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Red Internacional
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QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS. Ante la pandemia, impuestos inmediatos a las fortunas de Slim y los 10 más ricos de México

Es urgente incrementar el presupuesto a la salud. Los súper ricos de México concentran 122 mil millones de dólares.

Pablo Oprinari

Pablo Oprinari Ciudad de México / @POprinari

Martes 7 de abril de 2020

La pandemia del COVID que se extiende por el mundo y que llegó a nuestro país, puso en primer plano la crisis de la salud pública en México.

Esto es el resultado de la aplicación a rajatabla de los planes neoliberales, mandatados por el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos financieros internacionales.

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A nivel mundial, la reducción de los presupuestos a la salud se aceleró a partir de la crisis del 2008: países como Italia y el Estado Español redujeron hasta en un 50% los presupuestos.

En América Latina, esto ha ido aún peor. Lo llevaron adelante los gobiernos derechistas, en tanto que las administraciones progresistas, cuando no aplicaron directamente la reducción de las asignaciones, mantuvieron los presupuestos en sus niveles históricamente bajos. Este fue el caso también de México, donde con la llegada de AMLO a la presidencia, no cambió la situación de la salud y se evidenció la falta de medicinas como en el caso de los enfermos de cáncer.

Esto, mientras el sector privado, encabezado por los hospitales y los laboratorios, se ha beneficiado del desmantelamiento de la salud pública en todo el continente.

Las consecuencias de subordinar la salud de las grandes mayorías trabajadoras a las exigencias de las transnacionales y de la Casa Blanca, hoy las estamos viendo.

Ahora, ante la pandemia, la respuesta de los gobiernos de la región, y del mexicano en particular, es buscar achatar la curva mediante la cuarentena, para intentar contener el colapso de los hospitales públicos ante el crecimiento del número de infectados.

Pero lo que se requieren son medidas drásticas y urgentes para fortalecer, rápidamente, el sistema de salud, como parte de un plan integral de emergencia sanitaria. La primera de esas medidas debería ser obtener los recursos necesarios, mediante un impuesto a las fortunas multimillonarias, empezando por aquellos superricos que aparecen en las listas de la revista Forbes.

Un sistema de salud en crisis

El presupuesto para la salud es en México del 2,6% del Producto Interno Bruto, unos 634 mil millones de pesos. Esto está muy por debajo de los niveles recomendados de un 8 o 10%, por no hablar del 10,6% que asigna Cuba a este rubro. En los últimos 8 años, incluyendo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presupuesto no pasó del 2,7% del PIB. En la última asignación presupuestal, la partida asignada a la detección epidemiológica fue recortada en un 10%.

En nuestro país hay una cama cada mil habitantes, ocupando el penúltimo lugar dentro de los integrantes de la OCDE.

Según las propias declaraciones oficiales -que contrastan con el discurso inicial de optimismo y autosuficiencia del presidente-, hay un déficit de más de 200 mil médicos en el país.

Las y los trabajadores del sector -cuyas condiciones de trabajo y de jubilación se hay precarizado en los últimos 20 años- no cuentan con el material de trabajo adecuado, en tanto que enfrentan bajos salarios y una sobrecarga laboral permanente.

Esto se agrava en muchos estados de la república, en particular en las zonas más alejadas del centro del país y de las ciudades principales. Allí las condiciones son aún más precarias.

Respecto a la estrategia sanitaria oficial, más allá de los argumentos desechando las pruebas de detección enarbolados por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, es evidente que la negativa a implementar tests masivos radica en la falta de presupuesto, el cual es necesario tanto para adquirir las mismas como para montar de forma acelerada su producción en el país.

Aunque el gobierno ha anunciado distintas acciones para fortalecer el sistema sanitario antes de que inicie la fase 3, es evidente que se requieren medidas muy radicales para poner a tono la infraestructura, el personal de salud y el instrumental médico, con el agravamiento de la situación que implicará la generalización de la trasmisión comunitaria.

Recursos hay, pero no hay política para obtenerlos

Dentro de esas medidas, lo primero es obtener los recursos económicos para lograr ese fortalecimiento del sistema de salud. Para eso no basta con las reducciones salariales propuestas por el presidente, ni vendrán del combate a la corrupción. Estas medidas son insuficientes.

Dinero hay, solo hay que tener la decisión política para conseguirlo. En México 4,000 personas están entre las más millonarias del planeta. En tanto que 10 concentran una riqueza superior a los mil millones de dólares cada uno.

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En el 2019, los 10 superricos de México -encabezados por el magnate Carlos Slim Helú, de Grupo Carso- sumaban en sus arcas 122,1 millones de dólares. Esto incluye, además del propio Slim, a personajes como Germán Larrea (Grupo México), Ricardo Salinas (Grupo Salinas), Alberto Bailleres (Grupo Bal), Eva Gonda (FEMSA), María Aramburuzabala (Grupo Modelo), magnate de la salud privada, entre otros. Además, solo en los últimos 3 años, sus fortunas crecieron más de un 30%, desde los 93 millones de dólares que contabilizaban en el 2016. Además hay magnates como Olegario Vázquez Raña del Grupo Empresarial Ángeles con fortunas multimillonarias.

Un impuesto extraordinario a estas grandes fortunas -amasadas sobre la explotación de los trabajadores- permitiría obtener, rápidamente, los miles de millones de dólares necesarios para enfrentar la pandemia e incluso duplicaría el presupuesto a la salud.

Esto daría los recursos para construir rápidamente los hospitales que se necesitan y adecuar hoteles y otros edificios ociosos; para producir o adquirir los respiradores y todo el instrumental de avanzada requerido para los enfermos; así como las pruebas de detección para aplicarlas de forma masiva.

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Permitiría equipar al personal médico y la población que están en una situación más vulnerable -empezando por los trabajadores de las industrias esenciales- con todo lo necesario para cuidar su salud y evitar los contagios. Y contratar de forma urgente a todo el personal médico, de enfermería y de investigación científica que se requiere.

Esto puede y debe combinarse con la reducción drástica del presupuesto para seguridad y militarización, y con declarar el no pago de la deuda pública -que López Obrador lamentablemente insiste en pagar- porque esos recursos deben utilizarse para atender la salud de la población.

Impuestos progresivos e inmediatos a las grandes fortunas es una medida elemental que proponemos, como parte de un plan urgente para enfrentar la emergencia sanitaria.

Se trata de una propuesta de corte anticapitalista, porque ataca los intereses de los grandes empresarios. La crisis actual no es un fenómeno natural: el impacto devastador que está causando el covid-19 es el resultado de un sistema basado en acrecentar las ganancias de los grandes capitalistas, a costa incluso de la misma salud de miles de millones en todo el orbe.

Frente a eso, requerimos un programa que defienda los intereses de las grandes mayorías en este momento crítico, y un partido revolucionario de la clase trabajadora que la impulse, como parte de una estrategia anticapitalista y socialista. Esta es la perspectiva que impulsamos desde La Izquierda Diario y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas.


Pablo Oprinari

Sociólogo y latinoamericanista (UNAM), coordinador de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución y coautor de Juventud en las calles. Coordinador de Ideas de Izquierda México, columnista en La Izquierda Diario Mx e integrante del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas.

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