a 120 kilómetros. La lucha de su compañera Mirna Gómez logró condenar a sus asesinos. Los encubridores aún esperan ser juzgados.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Lunes 28 de septiembre de 2020 08:30
Fotos: Joaquín Díaz Reck / Juan Cicale
Corría el año 1990. Desde La Rioja, Carlos Menem llegaba a la presidencia en medio de una profunda crisis social y económica. La revolución productiva que acaparó sus discursos, se transformó en un raid de privatizaciones de empresas públicas y la época de la flexibilización laboral llegaba para quedarse. También llegaron los indultos, consagrando el camino de la impunidad tan deseada (y buscada por todos los medios posibles) por quienes llevaron adelante la maquinaria genocida en la última dictadura cívico militar eclesiástica.
En la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero iniciaría la saga de gobiernos peronistas en la sede bonaerense, que duraría hasta la llegada de María Eugenia Vidal en 2015. Durante todos los mandatos peronistas (incluido el actual de Axel Kicillof) y los cuatros años que gobernó María Eugenia Vidal, la Policía Bonaerense tuvo (y tiene) carta blanca para seguir ejecutando, libre de culpa y cargo, sus delitos.
Desaparición y muerte
En la madrugada del 28 de septiembre, Andrés Alberto Núñez, regresaba de jugar un partido de fútbol cuando fue detenido en su casa del barrio platense de Villa Elvira por un supuesto robo de bicicleta. El operativo fue llevado a cabo por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata: los oficiales Pablo Gerez y José Daniel Ramos ingresaron al hogar, mientras Alfredo González y Víctor Dos Santos aguardaban en el auto. Entre golpes y amenazas Andrés es traslado a la sede central de la Brigada, ubicada en el centro de la ciudad.
A partir de ese momento, la familia, con su compañera Mirna a la cabeza, comenzó su búsqueda por hospitales y comisarías, iniciando así un largo camino contra la impunidad y el encubrimiento judicial y político, que se volvería bandera de una batalla tenaz a lo largo de los años.
Por el testimonio de Jorge David Guevara, un joven de 16 años detenido el mismo día y llevado al mismo lugar, se supo que Andrés fue torturado en dicha dependencia. “A él lo torturaron como en la época de la dictadura, con picana, la cabeza tapada por un bolsa, y lo mataron.”, relataba Mirna en uno de los tantos actos que se realizaron en la ciudad exigiendo juicio y castigo a los culpables.
Métodos que son una verdadera marca registrada de todas las fuerzas represivas del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y comunal. Un Estado que no desmanteló el aparato represivo de la dictadura; por aquellos años la fuerza de seguridad estaba compuesta en un altísimo porcentaje por hombres y mujeres con activa participación en la dictadura cívico-militar-eclesiástica al mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
Los restos del joven trabajador, amante del fútbol, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1995 en la Estancia el Roble, en la localidad de General Belgrano, a 120 kilómetros de La Plata, luego de la declaración del oficial José Ramos, quien sería luego, “oportunamente”, declarado inimputable.
Justicia de ojos vendados
La investigación judicial estuvo en manos, en una primera instancia, del nefasto juez Amílcar Benigno Vara, “gran amigo de la casa policial”, quien buscaba por todos los medios despegar a la fuerza bonaerense del caso, al punto de insinuar que Andrés Núñez estaría de viaje en otro país. Un artilugio del clásico manual de encubrimiento, que no conduce a ninguna pista real y sirve para que los desaparecedores y sus cómplices ganen tiempo y puedan eliminar pruebas. Así vimos y oímos como Julio López visitaba a su tía o Santiago Maldonado se multiplicaba para ser visto en varios sitios del país al mismo tiempo o Facundo Castro era visto por camioneros en Santiago del Estero o en Bahía Blanca vendiendo bolsa de residuo por la calle; operaciones judiciales y mediáticas que bastardean a quienes buscan la verdad y al mismo tiempo legitiman a la vez que amparan a los verdugos del accionar policial.
En una de sus últimas tareas en la causa, y ante las declaraciones de Guevara y otros detenidos que habían compartido cautiverio con Andrés aquella noche, el juez Vara no tuvo más remedio que dictar los procesamientos de 13 de los agentes de Investigaciones. Este personaje sería destituido en 1998 por innumerables irregularidades en al menos 27 casos que involucraban a policías bonaerenses, entre ellos los de Núñez y Miguel Bru.
En 2010 la Sala II de la Cámara Penal de La Plata condenó a prisión perpetua a Víctor Dos Santos y Alfredo González por torturas seguidas de muerte, sentencia que fue confirmada en agosto de 2012.
Ya señalamos la continuidad de las prácticas represivas de la última dictadura en “democracia”. En este caso, no sólo se trata de las mismas prácticas, sino del mismo represor, Luis Raúl Ponce, efectivo de la Comisaría quinta en dictadura y mencionado en el testimonio de Jorge Julio López como quien manejaba el móvil donde lo levantaron la noche del 27 de octubre de 1976 de su casa en Los Hornos; estuvo prófugo de la Justicia durante 20 años. Fue apresado en agosto de 2012 y llevado a juicio en 2017 donde quedó probada su responsabilidad y coautoría en el planeamiento del secuestro de Núñez. Fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como “coautor funcional de la privación ilegal de la libertad, en concurso real con torturas seguidas de muerte”. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte bonaerense en diciembre de 2019.
Quien continúa prófugo es Pablo Martín Gerez, señalado como el que comandó el operativo y quien facilitó las conexiones en General Belgrano para ocultar el cuerpo en el campo de un primo. La última vez que se supo de él fue en 2009, cuando a través de una abogada presentó un escrito firmado de puño y letra para pedir la prescripción de la causa.
Si bien en 2013 la Suprema Corte bonaerense calificó al caso de Andrés Núñez como una “grave vulneración a los derechos humanos por parte del Estado argentino” y resolvió la imprescriptibilidad de la causa sobre los cuatro policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga; Gerez sigue gozando de libertad e impunidad, a la vez que se dilata el inicio del juicio por encubrimiento. Mirna reclama, a 30 años, que se reactive la búsqueda del policía prófugo. Y es un reclamo que toca muy de cerca al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio Alak, exintendente de la ciudad al momento de la investigación del caso y ex ministro de Justicia nacional en el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Seguirá en silencio (o un franco desinterés) como lo hace con el caso de Facundo?
Ayer y hoy, la lucha sigue
A 30 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Andrés Núñez, su compañera Mirna sabe que la lucha continúa. No está sola, nunca lo estuvo. Y hoy su experiencia fortalece y acompaña a otras familias de víctimas de la violencia estatal.
El delito de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad estatales se ha sucedido a lo largo de los diferentes gobiernos desde el retorno de la democracia burguesa. Y es un delito que continúa cada día que la persona no aparece.
Hoy, somos testigos cómo la Bonaerense continúa a rienda suelta. Tiene el respaldo del Gobierno nacional, del gobernador Axel Kicillof y del ministro de (In)Seguridad bonaerense Sergio Berni. Ha sido empoderada para "cuidar" la salud del pueblo en medio de una pandemia con más balas y más plata. Ese envalentonamiento tiene consecuencias gravísimas para la juventud y el pueblo pobre, el aumento de los casos de gatillo fácil, el hostigamiento y la represión que tiene su máxima expresión con el asesinato de Facundo Castro. Sabemos que no es un policía, es toda la institución. El modus operandi de la impunidad y el encubrimiento en la larguísima lista de crímenes, desapariciones forzadas y vejaciones contra el pueblo trabajador no dejan margen sobre la responsabilidad del Estado.
Asesinar, desaparecer, encubrir y mentir. Un combo cuasi perfecto con que los poderes del Estado se concatenan para legitimar y sostener una práctica criminal y de control social contra la juventud y el pueblo trabajador. En estos 30 años son cientos los nombres que vuelan en banderas, que son pintados en pancartas y remeras, gritados en canciones a lo largo del país. Y es la lucha inclaudicable de familiares, amigos y organizaciones solidarias por la verdad y la justicia, contra la impunidad de ayer y hoy y sabiendo que el Estado es siempre responsable.
Este lunes a las 19 el Colectivo contra el Gatillo Fácil proyectará por las redes un especial a 30 años del caso.
¡Andrés Núñez, presente hoy y siempre!
