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Red Internacional
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Coronavirus. [Antofagasta] La precariedad laboral dentro de los hospitales públicos concesionados a privados

La precariedad laboral de servicios externalizados como salud y alimentación, hoy con la pandemia que azota al país quedan mas al desnudo que nunca

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez Concejala Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de Salud "Abran Paso"

Miércoles 25 de marzo de 2020

En Antofagasta, el Hospital Regional, el de mayor complejidad y de referencia de la macro zona norte, está concesionado. Luego de que en 1996 se promulgara la ley de concesiones de obras públicas que buscaba “introducir al mercado en la gestión pública” con amplio acuerdo de los pactos políticos de ese momento, y que en el Gobierno de Ricardo Lagos se agregaron el programa penitenciario, el transporte público y la salud.

Así es como hoy existen hospitales públicos administrados por privados, en el caso de Antofagasta se trata de una empresa española Sacyr que ha concesionado carreteras y hospitales en todo el mundo, sin buenos resultados.

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Ejemplo de esto también es como administran a los trabajadores de servicios externalizados a la salud, como alimentación y aseo, quienes han sido precarizados al máximo en sus funciones. En este caso hablamos de la empresa Siglo XXI, que en el marco del coronavirus ha significado miedo y descontento para los trabajadores, ante condiciones que venían arrastrándose en los 2 años de concesión hasta la fecha.

Es así que se levantó una comisión de higiene y seguridad dentro del sindicato de trabajadores del aseo siglo XXI, dada la nula respuesta de la concesionaria ante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia. Con un petitorio que pedía insumos básicos para la protección personal hasta las licencias pagadas para la población de riesgo que aún sigue trabajando enfrentadas a los contagiados por virus.

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Pero lo más indignante de todo esto es el negocio redondo que hace la concesionaria por medio de las AFP recibiendo US$ 70 millones como inversión, como si ese dinero no viniera de los bolsillos de las y los trabajadores que se atienden y trabajan en la salud pública, que hoy en medio de una crisis sociosanitaria no está siendo capaz de responder.