Después de cuatro “prórrogas” al estallamiento del conflicto, la base telefonista permanece en la incertidumbre y los Slim avanzan en la “separación funcional” a sus espaldas.
Iván Zárate México
Jueves 17 de agosto de 2017
Tal como en 1990, con la privatización de Teléfonos de México, la dirección telefonista encabezada por Francisco Hernández Juárez (FHJ) se apuesta a dejar pasar una política neoliberal más bajo la condición de que no existan liquidaciones masivas y que el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) no sea modificado profundamente.
Pero a más de 25 años de ese suceso histórico y ante el nuevo ataque que se cierne sobre el sindicato, conviene analizar si la estrategia sindical de “colaborar con el patrón” ha sido y es la mejor posible para defender las conquistas de la base trabajadora.
El “éxito” de la estrategia conciliadora de FHJ al enfrentar el problema de la privatización, según sus propias palabras, radica en haber “mantenido” la plantilla laboral y el CCT, hecho opuesto a como ocurrió en otros sindicatos en el país o en el mundo donde hubieron despidos masivos y avasallantes recortes contractuales.
Sin embargo, abrir la puerta a la privatización y a las exigencias neoliberales de Slim, trajo como consecuencia no solo la posibilidad actual de que avancen en la separación de la compañía, sino en una reducción de casi la mitad de la plantilla activa sindicalizada, en el incremento exponencial de trabajadores tercerizados, aumentos de jornadas laborales, decrecimiento salarial, reducción de prestaciones económicas importantes (utilidades, fondo de ahorro, jubilaciones), “flexibilización” laboral, etc.
Así como la política de privatización fue el primer paso del capital privado internacional para abrir el mercado de las telecomunicaciones nacionales a su control, la “separación funcional” es el siguiente en su camino de penetrar en él a través de sus grandes transnacionales. Pero esto tampoco se detiene ahí como lo demuestra el caso de Inglaterra, ya que después de 11 años de “separación funcional” de British Telecom (BT) y Openreach, el regulador inglés (Ofcom) determinó avanzar con la “separación estructural” que obliga a BT a vender la totalidad de Openreach, trayendo como consecuencia golpes drásticos para sus trabajadores.
Como planteamos aquí, solo retomando la tradición democrática y combativa telefonista, que mediante paros y huelgas conquistó las prestaciones y derechos que hoy amenazan, es como la base puede arrinconar al patrón y al gobierno y obligarlos a retractarse de la lesiva “separación funcional”. Porque dejar pasar esta nueva política neoliberal, bajo la “promesa” de no haber despidos ni recortes estrepitosos, es abrir de nuevo la puerta al patrón para que avance aún más sobre las conquistas laborales y para que el gobierno en turno aplique reformas más profundas posteriormente.
El sindicato de telefonistas tiene un poder tal, por el sector estratégico en el que se encuentra, por el número de sus afiliados, su extensión nacional y la convocatoria que tiene a través de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y distintos frentes, capaz de causarle fuertes dolores de cabeza a Slim y a Peña Nieto si la base trabajadora decidiera luchar con todas sus fuerzas.
Si a esto le sumamos el gigantesco odio obrero y popular que existe hacia el gobierno y sus reformas de miseria, podría apuntalar un potente movimiento capaz de echar abajo los planes de los patrones y el gobierno usando el método del paro o huelga general como arma. Que esta perspectiva de lucha se desarrolle dependerá de la confianza que la base telefonista tenga en sus propias fuerzas para vencer, imponiendo por ejemplo paros escalonados hasta llegar la huelga el 25 de septiembre.
