Criminalización de la protesta. Ante el incremento de la protesta social, el Gobierno endurece la represión

Ph: Felipe Moreno, $Enfoque Rojo

A partir de las importantes manifestaciones de fuerza de los trabajadores, docentes, mujeres, organismos de derechos humanos que junto con un amplísimo sector de la sociedad se volvió a expresar por juicio y castigo a los genocidas y el contundente paro nacional; el gobierno de Macri evalúa implementar más medidas represivas, como la compra de nueva tecnología para desalojar a los manifestantes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunirá con funcionarios de las Fuerzas de Seguridad para evaluar la compra de grúas para secuestrar vehículos a mayor velocidad. Recordemos que desde la lucha de los trabajadores de la autopartista Lear, la creatividad y audacia de los manifestantes solidarios por la reincorporación de los despidos, realizaron caravanas de solidaridad. Además, el gobierno prevé la compra de otros equipamientos, que según ellos no es violento ni letal: dispositivos que emiten un sonido insoportable para el oído humano y dispersa en pocos segundos a los activistas, y otros que disparan chorros de espuma que se solidifica en el acto y enredan a los manifestantes que serán reducidos por las fuerzas del orden.

También, desde el Gobierno analizan controlar a micros que trasladen manifestantes, a través de la AFIP, la CNRT y la Ciudad para multar y hacer inspecciones vehiculares. El objetivo es persuadir a los dueños de estos micros de que acepten que organizaciones sociales o políticas los contraten para ser trasladados a manifestaciones.

Letalidad encubierta

Estudios de relevancia internacional han dado cuenta de la letalidad de los “modernos” métodos represivos que planean Bullrich y el gobierno.
Un estudio realizado con respecto a estas armas muestra el peligro de estas armas. Mencionaremos solo ejemplo del gas pimienta, que los gobiernos y fuerzas represivas consideran “no letales”.

La mayoría de las heridas de las últimas represiones, además de las que se produjeron por golpes de escudos o palos de Prefectura, Gendarmería o Policía federal, tienen que ver con el uso de gas lacrimógeno o gas pimienta.
La “moda” de disparar aerosoles a los ojos, remite a una gravedad poco difundida. Rostros y ojos hinchados y rojos, ceguera, llanto, desorientación y confusión mental son algunos de los síntomas que produce. Un estudio realizado por la organización Physicians for Human Rights y recopilado por la Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO), llama a estos métodos, como de “letalidad encubierta” y da cuenta de que entre 5.131 personas víctimas de lesiones o muertes a causa de este tipos de gases; de estas, 2 fallecieron y 70 sufrieron discapacidades permanentes.

Si bien la mayoría de los que resultaron heridos pudieron recuperarse completamente de sus lesiones; de las 9.261 lesiones documentadas (muchas personas presentaban múltiples lesiones), 8,7 % eran de gravedad y necesitaron atención médica profesional. Se consideraron lesiones graves a las que comprometían múltiples sistemas fisiológicos, la mayoría en la piel, los ojos y el sistema cardiopulmonar (pulmones, corazón y pecho), entre los cuales se contaban ruptura del globo ocular y ceguera, entre otras afecciones irreversibles como asma y trastornos respiratorias en 32 personas.

Cuando los docentes señalan crudamente y con certeza “no queremos otros Fuentealba”, remiten a que el docente neuquino fue asesinado no por una bala sino por el impacto de una granada lanzagases. Es decir, todas las armas que se usan durante una represión son letales, aunque se pretenda desde el Estado y el gobierno bajarles la densidad.

El gobierno como querellante, un salto en el ensañamiento

El fin de semana se conoció que luego de la represión y detenciones en Panamericana, el gobierno se presentará como querellante en la causa que se armó y en la que aún está por verse si los 6 detenidos serán o no imputados. Claramente, en el caso de que lo sean, será una más de las innumerables causas con las que la justicia persigue a los que luchan.

No se trata de un querellante cualquiera, un particular que, por ejemplo, pudo haber sido afectado por el corte, aunque está claro que se dejaron carriles libres y vías alternativas.

La querella, a través de funcionarios del gobierno, es un salto grave. Por un lado, el victimario que reprimió ilegalmente, luego incluso de que se hubieran dejado carriles libres para circulación y cuando el corte estaba siendo levantado, se presentará como víctima. Una prueba del escarmiento que pretenden contra los manifestantes. Una señal y una presión inaudita a la justicia.

El Estado ya se encuentra representado por los fiscales. El gobierno de Cambiemos, autoerigido como paladín de la libre actuación de la justicia, se ubica ahora como si fuera una víctima o damnificado particular.

Formalmente implica que aportará pruebas, investigará, que motorizará la causa, por ejemplo en el caso de la que la fiscalía (que es quien investiga) no tuviera la intensión, hipotética, de criminalizar la protesta; la injerencia estatal está decididamente planteada para ese fin: ir con todo contra los manifestantes.
Se trata en este caso del poder estatal actuando alevosa y directamente, no ya influenciando jueces o fiscales, sino como un actor clave de la causa que tiene como responsables nada más ni nada menos a las fuerzas represivas y al Ministerio de Seguridad bajo su mando. Las mismas fuerzas que reprimieron brutalmente y además filmaron a todos los trabajadores y manifestantes. Y no lo hará para garantizar o preservar la integridad de los heridos por gases y palos, sino para acusarlos, perseguirlos e impedir el libre derecho a manifestarse.

Es grave porque rompe con la formal separación de poderes. La justicia claramente no actúa con la presunta libertad que debería, todo en términos al menos formales, si el Estado es parte de la causa que si no lo fuera. La presión contra los luchadores es más que obvia. Difícil que un juez actúe contra el propio Estado.

¿Investigará la brutalidad de la represión que dejó a varios heridos? Cualquiera que haya visto el pertrechamiento con el que contaba la Gendarmería podrá darse cuenta que la desigualdad entre esta fuerza y los manifestantes, y nadie podría sostener, salvo fanáticos que buscan la represión a toda costa, que las fuerzas represivas sufrieron ataques. Sí hubo legítima defensa ante los gases, palos y camiones lanzaaguas.

Envalentonados

La movilización del 1A le hizo creer al gobierno que tiene una amplia legitimidad para reprimir las manifestaciones. Pero la brutal represión en la Panamericana, a militantes que ejercían su legítimo derecho a realizar un paro activo, fue repudiada hasta por la CGT. Sin embargo el gobierno desoyó el extenso repudio, y este domingo volvió a la carga. Reprimió con gases lacrimógenos y detuvieron a docentes que intentaron poner una escuela itinerante en la Plaza Congreso,.
Esto volvió a generar el repudio de personalidades políticas, sociales, y derechos humanos. Centros de Estudiantes de la UBA, como en Filosofía y Letras y Sociales, que desde la agrupación En Clave Roja (PTS-independientes), convocaron a clases públicas y movilización en repudio a la represión de los docentes.

No es la primera vez que el gobierno pretende tomar medidas más profundas de represión. A poco de asumir el Ministerio de Seguridad convocó a una reunión para discutir el protocolo antipiquetes a la que participaron legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales de Cambiemos, FpV, entre otros. La ministra Bullrich explicó, a la salida de la reunión, en que consistía el protocolo: a los manifestantes “les vamos a dar cinco minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos“.

Días después, el 24 de febrero de 2016, la gran movilización a Plaza de Mayo y en el resto del país contra los despidos de los trabajadores estatales impidió al gobierno aplicar su protocolo. El primer round lo ganaban los trabajadores.
Quieren quebrar la fuerza de los trabajadores, no lo permitamos

La inflación, los tarifazos, el techo salarial y despidos provocó que marzo de 2017 sea recordada como el mes de las marchas. La represión en Panamericana, el desalojo de trabajadores de la fábrica de AGR-Clarín, que durante 80 días tomaron la planta por sus puestos de trabajo, y el desalojo y detención de cuatro docentes cuando intentaban instalar una escuela itinerante, es un ataque directo al derecho a luchar por parte del gobierno de Macri.

Pero los que están muy contentos con las últimas medidas que tomó el gobierno, es la gran patronal.

Los hombres de negocios, en privado y a través de las redes sociales, celebraron las medidas represivas del Gobierno Nacional.

Los empresarios no están conformes con el brutal ajuste que se les impone a los trabajadores y sectores populares, quieren más, por eso pretenden que Cambiemos controle la calle y quiebre la relación de fuerzas entre las clases. A través de su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), Adrián Werthein sobre el desalojo a los docentes, dijo: “Una escuela itinerante puede ser una forma de reclamo innovadora, pero es necesario seguir los canales institucionales. #Educación”.

Este entusiasmo de las grandes patronales no es otra cosa que el gran acuerdo que tiene con el Gobierno: aumentar los ritmos de trabajo e imponer un techo salarial. Por eso los empresarios, ante la discusión de las paritarias docentes, respaldan al Gobierno en esta batalla. En definitiva ningún empresario quiere pagar más del 20 % en aumentos salariales.

Tenemos que responderles a la altura del ataque, con más organización y masivas movilizaciones, paros y un plan de lucha que demuestren que los trabajadores y el pueblo vamos a enfrentar la represión con los métodos históricos de la clase obrera y que lucharemos contra el ajuste hasta triunfar.