Fuerte incendio en Antofagasta dejó a más de 50 familias y más de 100 damnificados. Nuevamente, queda al descubierto la precariedad a la que son arrojadas miles de familias a causa del negocio inmobiliario, que hizo del derecho a la vivienda una verdadera "gallina de huevos de oro". Es urgente organizarse por un Plan de Emergencia, impulsado por comités de vivienda, juntas de vecinos, organizaciones territoriales, sociales y sindicatos.
Jueves 13 de mayo de 2021
Según bomberos son alrededor de 104 damnificados y más de 50 familias las que están siendo afectadas por un fuerte incendio en el sector norte alto de la ciudad de Antofagasta.
El siniestro afectó a los campamentos Mujeres Unidas y Fuerza Latina, ubicados en Juan Ferraro y Mateo de Toro y Zambrano, dejando a decenas de familias afectadas, siendo principalmente familias de inmigrantes.
Se trata de incendios recurrentes, lo que muestra que no es un hecho de la naturaleza o de un error humano, sino de la miserable política de vivienda que existe en Chile, donde lo que debería ser un derecho es un enorme negocio millonario. La lógica del negocio inmobiliario y la especulación con los suelos, deja en manos de grandes empresarios casi la totalidad de la construcción. Mientras cada año es menor la cantidad de proyectos sociales que el Estado se ha propuesto construir, a pesar de que en la ciudad existen más de 7 mil familias en campamentos. Una realidad que no ha sido solucionada ni por la ex Concertación, ni la derecha ni figuras regionalistas, que se han turnado la administración de la comuna. Hoy, en plena campaña, hacen demagogia con la desgracia de decenas de familias.
Por todas las familias que hoy se vieron afectadas y por el conjunto del pueblo que exige vivienda digna, siendo una consigna de lucha durante el estallido social; es urgente que los sindicatos, juntas de vecinos, organizaciones territoriales y sociales, se organicen de conjunto con estudiantes y jóvenes, por un plan de emergencia de vivienda que exija a los grandes empresarios de la inmobiliaria la entrega inmediata de departamentos o casas sin habitar, para el uso de las familias damnificadas por el incendio.
A la vez, es imprescindible organizarse por un plan de obras públicas controlado por las organizaciones y comités de vivienda, junto a los sindicatos de la construcción, para terminar con el negocio de las inmobiliarias y garantizar un derecho mínimo que es tener un lugar donde vivir con dignidad.
