En atención a las recomendaciones 9, 10 y 11 de 2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por los acontecimientos del 10 de junio, 2 de octubre de 2013 y 22 de abril de 2014, próximamente será presentada ante la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) la propuesta de derogación de los delitos relativos a ultrajes y ataques a la paz pública, artículos 287 y 362 respectivamente del Código Penal para el Distrito Federal.

Andrés Aullet Abogado y maestro en Derechos Humanos
Miércoles 30 de septiembre de 2015
Desde el MTS y la Liga de Abogados 1Dmx consideramos que lograr la derogación de estos artículos que tienen un uso político ex profeso para criminalizar a la juventud y la protesta social sería un paso adelante y favorecería las luchas obreras, populares y democráticas.Tenemos muy claro que la utilización de estos delitos desde el 1 de diciembre de 2012 a la fecha buscó golpear a los sectores que se movilizan al lado de los trabajadores y el pueblo pobre en la Ciudad, contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México del PRI, PAN y PRD, las reformas estructurales y las privatizaciones. Pero también contra aquellos que nos oponemos al gobierno de Miguel A. Mancera, cómplice y garante de los planes del régimen político nacional en la ciudad de México.
De concretarse, la derogación de estos delitos no es una concesión graciosa de la ALDF: es el resultado de la lucha, y en particular de la persistencia que distintas organizaciones han llevado adelante, denunciando esta legislación y defendiendo a los presos políticos y procesados con estos artículos desde el 1Dmx, tanto en tribunales como en las calles y en la propia CDHDF.
La reforma que sufrió el artículo 362 en diciembre de 2012 -que permitió excarcelar a los presos de las protestas contra el ascenso de EPN-, fue esencialmente a causa de la movilización y la solidaridad internacional, que ha permitido en diferentes momentos arrancar de las cárceles a los presos de Mancera. Pero es importante señalar que la lucha contra la criminalización a la protesta social ha sido constante también a través de la pelea legal que se han hecho desde la Liga de abogados y la Coordinadora 1 de diciembre, y en la que hemos participado activamente desde el MTS y sus ex presos, entre otros.
La Lucha está en las calles y con los métodos de lucha de la clase trabajadora.
Una de las lecciones de ésta lucha es que sólo apelando a la movilización y solidaridad nacional e internacional, y a los métodos de lucha de la clase trabajadora, articulado con la acción legal consecuente que hemos ejercido, es lo que nos permite llegar a este punto.
Es por esto que no podemos dejar pasar que la ALDF se pinte como “democrática” por derogar estos delitos.
La realidad es que la propuesta de derogación es consecuencia de las recomendaciones emitidas por la CDHDF luego de que se lograra demostrar que existe un patrón constante del Estado, en particular del GDF, por criminalizar y judicializar la protesta social y a la juventud, a través de detenciones arbitrarias e ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así como de la violación sistemática a los derechos humanos, garantías judiciales y procesales, la aplicación de los protocolos de contención de masas y policíacos.
Debemos mantener la lucha en las calles. Más allá de la derogación de los delitos, la criminalización de la lucha contra quienes venimos enfrentando las reformas estructurales, nos inconformamos contra el autoritarismo, la represión, la militarización, y nos solidarizarnos con las demandas de los trabajadores y el pueblo pobre van a continuar.
Esto, ya sea legislando nuevos artículos que criminalizan a la protesta social, la imputación de delitos no cometidos, o de facto a través de la represión y la profesionalización de los cuerpos represivos de la Ciudad.
En consecuencia, debemos de llegar hasta el final imponiéndole en las calles al GDF y a la ALDF la derogación de los delitos políticos como el 287 y 362, entre otros, y para no dar oportunidad a que se legislen normas que los sustituyan.
No sólo son el 287 y el 362
Para acabar con el autoritarismo, la represión, la militarización, etc., en el país -y en particular en el DF-, que responden directamente a los intereses imperialistas y de la patronal mexicana, tenemos que luchar fuertemente también contra la opresión imperialista y los acuerdos del gobierno Mexicano con Estados Unidos.
Como el Plan Mérida y el Plan Frontera Sur, que destinan millones de dólares del presupuesto nacional al ejército y las fuerzas armadas, para garantizar la estabilidad de los negocios del imperialismo.
Al mismo tiempo debemos pelear por el no pago de la deuda externa, la cada vez mayor injerencia militar estadounidense en México y los acuerdos comerciales para la compra de armas. Solo así podremos conquistar una verdadera y efectiva independencia nacional, y que los recursos destinados al cumplimiento de una deuda que no contrajimos los trabajadores y el pueblo y a la compra de material bélico sean destinados al gasto social como la educación, hospitales, vivienda, para la recuperación ambiental, etcétera.
Necesitamos seguir movilizándonos contra la militarización y por el regreso del ejército a sus cuarteles, por la disolución de los cuerpos represivos y los protocolos de contención de masas de la policía del DF. Así como por la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos como Abraham Cortéz, contra la impunidad y por el juicio y castigo a los asesinos de Carlos Sinhué, Rubén Espinosa, Nadia Vera, entre otros.
Sólo poniendo en pie un gran movimiento democrático en las calles de la Ciudad y el país que retome estas demandas, y llamando a que se sumen al mismo a los sindicatos que se reivindican democráticos y opositores como la CNT, la UNT, el SME, etc., es que podremos ponerle un alto al gobierno de Peña Nieto a nivel nacional y de Mancera en el DF.

Andrés Aullet
Abogado y maestro en Derechos Humanos