Cuba. Ante las infames y escandalosas condenas: libertad a los presos populares de las protestas del 11J en Cuba

Las movilizaciones del 11 de julio abrieron, evidentemente, una nueva dinámica política en Cuba. Las banderas que se hicieron sentir ese día contra el empeoramiento y la precarización de las condiciones de vida, son una clara demostración del rechazo popular a las medidas económicas implementadas por la burocracia. Las mismas demostraron el descontento existente entre amplios sectores de la población trabajadora con la situación económica y política y con el régimen de partido único, con su negación de libertades democráticas a la clase trabajadora y el resto del pueblo.

Por ello, en ese histórico día, miles se manifestaron contra las consecuencias de la llamada Tarea Ordenamiento, que implicó aumento de tarifas, una inflación que golpeó los bolsillos de los trabajadores y las grandes mayorías populares, acrecentando la desigualdad social, así como contra la opresión política y la represión gubernamental, cuyos efectos se sienten más duramente en el marco del criminal bloqueo de Estados Unidos. Concordamos con los que afirman, dentro de Cuba, que el paquete de medidas del plan “Tarea Ordenamiento” constituyó una política de shock contra la clase trabajadora.

Es verdad que la derecha y el imperialismo yanqui intentaron montarse en las mismas y utilizarlas para su política, que apunta hacia la restauración del capitalismo. Pero la realidad es que las movilizaciones mostraron ampliamente un repudio genuino, que surge de los sectores obreros y populares de Cuba contra la política de la burocracia -que se orienta en un giro cada vez más aperturista- y sus consecuencias sociales que recaen con fuerza sobre el pueblo trabajador.

Por ello, rechazamos toda pretensión de la burocracia de que el descontento que se expresó durante el 11J no tenga una base social real y fundamentos legítimos, descalificándolo como obra solamente de la manipulación imperialista y de la burguesía cubana en el exilio. Manipulación que obviamente existe y actúa por doquier, pero que es usada por la burocracia como excusa para descalificar y reprimir los legítimos reclamos sociales. Por tanto, es fundamental rechazar el autoritarismo de la burocracia y su pretensión de que el descontento no tiene una base real ni fundamentos legítimos.

Ante las protestas más importantes desde la revolución de 1959, la respuesta gubernamental ha sido la represión y la detención de cientos de manifestantes en el mismo día 11 de julio y en los posteriores, la mayoría de ellos pertenecientes a la clase trabajadora y el pueblo pobre de Cuba. Pero esto no quedó allí. En los meses siguientes montaron una serie de juicios escandalosos: procesos llenos de irregularidades, sustentados en calumnias, invención de pruebas, y la obstaculización del derecho a la legítima defensa con condenas infames que han llegado a 30 años de cárcel, en las que se incluyen a menores, por el solo hecho de ejercer su derecho a protestar y manifestarse. Y donde no faltaron las denuncias de los detenidos por tortura y brutalidad policial. Como resultado de ello, fueron procesadas 790 personas.

No puede haber ninguna duda sobre la responsabilidad estatal en los hechos de violencia represiva que se vivieron el 11J, tanto por las condiciones generadas por sus políticas, como por la acción de las fuerzas policiales y los grupos de choque enviados por la burocracia gobernante y el Partido Comunista. No cabe ninguna duda tampoco del derecho de los manifestantes de las protestas a defenderse ante la brutal represión ejercida por los órganos del Estado y sus grupos de choque. No puede haber ningún motivo que justifique colocar en el mismo plano la violencia represiva del Estado con algún tipo de violencia ejercida por los manifestantes reprimidos, que expresaban su rabia ante tanta calamidad y opresión política.

Desde el principio, las acusaciones para los manifestantes han sido desde “desacato”, “desórdenes públicos” y “actos vandálicos” hasta “sedición”. Las penas alcanzaron los 30 años de prisión. Una severidad absolutamente arbitraria, considerando que el único “delito” de los condenados fue ejercer el elemental derecho a manifestarse. Un derecho que en Cuba no existe para los trabajadores si no es a través del PCC o sus “organizaciones de masas”, mientras sí aplica para organizaciones tan reaccionarias como la Iglesia Católica.

Durante los meses de julio, octubre y diciembre de 2021, así como en enero y febrero de 2022, iniciaron y se realizaron numerosos juicios, donde se instrumentaron condenas escandalosas. Más recientemente hemos visto cómo 17 personas fueron condenadas en marzo a entre 3 y 10 años de cárcel por participar en las movilizaciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en el occidente de Cuba, lugar en el cual, ese día, se dio la primera protesta. El fallo del tribunal alcanzó a personas de entre 22 y 67 años, y señaló a los condenados como quienes "se desempeñaron como líderes del disturbio y cometieron las acciones delictuosas".

El caso más emblemático de estos juicios fue el de Yoan de la Cruz Cruz, unos de los jóvenes que retransmitió las protestas en directo, por redes sociales. Es condenado porque "transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones". Ejemplo de que la burocracia prohíbe y persigue la más básica libertad de expresión.

Ese mismo mes culminaba el juicio a los detenidos en Esquina de Toyo y La Güinera, barriadas pobres de La Habana. En este caso, las severas penas alcanzaron los 30 años de cárcel; y si se suman las condenas que recibieron las 127 personas encontradas culpables, llegan a los 1916 años de cárcel; lo cual incluye a 4 menores.

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Finalmente, el 31 de marzo, fue condenado a 6 años de cárcel el artista Abel Lescay, bajo los cargos de “desacato agravado”, “desórdenes públicos” y “desacato de la figura básica”. Detenido en la noche del 11 de julio en su domicilio, Lescay sufrió Covid19 durante su encarcelamiento, y fue liberado después de una semana por la presión internacional y nacional. Aun así, fue arrestado nuevamente el 2 de febrero, mientras se armaba un proceso basado -como ocurrió en el resto de los condenados- en mentiras y calumnias.

Estos juicios fueron acompañados -como ha sido ampliamente denunciado en Cuba y a nivel internacional- por una verdadera campaña de amenazas, persecución y amedrentamiento en contra de los detenidos, sus familias y activistas. Muchos de estos fueron perseguidos y encarcelados -en algunos casos en varias ocasiones- por protestar ante esta situación. Como parte de esto, se ha desatado también el hostigamiento contra los periodistas del portal de izquierda La Joven Cuba, acusados de “contrarrevolucionarios” por la televisión oficial.

Se trata entonces de una verdadera política de Estado, para apagar toda voz crítica, y dar un “ejemplo” aleccionador a quienes consideren movilizarse nuevamente, violando de esta manera el gobierno el más elemental y democrático derecho a la protesta. El objetivo de la burocracia cubana es amedrentar a los descontentos con su política económica y social. Esto, mientras aceleran un giro aperturista y sostienen medidas económicas que recaen violentamente en las espaldas del pueblo.

Ante esto, se vienen multiplicando las voces de solidaridad tanto en Cuba como a nivel internacional, llamando a la liberación de los presos populares y contra la represión gubernamental. Entre ellas se encuentra el reciente llamado publicado por la iniciativa Solidaridad 11J impulsados por diversos colectivos y activistas de Cuba. Así como también las declaraciones publicadas por el colectivo Comunistas, y muchas otras voces dentro de Cuba de importantes intelectuales, colectivos, periódicos y revistas digitales.

Asimismo, desde la Red internacional de diarios La Izquierda Diario, con presencia en 14 países y 8 idiomas, hemos difundido ampliamente y llamado a la más amplia solidaridad con los presos populares de las protestas del 11J en Cuba y exigiendo su inmediata libertad, poniendo nuestro medio y nuestras voces al servicio de ello. De igual manera y en consonancia se han expresado las organizaciones que conforman la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional (FT-CI) y sus principales referentes entre los que se encuentran diputados nacionales, provinciales y legisladores como Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, parlamentarios del PTS/FITU en Argentina, entre muchos otros, representantes sindicales, y referentes políticos, obreros, estudiantiles en más de 14 países.

Ante la grave situación que hoy se vive, con el encarcelamiento de los manifestantes del 11J, es urgente el llamado a la solidaridad internacional, contra la represión y persecución a los activistas populares. Así como por el derecho a la protesta y por la libertad inmediata y plena de todas y todos los presos populares de las protestas del 11 de julio.

Es indudable que las protestas del 11J han surgido, como hemos expresado, bajo la bandera de la lucha contra la desigualdad social y la opresión política, que ha venido creciendo producto de las políticas de la burocracia. A la par que se despliegan la más diversas iniciativas por la libertad de los presos populares de las protestas del 11J y toda la política represiva y de opresión política, es necesario también enfrentar la política del gobierno de Díaz-Canel y el conjunto de la burocracia cuya represión es en función de sus planes y políticas como Tarea Ordenamiento, que acrecientan la desigualdad social.

En tal sentido es que sostenemos que, para enfrentar la restauración capitalista, ya sea a través del imperialismo y sus agentes o de la propia burocracia, es preciso levantar un programa que parta de la lucha contra el criminal bloqueo imperialista y de las demandas más sentidas y urgentes de las amplias masas y sus derechos.

Para ello, los trabajadores y las trabajadoras cubanas necesitan defender sus derechos y libertades democráticas. La negación de estos derechos democráticos es tal, que el gobierno cubano le otorga más libertades de expresión y difusión a sectores como la iglesia católica y otros credos, por ejemplo, que a las organizaciones obreras. No permiten que haya organizaciones sindicales independientes de la disciplina estatal, transmitida por la burocracia de la CTC (Central de Trabajadores de Cuba), que es un brazo del gobierno; no le permiten a los trabajadores tener prensa y medios de difusión propios diferentes a los del partido gobernante y el Estado; ni permiten asociarse políticamente por fuera del control del PCC.

Por tanto, reivindicamos el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de Cuba a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean, y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores. Defendemos su derecho de prensa, a tener sus propios medios de comunicación y difusión. El derecho a la manifestación, a la huelga y a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo. Una pelea que debe desarrollarse en lucha por la democracia de los verdaderos productores, la democracia obrera, en la perspectiva del poder de los trabajadores.

Es necesario terminar con los privilegios de la casta gobernante -que se beneficia activamente de la política aperturista que impulsa- y su régimen de partido único, que es el principal garante de la misma. La pluralidad de partidos obreros, socialistas o que defiendan la revolución, es un aspecto clave para pelear una perspectiva alternativa en favor de los intereses de los trabajadores y el pueblo cubano. Por ello, estamos por la legalidad de todas aquellas organizaciones políticas que defiendan las conquistas que aún subsisten de la revolución, las bases de la economía planificada y por supuesto la plena independencia nacional. Es decir, organizaciones socialistas y antiimperialistas.

A la par, se hace fundamental el desarrollo de organismos de autodeterminación de las masas con democracia directa, para que los trabajadores y los sectores populares discutan todos los pasos a dar y el curso de la economía y la sociedad cubana. En los mismos deberá basarse un gobierno propio de los trabajadores y explotados, una necesidad fundamental para revertir las consecuencias de las políticas procapitalistas impulsadas por la burocracia, el cual tendrá planteado revisar todas las medidas de apertura, recomponer el monopolio del comercio exterior y la cada vez más degradada planificación de la economía, e impulsar una política verdaderamente internacionalista y antiimperialista activa.