Declaración. Ante la ofensiva reaccionaria sobre el Conicet: ¿cuál es el sistema científico que hace falta defender?

En los últimos días hemos asistido a una ofensiva reaccionaria contra el sistema científico encarnada en los dichos públicos del candidato presidencial Javier Milei. Lo primero que es necesario decir es que estas declaraciones no constituyen ningún hecho consumado y que tratarlas como si lo fueran conlleva un grave error: le otorga carácter de verdad a algo que no posee tal estatuto. De igual manera, una respuesta acrítica no hace más que amplificar estas declaraciones y convertirlas en la principal agenda política y mediática: no podemos ni debemos desplazar del centro de nuestras preocupaciones nuestra propia agenda de reivindicaciones. Sin embargo, no podemos negar que en el actual escenario de profundización del ajuste, propuestas como las de Milei podrían perfectamente concretarse bajo la forma de un vaciamiento de los organismos de Ciencia y Técnica.

Entendemos que esta posibilidad potencial nos compromete entonces a decir lo que siempre fue y es necesario decir sobre el sistema científico-tecnológico argentino -y no sólo hoy y a propósito de la ofensiva libertariana. Nos interesa formular una respuesta tanto a estas declaraciones como así también a gran parte de las respuestas oficiales a los dichos del candidato: respuestas que han obviado en sus análisis elementos cruciales no sólo para comprender la situación actual de la ciencia argentina sino, también, para entender mejor por qué este tipo de propuestas tienen eco entre amplios sectores de la población.

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En primer lugar, debemos considerar que el discurso de Milei se monta sobre el ataque a la “casta”: es decir particularmente a funcionarios públicos de mayor o menor rango que gozan de privilegios económicos por sus contubernios con los organismos y empresas estatales (los cuales, en el discurso del libertariano, quedan prolijamente desmarcados de los sectores empresariales a los que se les rinde total pleitesía). En un país donde las grandes mayorías viven sus vidas en condiciones de creciente precariedad, un ataque discursivo de esta clase resulta eficaz y guarda, inclusive, cierta verdad: ¿qué mejora sustancial ha representado para la vida cotidiana de la clase trabajadora la propiedad estatal -o al menos, pseudo estatal- de las empresas públicas? Pues o bien escasas o bien nulas mejoras. Responder por tanto a las declaraciones de Milei enfatizando que atacar al CONICET “es atacar al Estado” -tal como hizo Ana Franchi, directora del organismo- no es más que echar más leña al fuego: atacar al Estado y a los sectores que, en comparación con las mayorías populares, viven con relativos privilegios es precisamente aquello que busca el candidato de La Libertad Avanza.

Por el contrario, entendemos que la respuesta más atinada frente a ofensivas de este tipo debe ser explicitar que la actividad científica debe financiarse públicamente porque ésa es -o mejor dicho: debiera ser- una garantía de su orientación a la resolución de los problemas sociales más acuciantes que padecen los sectores populares. Sin embargo basta con enunciar esta consigna para caer en la cuenta de que hace ya bastante tiempo el campo científico y tecnológico argentino se encuentra regido por otras lógicas: se orienta cada vez más a la reproducción del emprendedurismo, del patentamiento, del fomento de la ciencia empresaria y las incubadoras de empresas, de la presión para realizar transferencia y vinculación con el sector privado, de la exigencia y presión por un hiperproductivismo cuantificado en papers y por la valorización del trabajo científico a partir de estándares carentes de verdadero sentido social.

Las principales respuestas mediáticas que se han dado de parte de las autoridades del organismo dan cuenta de estas características de la ciencia argentina y de los pilares sobre los cuales busca erigirse en la actualidad: insisten en rescatar como logros centrales del CONICET la creación del Trigo HB4 o su involucramiento en proyectos extractivistas a propósito de los cuales se han forjado numerosas resistencias de colectivos, comunidades y pueblos originarios. Apuestas estratégicas en lo que constituye una reedición de la teoría del derrame pero que en la práctica responden a la necesidad de asegurar el ingreso de dólares para solventar los pagos pago de la deuda externa. También debemos señalar que se han reivindicado en el marco de estas respuestas oficiales el desarrollo de tecnologías destinadas a la pandemia, tales como el barbijo ATOM-Protect o el diseño de test de diagnóstico de Covid19. Se trata de tecnologías que, por un lado, fueron transferidas al sector privado (lo que limitó su acceso) y que, por otro lado, son parte de una respuesta sanitaria que constituye un punto de debate social y científico aún no saldado. Respecto de este debate hubiera sido deseable que el principal organismo científico habilitara un intercambio plural y democrático y no un alineamiento automático con el discurso oficial e invisibilizador de voces y posicionamientos científicos diferentes.

Señalar esta orientación del sistema científico no significa, no obstante, desconocer que son numerosos los investigadores e investigadoras que realizan ciencia comprometida con las necesidades y los problemas sociales más relevantes, abonando a su vez al pensamiento crítico que cuestiona los propios modos de hacer ciencia. Pero se trata de compañeros y compañeras que llevan adelante estas tareas mayormente en soledad y a pesar de las lógicas que rigen el sistema científico-tecnológico: sus investigaciones no son portada ni bandera del CONICET y la persecución de la que suelen ser objeto tampoco cuenta con la solidaridad de las autoridades del organismo. Se trata entonces de combinar la defensa del sistema científico y tecnológico -así como de todo otro organismo estatal- con la exigencia de que el mismo sirva a los intereses de las mayorías populares en vez de ser ofrendado a los intereses del empresariado y el sector privado o de ser utilizado oportunistamente por un gobierno que se autoproclamó como "el gobierno de los científicos" mientras no hizo más que continuar con el desfinanciamiento el sector.

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Por último, se torna necesario recordar que, lejos de constituir una novedad, el ajuste presupuestario sobre el sector científico y especialmente sobre el propio CONICET, está en curso desde hace varios años y sus históricas demandas gremiales se encuentran desatendidas gobierno tras gobierno: la carencia de Convenio Colectivo de Trabajo, el recorte presupuestario, la negativa a pasar a planta permanente al personal de gestión, la falta de derechos laborales para becarios y becarias que transitan siete o más años de precariedad laboral sin garantía alguna de alcanzar estabilidad una vez concluido dicho período y la licuación salarial (frente a la cual sólo han realizado aumentos insuficientes que no impactan sobre el básico) siguen, desde hace más de una década, siendo deudas pendientes. Hay que tolerar que hasta el mismísimo Lino Barañao, uno de los ministros de CyT más ajustadores de la historia científica argentina -primero kirchnerista y luego macrista- se permita expresar ante la prensa (durante una concentración en el polo científico y tecnológico contra “el cierre del CONICET”) que los/as investigadores/as del organismo poseen un “salario paupérrimo” en comparación con el que ganan investigadores/as de otros países latinoamericanos.

Quienes hemos vivido el ajuste macrista sobre el sector científico recordamos perfectamente la apuesta de las conducciones gremiales (ayer opositoras y hoy oficialistas) durante aquel conflicto: desgastar los procesos asamblearios, levantar las medidas de lucha más contundentes (como las tomas de los edificios de las sedes del CONICET), desconocer por completo a las construcciones gremiales y negarse a exigir la renuncia de Barañao bajo el argumento de que “alguien peor” iba a venir a reemplazarlo. Entendemos por tanto que, si bien es necesario denunciar las propuestas reaccionarias de Milei, también es necesario alertar las viejas/nuevas complicidades que puedan ser funcionales a las mismas cuando haga falta defender en la calle aquello que esté en juego. Al mismo tiempo, reconocemos que la precariedad laboral en las condiciones de trabajo de la mayoría del personal del organismo (becarios/as y personal de gestión) debiera ser un motivo para comprender mejor a quienes, empujados por el malestar y la falta de horizontes que atraviesan sus vidas, expresan su bronca a través de opciones electorales disruptivas. Es éste el motivo por el que sólo si logramos hacer confluir las reivindicaciones sectoriales con los reclamos de trabajadores precarizados, de desocupados y también de los movimientos de mujeres y socio-ambientales podremos ponerle un freno al ajuste en curso y a los planes de profundizarlo.