La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez cerró su gestión de Gobierno señalando que trabajó combinando "mercado y solidaridad". Se olvidó de decir que la "solidaridad" fue con los empresarios a quiénes otorgó ilegalmente miles de hectáreas de tierras fiscales. En su gabinete de Gobierno benefició directamente a su ministro de Economía, Branco Marinkovic, representante directo de los agroempresarios de Oriente.
Viernes 6 de noviembre de 2020 09:13
Foto: Rimay Pampa
El Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, suma un caso más de ilegalidad a su pésima gestión marcada, entre otras cosas, por escandalosos casos de corrupción, decretos inconstitucionales y ecocidas; y masacres, amedrentamientos y persecuciones a distintos sectores. Ahora se suma a todo esto una denuncia de saneamiento acelerado de tierras en favor de empresarios cruceños, y específicamente del actual ministro de economía y representante del agroempresariado cruceño Branco Marinkovic.
El empresario que retornó de su exilio en Brasil este año, fue beneficiado por Áñez primero como ministro de planificación de desarrollo para luego ser posesionado como ministro de economía, cargo que ejerce actualmente. Recordemos que Marinkovic es la cara más visible, no solo de los famosos terratenientes de oriente, sino del racismo que impera en algunos sectores de esa región del país, implicado en la masacre del provenir en 2008 y famoso por decir que “los collas son raza maldita”.
Ninguno de estos nefastos antecedentes importó para que Áñez abusara nuevamente de su poder y demostrara que el único interés de su gobierno fue, desde un principio, allanarles el camino a los empresarios, es por eso que no es de sorprender ahora la denuncia hecha por la fundación TIERRA de que el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) ha consolidado en favor de Marinkovic dos propiedades agrarias: la Empresa Agropecuaria “Laguna Corazón” de 12.480 hectáreas en la Provincia Guarayos y la Empresa Agropecuaria “Tierras Bajas del Norte” de 21.000 hectáreas en la Provincia Chiquitos, que suman 33.480 hectáreas.
Estas concesiones son completamente ilegales ya que violan de plano la constitución donde está claramente establecido que el latifundio no está permitido, que no se puede ser acreedor de propiedades de más de 5.000 hectáreas y que las propiedades de tierras que no demuestren que cumplen con la función económica y social deben ser inmediatamente revertidas. A esto se suma que la constitución impide la otorgación de títulos propietarios a personas en cargos gubernamentales y durante un año posterior a su mandato, cuestión que tampoco se respeta en absoluto constituyendo un total pisoteo de la normativa del país como hizo este gobierno de facto desde el día 1 de su asunción.
La familia del empresario manifestó en un comunicado que el saneamiento se habría hecho de manera completamente “legal”, lo cual es mentira por lo anteriormente explicado y acusa a la fundación TIERRA de tener inclinaciones políticas a la hora de realizar estas acusaciones, aunque lo cierto es que esta fundación hizo también denuncias de repartición masiva de tierras en el Gobierno de Evo Morales [1].
Previo a esto ya se venían realizando concesiones aceleradas de tierras fiscales a privados este año sin ninguna transparencia en el proceso por parte del INRA con la única excusa de que los trámites estaban paralizados sin motivo. Hasta el momento no sabemos quiénes son los beneficiarios de los miles de títulos agrarios otorgados en tiempo récord en el departamento de Santa Cruz, aunque fundación TIERRA mencionaba que grandes extensiones pasaron a manos de empresarios, menonitas, argentinos y brasileños [2].
Todo esto, que inicia en la gestión de Morales donde se expandió la frontera agrícola en 250.000 hectáreas adicionales a las 1.300.000 hectáreas que ya estaban destinadas para el monocultivo soyero, se consolida en tiempo récord en el gobierno ilegítimo de Áñez en total desmedro por las poblaciones campesinas e indígenas.
Todas las tierras fiscales están ocupadas, ya sea porque pertenecen a Áreas Protegidas o porque fueron avasalladas por privados, dejando a campesinos e indígenas sin territorio y sin medios de vida, porque las tierras fiscales no fueron otorgadas de forma colectiva a las comunidades como manda la ley.
De esta manera el INRA sigue otorgando títulos en tierras protegidas, como es el caso del Ñembi Guasu, un Área Protegida declarada por potestad de la Autonomía Indígena de Charagua, la cual no está siendo respetada en su condición de “Área de Conservación e Importancia Ecológica” ya que el INRA dotó a campesinos y colonos de tierras y autorización de desmontes al interior. Es decir, El Gobierno de la mano del INRA prefiere violar flagrantemente áreas de conservación y políticas de autonomías indígenas antes que aplicar la ley y revertir propiedades privadas que no cumplen con la función económica y social para dárselas a estos campesinos que, por supuesto, también necesitan trabajar y vivir dignamente.
Y cuando los campesinos, indígenas y colonizadores piden al Estado que se expropien y/o reviertan dichos latifundios, tal como estipula la Constitución y la Ley INRA, inmediatamente salen los latifundistas a protestar indicando que se les está afectando su "propiedad privada" y "patrimonio" que “tanto esfuerzo” les ha costado adquirir, sin embargo, como se sabe, la mayoría de estos latifundios fueron dotados en forma gratuita por parte del Estado o adquiridos por ocupación ilegal y en muchos casos violenta, aprovechando el poder político que siempre tuvieron en los pasados gobiernos (incluyendo al MAS). La mayoría de los latifundistas son directivos y miembros de grupos corporativos como la Cámara Agropecuaria del Oriente, Comités Cívicos, Federación de Empresarios Privados, etc. Desde estos espacios, ejercen una sistemática presión al Gobierno para seguir ocupando espacios de poder para defender sus intereses que se traducen en un criminal acaparamiento de grandes extensiones de tierras fértiles, en desmedro de miles de campesinos e indígenas sin tierra sumidos en una extrema pobreza.
Lo cierto es que el latifundio en nuestro país sigue siendo una realidad, por más que en los papeles diga lo contrario. Los agroempresarios cruceños que ahora son los que mueven por detrás los hilos de nuestro país, se ocultan bajo la retórica de “seguridad alimentaria” para imponer leyes a favor de transgénicos y monocultivos y en favor de la propiedad individual que, una vez consolidada, tiene otro valor de mercado que les permite especular con las tierras ante el nuevo plan de uso de suelos tanto en Santa Cruz como en Beni aprobado el pasado noviembre. De esta manera han consolidado su poderío económico mediante la dotación gratuita de tierras por parte del Estado que nunca cesó aún después de la reforma agraria.
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Estos operadores políticos latifundistas, especialmente del oriente boliviano, como es el caso específico de Marinkovic, estos últimos 50 años han venido turnándose en la administración del Estado, y sus intereses están ligados al acceso y control de los recursos naturales como la tierra, recursos forestales, hidrocarburos, minerales, fuentes de agua y biodiversidad existente en esta inmensa región de Bolivia.
Ante esta grave situación, denunciar una vez más la criminal gestión de Áñez y exigir que se le sigan los juicios correspondientes por la larga lista de ilegalidades y crímenes de lesa humanidad cometidos en su llamado Gobierno “de transición”.
El escenario de profunda crisis política y económica plantea la urgente necesidad de que las y los trabajadores del campo y la ciudad junto a la juventud precarizada, el movimiento de mujeres, y organizaciones indígenas recuperemos nuestras organizaciones sociales, sindicales y comunales, para poner freno a la arremetida extractivista contra nuestros territorios y mínimamente empezar por exigir que:
