El problema de la vivienda es evidente a simple vista en la región de Antofagasta, especialmente en la comuna. El déficit total de viviendas en la región es de 21.172 unidades habitacionales.

Esa es la cifra que algunos meses atrás le entregó el gobernador Ricardo Díaz al ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Su dato lo extrae del Censo de 2017. En Chile, el déficit habitacionalse define como “los estados de carencia en la satisfacción de necesidades de alojamiento de los hogares”. Cuando se entregan cifras como esa, lo que se indica es el denominado déficit cuantitativo. En términos simples: se señala qué cantidad de nuevas unidades habitacionales se necesita construir para satisfacer la demanda de alojamiento, pero hay una serie de otros déficits que quedan invisibles (por ejemplo, los relativos a la localización y calidad material de las viviendas).

El dato actualizado es aun peor. Como señala la CChC de la región, tomando el Balance de Vivienda 2019, "la cantidad de familias que componen el déficit habitacional corresponden a 25.568, de las cuales 19.298 (75%) corresponde a familias allegadas, mientras que 6.270 (25%) corresponde a familias en viviendas irrecuperables".

Señalamos esto para tener en cuenta que estas cifras siempre pueden ser engañosas y que el déficit real siempre puede ser peor. Por ejemplo, el déficit no se distribuye de igual manera en toda la región: se concentra en la comuna de Antofagasta, que es la segunda del país con mayor déficit cuantitativo (13.401 unidades), “mientras que Calama se encuentra en el puesto 18° con 5.216 unidades”. En segundo lugar, este tipo de estudios pocas veces incorpora las necesidades de la población migrante no documentada que ya en 2018, sólo un año después del Censo, era de 32.000 personas a nivel de la región. Eso podría incrementar el déficit habitacional en 10.000 suponiendo que esa población se conforma en grupos familiares de tres personas (lo cual es sólo una suposición…). En tercer lugar: es de suponer que durante la pandemia este déficit real creció. Un fenómeno que puede ser expresión de eso es el crecimiento de la cantidad de campamentos en la comuna de Antofagasta: de 79 a 89.

El déficit habitacional de Antofagasta no es por escasez de suelos

En este marco, en la mencionada reunión con Díaz, Julio Isamit, presentó como la gran panacea la entrega de 19 terrenos equivalentes a 63 hectáreas para ocho mil 200 familias en la región de Antofagasta. Una verdadera limosna, cuando la propia Cámara Chilena de la Construcción habla de que sólo dentro del territorio operacional sanitario (“urbanizado” como se dice coloquialmente) de la comuna de Antofagasta, hay 369 hectáreas de suelo disponibles para la construcción de vivienda “las que podrían ser intervenidas mediante regeneración urbana, esto es aprovechando zonas consolidadas y hoy subutilizadas de la ciudad para el desarrollo de proyectos habitacionales”.

Si tenemos en cuenta que según Julio Isamit, 63 hectáreas alcanzan para 8.200 viviendas, podemos suponer que las 369 hectáreas disponibles sólo en la parte urbana de la comuna de Antofagasta de las que habla la Cámara Chilena de la Construcción, alcanzarían por lo bajo para unas 45.000 o más viviendas.

La propiedad privada del suelo, el saqueo de recursos mineros y el mercado inmobiliario son la causa

¿Cuál es el cuello de botella para no resolver la crisis de vivienda de una vez? La Unidad de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcciónlo explicaba así: “la vivienda en la comuna de Antofagasta es severamente inalcanzable para segmentos medios de la población debido a la poca oferta de viviendas menores a 2.500 UF (75 millones de pesos), esto empujado principalmente por el valor de suelo y plano regulador desactualizado”. Es decir, en la región de Antofagasta, factores como los costos en edificación (11%), las normativas (18%), o el IVA (10%), tienen un impacto menor con respecto al precio del suelo que impacta en un 49% en el alza. Conviene tener en cuenta que los suelos con los precios más altos, son los suelos privados, no los fiscales, que en general son de mal acceso.

¿Por qué suben estos precios de los suelos haciendo de esa manera cada vez más inaccesible la vivienda? Este fenómeno no se separa de la condición de la región de Antofagasta como enclave minero. No sólo porque eso atrae población que demanda vivienda lo cual impacta en los precios. Quizá sea más importante que la propia actividad minera ejerce un efecto de rentabilizar el suelo en todos sus usos. Simplificando una explicación: es más caro un espacio cerca de una mina que atrae inversiones y “genera empleo” que un espacio enclavado en una zona eriaza e improductiva. El desarrollo económico desigual impacta en los precios del suelo y la vivienda.

Este mismo fenómeno lo podemos ver en otra escala a propósito de las diferencias de vivir en el centro o en la periferia en ciudades como Santiago. En el centro es más caro, pues allí y en sus cercanías se concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo, equipamientos, nodos de rutas, etc. En comunas periféricas como La Pintana, los arriendos o compras de casas tienden a ser más baratas, etc.

Esto no es de ninguna manera un fenómeno natural, sino que tiene que ver con el dominio capitalista del suelo y la conformación de un mercado de la vivienda que incluye a los bancos, que son los que otorgan los créditos hipotecarios a tasas cada vez más impredecibles, lucrando con una necesidad tan vital como lo es una vivienda. Una realidad que se configuró en su forma actual durante la dictadura de Pinochet a fines de la década de 1970. No hay que dar por hecho que las viviendas son “naturalmente caras”: en realidad aquél fenómeno y las consecuencias de éste como lo puede ser el “déficit habitacional”, tienen que ver con la organización capitalista de la producción habitacional y de las ciudades y los criterios neoliberales que favorecen jugosos negocios para especuladores del suelo, inmobiliarias, constructoras, bancos y parásitos de todo tipo que lucran con la necesidad de vivienda.

Engels y la vivienda

Friedrich Engelsen su época, estudiaba fenómenos como la formación de periferias urbanas cuando escribía que “la expansión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos situados en ciertos barrios un valor artificial que a veces aumenta enormemente especialmente en el centro” cuestión que no se acompaña por un aumento en el precio de los edificios habitados por obreras y obreros, los que finalmente son demolidos para que en su lugar se construyan “negocios, depósitos de mercaderías o edificios públicos” dando paso al desplazamiento de la clase trabajadora “hacia la periferia” y a “viviendas obreras de reducido tamaño” que escasean y se encarecen y que “muchas veces ni siquiera se consiguen, ya que, bajo tales condiciones y prefiriendo las viviendas caras como objetos más apropiados para la especulación, la industria de la construcción edificará viviendas obreras sólo como excepción”. Lo que describe no resulta para nada ajeno a nuestra época. La propia Cámara Chilena de la Construcción -hipócritamente- se muestra preocupada por la escasez de viviendas a 2.500 UF en la región -las cuales, por lo demás, son de muy baja calidad y mal localizadas en el mercado actual o muy pequeñas. Esto, mientras aumenta el déficit entre un “21% entre el 2014 y 2020” y más gente se ve empujada a la solución de los campamentos.

Medidas anticapitalistas para resolver el déficit de vivienda

La CChC quiere aplicar más capitalismo para responder a la consecuencia del capitalismo desenfrenado de la vivienda. Su plan enunciado en septiembre de este año -hablando de la comuna de Antofagasta en específico- incluye acciones como retomar con carácter de urgencia la actualización del plano regulador comunal, disminuir los tiempos asociados a revisiones de proyectos, desde el llamado hasta la emisión del permiso de edificación y la obtención de la recepción definitiva, conformar una mesa de trabajo multisectorial que debe incluir al área de urbanismo de las Municipalidades, Serviu II Región, Ministerio de BB.NN. y Gobernación Regional, con una mirada multisectorial de la problemática, y liderada por el Gobernador Regional, reactivar el trabajo sobre banco de suelo del Gobierno Regional, etc. En resumen: aceitar la coordinación estatal-privada para hacer un mercado de la vivienda más eficiente.

Por eso, tomar medidas de fondo ante el déficit de vivienda, implica la expropiación de todos los especuladores del suelo y la vivienda: los trabajadores y las comunidades tendrían que hacer un inventarios de todos los suelos, casas y departamentos disponibles en las zonas “urbanizadas” en manos de bancos, AFP, grupos capitalistas de todo tipo, y nacionalizarlos bajo control de trabajadores y comunidades, para desarrollar planes de construcción de vivienda y planes urbanos y de obras públicas financiados por el Estado acordes a las necesidades de las y los trabajadores y el pueblo.

Tengamos en cuenta sólo un dato: sólo el primer semestre de 2021, los ingresos de Escondida fueron de US$2.300 millones. Si calculamos que cada vivienda a precios de mercado en condiciones actuales podría costar a un precio bajo, 75 millones de pesos, eso significa que sólo con esos ingresos se podría financiar la construcción de casi 25.000 unidades de vivienda, por sobre el déficit habitacional oficial al que hacía referencia R. Díaz y que citamos al inicio de este artículo.

Imaginemos si además de imponer impuestos a Escondida para comprar viviendas, los trabajadores y trabajadoras avanzáramos a tomar medidas anticapitalistas para terminar con la gran propiedad privada del suelo y la especulación inmobiliaria, imponiendo esas medidas a través de los métodos de lucha de clases, generando una alianza entre los trabajadores de los sectores estratégicos como los mineros y los sectores de la clase trabajadora más precarizados como las y los trabajadores del aseo y servicios, que cada vez más se ven más excluidos de poder pagar una casa propia o arrendar. Con esa fuerza se podría imponer la realización de grandes planes de vivienda y urbanos, dejando atrás las maneras precarias de habitar sin áreas de esparcimiento o descanso para las familias de la clase trabajadora. Si el problema de la vivienda empeora en la región, no está descartado que se transforme en una de las demandas motoras importantes para nuevas luchas.

Plantear políticas de ese tipo, para nosotros va de la mano con poner en pie una política anticapitalista, es decir, una política que se disponga a enfrentar a los grandes grupos económicos que saquean los recursos y explotan. Esa pelea sólo puede darse en serio si se basa en la independencia política de la clase trabajadora. Es la razón por la cual actualmente el Partido de Trabajadores Revolucionarios impulsa sus candidaturas, como la de nuestro compañero Lester Calderón, referente de los principales combates de clase de los últimos años en la región y que ahora en las elecciones pelea por expresar esa fuerza contra derecha y quienes se adaptan a las reglas del régimen.