Incerpaz tiene salarios retrasados al igual que los obreros del centro nuclear; despedidos en Fidalga, Vitrolux, el Deber, La Razón; cierres y precinto de oficinas y reparticiones estatales y cierre de fábricas como Altifibers. En la empresa Tecnopor las y los trabajadores tienen la fábrica tomada frente a los 52 despidos. Los mineros de Huanuni tomaron la fundidora Vinto y el Magisterio está en huelga y movilizado. Todos son sectores que están empezando a luchar. Muchos de los trabajadores y trabajadoras ya están siendo víctimas del ajuste que los patrones, empresarios y su Gobierno están descargando en sus espaldas y amenazan llevar a miles de familias a la miseria. Sin embargo, lo que ningún medio dice es que las y los trabajadores están empezando a luchar.
Martes 7 de julio de 2020
Foto archivo: trabajadores de Tenocopor (El Diario, 2019)
La ley 1300 que no debía permitir los despidos en esta pandemia, hace unos días fue emitida por la presidenta de la asamblea legislativa, Eva Copa, a pesar del intencionado retraso por parte de Áñez y sus ministros quienes observaron de inconstitucional dicha ley por no tomar en cuenta el despido o desvinculación por “causa justa”. Este retraso ha provocado que sectores empresariales aprovechen y procedan al cierre de fábricas y despidos de trabajadores. Este autodenominado Gobierno, con esa tardanza, está dando una mano a los empresarios para despedir.
Los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, tanto formales e informales, están sufriendo las consecuencias de la pandemia y la crisis económica que ya viene siendo descargada con fuerza en los sectores fabriles, mineros, de servicios así como en algunos rubros de la producción.
Lo que está pasando con varias fábricas y centros de trabajo es solamente el principio debido a que existe un amplio sector de trabajadores y trabajadoras precarizados e informales que no pueden denunciar los atropellos de los empresarios. Por su lado la COB, adormecida, intenta llamar a un ampliado presencial de emergencia, este miércoles 8 de julio, para discutir un plan de lucha.
La pandemia que hasta el día de hoy, según información oficial, registra 40.500 casos y 1.500 muertos se combina con la profundización en la crisis política y económica en el país. Si bien el Covid-19 puede llegar a cualquiera lo cierto es que los que mueren son los sectores de trabajadores, precarizados, campesinos e indígenas cuya vida está amenazada no solo por el virus sino también por el hambre.
Acceder a una prueba de detección del virus está reservado para quiénes pueden pagarla y sin pruebas no hay acceso a la atención médica, por eso seguimos viendo gente humilde que muere en la puerta de los hospitales. Estando lejos del pico de contagios pronosticado por los mercaderes de la salud del Gobierno de Áñez, ya vivimos el colapso sanitario no solo de hospitales y laboratorios, sino también, de cementerios y salones crematorios. En las calles de Cochabamba la gente está empezando a velar a sus muertos en las calles. ¡Basta!, todo esto debe parar porque lo que está en juego es la vida misma, pero no cualquier vida, sino la vida de las mayorías trabajadoras que son las que hacemos que este país funcione y se mueva.
Organizar, organizar en los centros de trabajo
Desde las páginas de La Izquierda Diario, desde la agrupación feminista socialista de mujeres pan y rosas, el centro de trabajadores y profesionales por los Derechos Humanos y contra la represión estatal ProDHCre y la LOR-CI llamamos a organizarnos a todos los y las trabajadoras precarizadas, desempleados, indígenas y campesinos para luchar.
Tenemos que organizarnos para enfrentar la criminalización de la protesta y a los grupos paramilitares que con la protección del policía y la venia de Áñez amedrentan a los sectores populares, como en K’ara K’ara, que exigen derechos básicos como al agua, a la comida, al trabajo; es decir, a la vida.
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Hay que apoyar a las fábricas que están lucha y llenarlas de solidaridad y poner en pie una coordinadora de fábricas cerradas y despedidos. Es en esa instancia donde debemos discutir la nacionalización del sistema de salud privada, sin indemnización, y que su funcionamiento pase bajo control de las enfermeras, de las y los trabajadores de la limpieza y de la cocina, así como de las y los médicos, porque son todos ellos quiénes saben cómo enfrentar la pandemia. Debemos exigir que todos los y las trabajadores de Salud pasen de manera inmediata la Ley General del trabajo terminando la precarización laboral impuesta por los neoliberales y mantenida en los 14 años del gobierno del MAS. Las y los trabajadores organizados con independencia y desde bajo podemos imponer test masivos, condiciones masivas de bioseguridad para todos los de la primera línea. Pero también imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago a la deuda externa.
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También debemos organizarnos porque basta de dejar a cientos de familias trabajadores en la calle. Por eso debemos imponer la nacialización de toda fábrica o empresa que cierre o despida y mantener su funcionamiento bajo administración obrera colectiva. No solo esto, los publicitados bonos de Áñez han demostrado ser una absoluta miseria. Cientos de miles en los sectores populares humildes, indígenas, campesinos están muriendo de hambre. Los y las trabajadores deben exigir e imponer un salario mínimo de cuarentena para todos.
A más de 100 días de la pandemia hemos visto que tampoco el MAS con sus 2/3 están dispuestos a tomar estas medidas. Tenemos que imponerlo con la organización y la lucha.
En este tiempo que sectores populares están empezando a pelear debemos a discutir cómo forjar con la independencia política de las y los trabajadores un partido de trabajadores y trabajadoras revolucionario. Discutir en cada centro de trabajo, en cada barrio, como hacemos pagar la crisis a los patrones, los ricos y los capitalistas porque esta vez no debemos permitir que los costos de la crisis económica y las muertes de la pandemia caigan en nuestras espaldas.
