En medio de ls crisis socio-sanitaria con la curva de casos contagiados en aumento, en Antofagasta salió a la luz que los exámenes para detectar el COVID-19 solo se hacían a quienes ya presentaban sintomas mas graves dejando fuera a quienes no presentaban esta gravedad no permitiendo detectar a tiempo quienes padecen el virus previniendo el aumento de contagios
Néstor Vera Médico.
Natalia Sánchez Concejala Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de Salud "Abran Paso"
Domingo 29 de marzo de 2020
La crisis sociosanitaria que se avecina producto de la pandemia del nuevo coronavirus ha mostrado en las últimas semanas lo peor del sistema capitalista en el mundo. Chile no ha sido la excepción, en medio del llamado “estallido social”, un proceso de revueltas de casi 5 meses que llenó las calles con consignas por el fin del modelo neoliberal instalado en la dictadura, el mismo modelo que ha debilitado hasta los huesos a la salud pública.
Se trata de un sistema de salud con un gran déficit de camas, con 2,2 camas por mil habitantes en el sistema público. Los expertos proyectan que en el peak llegaría entre fines de abril y comienzos de mayo y probablemente el sistema de salud se encontrara incapacitado para cumplir ante la demanda, colapsando y llevándolo a la crítica situación de tener que decidir “quien vive y quien no” como en Italia o España.
Ante esto el Gobierno de Sebastián Piñera ha tomado distintas medidas, donde destacan los seis diferentes protocolos que se han emitido según los cambios de fase. En cada uno de ellos se definía a los casos sospechosos que necesitan aislamiento y estudio. Si bien en la última versión se incluyen a quienes tengan síntomas respiratorios independiente de viajes o contacto con casos confirmados, acorde al cambio de fase por la circulación local del virus, en 4 regiones del país las Seremías (autoridad representante del ministerio por región) habían indicado solo tomarlo a quienes se hospitalizaron, no a los casos leves.
¿La razón? la incapacidad del laboratorio de confirmación y la escasez de los kit para la realización del examen. A esto también se suma el déficit de elementos de protección personal que evitan el contagio del personal de salud, que se hace notar con la llegada del clima más frío y más personas con síntomas respiratorios. Cuestión que podría haber sido prevista y garantizada por las autoridades sanitarias.
¿Cuál ha sido la respuesta en cambio?, el Gobierno de la derecha empresarial como siempre ha puesto sus intereses por delante, como el millonario trato con el Espacio Riesco sin licitación para la instalación de más camas para la atención y aislamiento de los miles de casos que se esperan, la falta de información pública y veraz sobre los casos y muertes que en suma han generado más pánico que preparación, el contraste entre la “mano dura” con quienes se movilizaron desde octubre y la ligereza con que se toma el aislamiento en sectores más acomodados de la población en Santiago, de igual modo la falta abastecimiento de mascarillas, antiparras, delantales o test.
Y es que no se puede separar la responsabilidad de las secretarías regionales de la centralidad del ministerio, cuando no se ha preparado la situación para dar la mejor respuesta a quienes si o si deberán acudir al sistema público de salud, conociendo los millonarios costos de la salud privada. La responsabilidad es una. Así ha sido desde el comienzo de la democracia pactada donde se continuó la línea de la dictadura del desmantelamiento de uno de los servicios básicos y un derecho, la salud.
La falta de exámenes impide saber la real situación de contagiados en el país y tomar las medidas de aislamiento y tratamiento necesarias para esos casos. Y el gobierno teniendo conocimiento de estas situaciones (porque los SEREMI son órganos del gobierno central) intenta instalar la idea que la situación en Chile no es grave, algunos intelectuales de la derecha hablaban de un aplanamiento en la curva de contagios o incluso el ministro de educación anuncia que las clases presenciales volverían el 27 de abril. Un discurso político que busca justificar mantener a millones de trabajadores produciendo o realizando laborales que hoy no son fundamentales para enfrentar la pandemia, así como también medidas como el toque de queda o la presencia de militares. Todas medidas que buscan asegurar el funcionamiento de la economía y las ganancias empresariales por sobre la salud de la población.
