Ante el asesinato de Aideé en el CCH Oriente: Organicemos la rabia

El caso de Aideé se da en el marco de dos feminicidios de estudiantes del mismo plantel, en menos de un año, el de la compañera Miranda Mendoza y la compañera Jennifer Sánchez. Esta situación refracta dentro de nuestro centro universitario, la situación de violencia que vivimos las mujeres en un país en donde la tasa de feminicidio ha incrementado de 7 a 10 asesinatos diarios, en menos de 3 años.

El punto nodal de esta situación, que afecta principalmente a las mujeres, es un problema de violencia que se reproduce a nivel nacional, y que hoy resulta alarmante porque nos ha alcanzado dentro de nuestros centros de estudio, en la capital del país. Lo que vale la pena poner sobre la mesa es ¿cómo debemos enfrentar esta violencia como comunidad universitaria?

Desde sexenios atrás, la estrategia por parte del gobierno federal fue una guerra contra el narco que el pueblo pobre y trabajador pagó durante más de una década con la vida de miles de jóvenes y mujeres, principalmente. Esta estrategia se perpetúa en el nuevo gobierno, con la institucionalización de la militarización, mediante la Guardia Nacional que busca la permanencia del ejército en las calles, medida que hasta ahora se ha demostrado impotente en los estados, en nuestras colonias y ahora dentro de nuestro centro de estudios, y que en lugar de disminuir la violencia ha incrementado los asesinatos y desapariciones.

En este marco, ante los casos de violencia que han enfrentado sus estudiantes, la UNAM se ha caracterizado por entorpecer las investigaciones, restringiendo el acceso a las carpetas de investigación, a las grabaciones de cámaras de seguridad, y haciendo caso omiso de los llamados de familiares de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos. Los casos de estudiantes como Julio César Malagón, quien fue golpeado y asfixiado dentro de Ciudad Universitaria y falleció en agosto de 2017, o el caso de la compañera Adriana Morlett, quien fue asesinada en 2010, luego de ser vista por última vez en la Biblioteca Central y cuyas grabaciones jamás fueron entregadas por las autoridades universitarias, se han convertido en casos ejemplares de esto.

En medio de una opacidad que busca ocultar la realidad de los hechos suscitados en CCH-O el lunes 29 de abril, el plantel fue desalojado totalmente pocos minutos después del atentado contra Aideé y en un intento de diluir el cuestionamiento y la autoorganización las clases fueron canceladas para este martes 30 de abril, bajo el argumento de las investigaciones pertinentes. La mayoría de las versiones apuntan a que nuestra compañera fue asesinada por un impacto de bala al interior del plantel, sin embargo el procurador de Iztapalapa, la Procuraduría General de la CDMX y la rectoría de la UNAM, han chocado en sus versiones.

Los estudiantes no debemos olvidar que son estas autoridades universitarias las que mediante el discurso “buscan garantizar nuestra seguridad” mediante programas de género y de atención juvenil, por la vía de los hechos son las mismas que han aumentando las medidas de control contra los estudiantes, docentes y trabajadores, arrancando mediante cercas espacios que anteriormente funcionaban como espacios de recreación, e implementando medidas de control como torniquetes, credencialización y cámaras de seguridad.

La justicia para nuestra compañera Aideé sólo va a llegar de nuestra movilización independiente, que cree una comisión independiente del Estado y la rectoría que investigue y dé seguimiento al caso. Las autoridades de la universidad y las instancias jurídicas a todo nivel deben poner a disposición de esta comisión independiente y abrir a la misma toda la investigación, cámaras, materiales, evidencias recogidas, etc. Sin embargo esto no bastará para acabar con las condiciones estructurales que perpetúan la violencia dentro y fuera de los planteles y que necesitan medidas urgentes como un potente movimiento de mujeres y de estudiantes en las calles que exija el fin del feminicidio, la militarización del país y que no confíe en los mecanismos del Estado para dar justicia.

Es un momento de extrema urgencia; acabar con la violencia no puede convertirse en el pretexto para hacer que la policía o la Guardia Nacional tengan acceso a nuestros planteles, mucho menos para que la Universidad fortalezca sus mecanismos de control. Tiene que ser el inicio de una lucha que cuestione de fondo como garantizar nuestra seguridad, lo cual pasa por que estudiantes, planta docente y administrativa, tengamos el total control de la decisiones de cómo gestionar la vida interna de nuestras escuelas, garantizando transporte seguro de nuestras escuelas a las estaciones del metro más cercanas, espacios culturales y recreativos durante todo el día que le den vida los planteles y que garanticen que la comunidad se reapropie de sus espacios, así como exigir la desaparición de los cuerpos de seguridad y espionaje que sólo sirven para amedrentarnos, lo cual incluye la desaparición del Tribunal Universitario.

Que nuestras asambleas discutan de manera amplia, democrática e independiente como organizar la rabia y el repudio, movilicemos al conjunto de la comunidad para hacerle frente a la oleada de violencia en el país y pongamos fin a los feminicidios, de la mano de las trabajadoras y docentes de la universidad, haciendo un llamado al conjunto de las trabajadoras y a nuestros compañeros.

Este 1° de mayo tenemos una oportunidad histórica de ligar las demandas de los estudiantes contra la violencia, a la de las y los trabajadores contra la precariedad de la vida, es por eso que desde la Agrupación Juvenil Anticapitalista te invitamos a movilizarnos repudiando la política de militarización y laboral del gobierno, rodeando de solidaridad la huelga del SITUAM, la cita es este miércoles 1 a las 9 a.m. en el monumento a la Revolución.