Este jueves por la noche, en un nuevo video López Obrador señaló que en los municipios mexiquenses donde triunfó Morena, la participación ciudadana no rebasó el 50%, mientras en Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Tejupilco y Jilotepec superó el 60%. Éstas son algunas de las irregularidades que denunció.
Sábado 10 de junio de 2017
Foto: @AtTimesMX
Acusó que fue en estos municipios “donde se esmeraron” los priistas en “falsificar el resultado de las elecciones, donde no hubo elecciones ni limpias ni libres.
Explicó que se trata de las regiones de “más pobreza, más marginación, más violencia y, por lo mismo, mucha migración. Sin embargo, fueron los distritos con más participación ciudadana, donde hubo más ‘fervor cívico’”.
En este sentido, advirtió el líder nacional del Morena “Vamos a demandar que se anulen las elecciones en estos cinco distritos” para que sea reconocida Delfina Gómez como la vencedora de la contienda electoral en el Estado de México. Denunció de nuevo que hubo un “fraude de Estado” en la elección mexiquense.
Esta denuncia se suma a la que presentó el partido de López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los gastos de campaña del candidato priista al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, que señala que gastó 412 millones 225 mil 24 pesos en su campaña y no sólo 115 millones 987 mil pesos como reportó ante el INE, con lo cual rebasó el tope de 285 millones de pesos.
Otra irregularidad que denunciaron fue la actuación omisa del INE que quitó a Morena la pauta de radio y televisión en el Valle de México, por lo que el 80% de los mexiquenses no se informaron sobre las campañas electorales, con la excusa de que la señal llegaba a 58 no a los 59 municipios, cuando la señal no llegaba sólo al municipio de Tepetlixtla que representa el 0.19% de la población.
Acusaron también que en el sistema registro de representantes de casilla no registraron a 83 mil personas de Morena. Por esta razón se les impidió participar en 3,000 casillas aproximadamente, aunque llevaban una acreditación en papel.
Además de todo esto, se cuentan las distintas amenazas contra militantes del Morena, y las tradicionales prácticas de compra de voto, casas amigas, amedrentamiento que despliega el PRI en cada proceso electoral.
Las mayorías, aun con el fraude, demostraron que están hartas del PRI, de la militarización, de las reformas estructurales, de la violencia contra las mujeres, de la profunda degradación de las condiciones de vida y de trabajo.
Tan profundo es el hartazgo, que al tricolor le resultó insuficiente su aparato electoral para moderar su caída: la diferencia entre los candidatos Alfredo del Mazo, del PRI, y Delfina Gómez, de Morena, es de sólo 2.8% y el porcentaje de votos nulos es de 3.7%.
La vía legal
Por esta razón, representantes del Morena dieron a conocer que luego del recuento, tienen cuatro días para impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Una vez que se expida el TEPJF, si la resolución es favorable al Morena, el Consejo General del INE puede empezar a calificar, y decidir una nueva apertura de casillas. Podría extenderse hasta el 16 de agosto el conflicto post electoral.
A su vez, cabe recordar que Delfina Gómez, al candidata del Morena a la gubernatura del Edomex, declaró “Soy institucional. No va a haber toma de calles, no va a haber acciones que afecten a la ciudadanía, no estamos en esa intención”. Mientras tanto, López Obrador, líder nacional del Morena, ratificó una y otra vez que llevarán a tribunales la defensa del voto, no a las calles.
Esta respuesta ante el fraude es congruente con la línea sostenida por el Morena de la lucha “civil y pacífica” y de reformar a un régimen que se evidenció una y mil veces irreformable, por gobernar al servicio de las trasnacionales y el imperialismo estadounidense (como se expresó en la aplicación de las reformas laboral, energética y educativa, entre otras), por la colusión de la “casta política” con el crimen organizado, por la represión de la protesta social y la profundización de la militarización, como en el caso de la lucha del magisterio contra la reforma educativa, y los casos de las masacres de Iguala y también la de Tlatlaya.
Una estrategia expresada asimismo en los llamados de López Obrador a integrar en sus filas a empresarios y personajes provenientes del PRI, del PAN y del PRD, como el caso de Eva Cadena, mientras despliega la lucha contra la corrupción como su principal bandera. O con su declaración de que no se juzgará al gobierno de Peña Nieto, realizada en 2016 y durante también esta campaña electoral.
Un ataque a las libertades democráticas
No obstante, el amplio descontento ante el fraude parece estar saliendo de las redes sociales –donde se expresó masivamente– a las calles. Apenas este jueves se realizó una nutrida manifestación frente a las oficina del Instituto Electoral del Estado de México.
En la protesta los manifestantes denunciaron a Peña Nieto y a Del Mazo, al tiempo que coreaban “¡Voto por voto!, ¡Casilla por casilla!”, la consigna más sonada en la lucha contra el fraude en 2006, cuando Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), con el aval del PRI se impuso sobre López Obrador, que entonces representaba al Partido de la Revolución Democrática.
Como en esa oportunidad, estamos una medida profundamente antidemocrática impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que busca avasallar el derecho de las mayorías a votar –un derecho presentado por este régimen como base de la “democracia”– e impedir que el Morena llegue a la gubernatura del Estado de México.
Si se consolida este nuevo fraude, el gobierno y los empresarios –muy a gusto con las ventajas otorgadas por el PRI en el Edomex, como la imposición masiva de los minisalarios, la precarización laboral y la militarización– estarán en mejores condiciones para recortar las libertades democráticas más elementales del movimiento obrero y popular.
En caso de que el PRI asuma la gubernatura sobre la base de este atropello se fortalecerá el ataque contra la clase trabajadora, como el ataque al magisterio con la aplicación de la reforma educativa, la represión contra las comunidades indígenas que resisten los megaproyectos, la criminalización de la juventud, la violencia contra las mujeres y contra los periodistas.
Un gobierno nuevo gobierno del PRI en el Estado de México, aun en crisis, buscará avanzar todavía más en la degradación de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías.
¡No al fraude!
Este fraude y el atropello de la voluntad de millones de trabajadores, de mujeres y de jóvenes que votaron a Delfina Gómez –considerándola una alternativa frente al gobierno de Eruviel Ávila, quien consolidó un verdadero infierno en el estado–, preparan el camino para nuevos ataques reaccionarios contra las mayorías oprimidas y explotadas.
La vía elegida para luchar contra el fraude por la dirección del Morena es completamente impotente, no están dispuestos, hasta ahora, a defender en forma consecuente la voluntad de los millones de personas que confían en su promesa de cambio. El PRI ya anunció que no permitirá la objeción de su “triunfo” en tribunales. Para ello cuenta con las autoridades electorales que, contra las evidentes violaciones a la ley electoral, anunció en voz de Lorenzo Córdoba que “no fueron elecciones sucias”.
De no impulsar de inmediato la lucha en las calles por la defensa de la voluntad popular, la dirección del Morena mostrará, una vez más, que no quiere combatir al régimen que impuso las reformas estructurales y desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y el PRI y sus aliados quedarían envalentonados para imponer un gran fraude en las elecciones presidenciales del 2018.
Por eso, independientemente de las profundas diferencias que tenemos con la dirección del Morena y de que consideramos que su programa no resuelve de raíz los principales problemas de las mayorías –la pobreza, la precarización, la militarización, la violencia, el despojo de las comunidades, la entrega de recursos a las trasnacionales– hoy se hace necesaria la más amplia movilización contra el fraude, la cual debe ser convocada por las organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como por organizaciones populares y de derechos humanos.
Fueron muchos los municipios donde laboran y viven familias obreras, como Ecatepec, donde gran parte de los trabajadores dieron su voto a Delfina Gómez. Para defender su derecho democrático a elegir quien ocupe la gubernatura, es fundamental el impulso y la organización de asambleas en los centros de trabajo y el llamado a un gran paro en defensa de los derechos democráticos de las mayorías.
