Ayer se conoció la noticia de la anulación, por parte de la Cámara Federal de Casación, del fallo que había aceptado el pedido de la defensa del exjefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense.
Jueves 17 de noviembre de 2016
Como se reflejó ayer por la tarde en este diario, en el mes de agosto el genocida Miguel Etchecolatz estuvo a un paso de irse a su casa “a cumplir condena”, por decisión de la Sala I de la Cámara Federal. El beneficio fue otorgado por razones de salud, edad y por un informe de médicos penitenciarios sospechado de tener datos falsos.
A fines de ese mismo mes, el Ministerio Público Fiscal de La Plata interpuso un recurso ante Casación, en el marco de la causa unificada en la que se investiga los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Brigadas de Banfield y Quilmes y en la causa “Circuito Camps” donde Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua en el año 2012.
Sobre quien fuera mano derecha de Ramón Camps y director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura genocida recaen todas las sospechas por la segunda desaparición de Jorge Julio López, luego de que brindara un testimonio clave en aquel histórico juicio de 2006 para que el genocida fuera condenado. “Él era quien dirigía y aplicaba las torturas”, fue una de las frase de López que lo incriminaron directamente.
Etchecolatz es uno de los máximos responsables, además, por los cientos de niños que fueron apropiados en el marco de Plan Sistemático de Robo de Bebés. Más de una vez y de manera pública declaró acerca del destino de Clara Anahí, la nieta que desde hace casi 40 años Chicha Mariani sigue buscando.
El gobierno viene dando una batalla por minimizar los crímenes aberrantes de la dictadura cívico-militar, favoreciendo así la impunidad para los genocidas. El Presidente Macri, opinó que en este país hubo una Guerra Sucia, cuando fue el Estado el que secuestró, torturó y asesinó a nuestros compañeros. En sintonía, ya lo han hecho en otras oportunidades miembros de su Gabinete quienes desestiman que los desaparecidos hayan sido 30.000 los desaparecidos.
Recordemos también que ya desde la gestión anterior, la justicia concedió a más de 400 genocidas, el beneficio de prisión domiciliaria, y mantuvo al genocida Milani al frente del ejército.
Exigimos la apertura de los archivos para saber el destino de los 30.000 y la creación de un banco nacional con la totalidad de datos, registros y archivos; de partidas de nacimiento de todas las provincias, de todos los expedientes judiciales de adopción, minoridad y todos los legajos, que correspondan al período comprendido entre los años 1975 y 1983, así como impedir su destrucción. El Estado es quien los desapareció y debe dar respuesta.
Días atrás en La Plata, en una audiencia pública realizada por este pedido de prisión domiciliaria, participamos junto a familiares, querellantes y ex detenidos; para pronunciamos frente a este privilegio que pretende otorgarle la Justicia.
La lucha por el juicio y cárcel común para todos los genocidas es elemental. En medio de un brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo pobre, el gobierno de Macri con el aval de los gobernadores peronistas y kirchneristas, intentan legitimar la represión.
Por eso este 19 de noviembre es muy importante que todos los que luchamos contra la represión y la impunidad en forma independiente del Estado y los partidos patronales, estemos presentes en el acto del FIT en Atlanta. Necesitamos fortalecer esta herramienta para salir con más fuerzas a seguir luchando contra la represión y la impunidad.
