Hace unos días se hizo pública la resolución de la Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra) francesa, otorgando la condición de asilo político a Ricardo Palma Salamanca, condenado a dos cadenas perpetuas por la Justicia chilena.
Juan Andres Vega Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
Lunes 5 de noviembre de 2018
Ricardo fue condenado a dos cadenas perpetuas en calidad de supuesto autor del asesinato de Jaime Guzmán, redactor de la Constitución pinochetista de 1980.
El caso Guzmán y la impunidad de los golpistas
Desde hace años es sabido que el golpe de Estado de 1973 y los 17 años de dictadura no fueron sostenidos únicamente por las fuerzas militares, sino que contó con la colaboración de civiles. Entre ellos se cuentan Joaquín Lavín, alcalde Las Condes; José Piñera, hermano del presidente y creador de las AFP y el Código Laboral actual; Andrés Chadwick, ministro del Interior.
El fundador del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, se cuenta como uno de los miembros más destacados de aquella lista. Guzmán fue el principal artífice de toda la institucionalidad vigente, participando directamente en la comisión Ortúzar, encargada de la redacción de la Constitución de 1980, para luego fundar la UDI en 1983. En 1989 obtuvo la tercera mayoría en aquellas elecciones parlamentarias, sin embargo gracias al sistema de elección binominal contemplado en su constitución, fue elegido senador.
Es decir, que después de 17 años de activa colaboración con la dictadura genocida, fue librado de cualquier responsabilidad penal, así como todos los civiles involucrados e incluso el dictador. Impunidad que contrasta espectacularmente con la dura represión que sufrieron todos los grupos armados que enfrentaron la dictadura y las poblaciones que protagonizaron las protestas nacionales contra ésta.
Sin embargo, en 1991 tras terminar sus clases en la Universidad Católica, Jaime Guzmán -defensor acérrimo de la pena de muerte- fue asesinado en un atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con el fin de “hacer justicia” frente a todos los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado chileno bajo la administración del régimen pinochetista, mismo régimen que todos los gobiernos hasta la fecha han mantenido impunes.
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Un año después, Ricardo Palma Salamanca -alias “El Negro-, fue capturado junto a otros frentistas por la Policía de Investigaciones, para luego ser condenado a cadena perpetua como autor material del ajusticiamiento. Pero en 1996 fue liberado de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, por un helicóptero en una operación comandada por Raúl Escobar Poblete -alias comandante Emilio- conocida como Operación Vuelo de Justicia.
A inicios de este año fue capturado en Francia, y desde entonces la UDI ha estado llevando adelante una petición de extradición, pero hace tres días la Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas declaró al “Negro” como asilado político, resolución que cayó como un balde de agua fría a las aspiraciones de los gremialistas.
El asilo: indignación de la derecha y la mentira progresista
La declaración de la Ofpra, órgano autónomo del Estado francés que dirime estos casos, causó mucha molestia dentro de los partidos empresariales, cuyos dirigentes salieron rápidamente con una carta de protesta donde se exige a la Ofpra que revoque la decisión de dar asilo a Ricardo Palma.
En esa misma línea, el gobierno también pidió cita con el embajador francés para presentarle sus reclamos, lo cual resalta con la actitud cuando la Corte Suprema libera a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, por torturas y desapariciones de miles de hombres y mujeres ¿Es que acaso la vida de esos cientos de seres humanos valen menos por no ser senadores? ¿o acaso los genocidas no son terroristas por desaparecer militantes de izquierda?
Sin embargo, la derecha no fue la única en declararse en contra de la resolución, se sumaron también la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialista, es decir, los partidos que durante 24 años hicieron justicia "en la medida de lo posible", que crearon no uno, sino dos centros penitenciarios especiales para el puñado de oficiales condenados por delitos contra la humanidad, sale a manifestarse enérgicamente en contra del asilo. Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló en entrevista con La Tercera “Cabe preguntarse por qué Francia o sus organismos entienden que en Chile no están las condiciones para llevar a cabo un proceso judicial”.
Lagos da en el clavo del trasfondo político de la resolución, porque al otorgar la condición de asilado a Palma Salamanca, el Estado francés reconoce que en Chile no existen las condiciones para que el ex frentista sea condenado y procesado por el crimen que se le imputa. Esto se hace evidente si se contrastan las excepcionales condiciones carcelarias que viven los militares con la de los presos políticos mapuches. En particular la liberación de criminales de lesa humanidad por la Corte Suprema versus la larga huelga de hambre del Machi Celestino Córdova por salir durante 48 para un rito religioso.
La resolución de la Ofpra deja de manifiesto varios elementos. La doble moral que tiene la derecha en cuanto al trato de las causas judiciales con motivos políticos; el cinismo de la “oposición” progresista, heredera de la dictadura, que saca la voz por el asesinato de Guzmán, pero durante 24 años guardó -y guarda- silencio por los crímenes de la dictadura, contenidos en el informe Rettig elaborado durante el gobierno de Patricio Aylwin, cuyo contenido es secreto de Estado, y la imparcialidad del Estado chileno para juzgar delitos políticos, según éstos sean a favor o en contra del régimen político-institucional heredado de la dictadura.
