Se trata de la causa donde acusan a uno de los fiscales más poderosos de San Isidro, de ser el jefe de una banda de policías, funcionarios y abogados que, entre 2013 y 2015, se quedaban con cargamentos de cocaína para comercializarla por su cuenta.
Jueves 9 de diciembre de 2021 14:22
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que se aparte de la causa que tiene imputado al fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán y de “todos los incidentes y legajos formados en dichas actuaciones”; por “falta de imparcialidad”.
El fallo que aparta a la jueza y pide que se sortee un nuevo magistrado, fue a raíz del planteo de la defensa de Maximiliano Jarisch: quien era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, cuando ésta era conducida por Scapolán. Jarisch había sido procesado con prisión preventiva en primera instancia por Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por no reunir pruebas.
Poder Judicial y narcotráfico
El 24 de julio de 2020 el fiscal Claudio Scapolán, quedó acusado formalmente de liderar una banda de policías, funcionarios judiciales y abogados, dedicados a armar causas, extorsionar narcotraficantes y quedarse con la droga para comercializarla por canales propios, entre el año 2013 y 2015; cuando la Fiscalía General de San Isidro estaba en manos de Julio Novo. Según la investigación, se les atribuye quedarse con al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos de los narcotraficantes.
Actualmente, la causa tiene más de 30 procesados, 15 de ellos con prisión preventiva. De esta organización ilícita, también participaban efectivos de la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense.
Entre los hechos presentados en el expediente, figura uno conocido como “Leones Blancos”, ocurrido en 2013 en la localidad bonaerense de Moreno, donde se incautó un cargamento de casi una tonelada de cocaína, aunque oficialmente solo se consignó la mitad. El fiscal federal Fernando Domínguez, que tuvo a cargo la investigación, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a 3 abogados.
Claudio Scapolán no fue detenido porque aún tiene inmunidad de arresto por los fueros que le otorgan su función de fiscal. La jueza Arroyo Salgado había solicitado la formación del proceso de enjuiciamiento y consecuente remoción y/o desafuero del fiscal imputado. Desde el primer allanamiento realizado en julio del 2020, Scapolán fue puesto de licencia por la Procuración bonaerense.
El fiscal imputado, eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza Arroyo Salgado, un escrito en el que declaró que la causa estaba “montada”. Al momento de ser procesado, Arroyo Salgado le trabó un embargo a Scapolán de 2000 millones de pesos.
Relaciones con el poder político
Claudio Scapolán tiene de abogados a Alberto Artemio Rossi, cuñado de la esposa de Mauricio Macri y a Marcelo Alejandro D’ Angelo, quien fue jefe del departamento de Legales de Cristian Ritondo. D’ Angelo también figura como defensor del Cabo Primero de la Prefectura, Francisco Javier Pintos, implicado en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en 2019, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad.
Por otro lado, tanto Claudio Scapolán, como su jefe Julio Novo, mantenían estrecha relación con el líder del Frente Renovador y actual presidente de la cámara de diputados por el Frente de Todos, Sergio Massa.
Julio Novo -quien renunció a su cargo de fiscal general en 2017, tras denuncias ligadas a otra investigación por narcotráfico- había colaborado en mantener oculto el robo que vivió la familia Massa en su residencia en 2013, en plena campaña electoral, ya que ponía en cuestión el principal eje político de la campaña que era la Seguridad. En aquel momento, Novo dio la orden de no cargar el robo en el Sistema Informático del Ministerio Público, dado a conocer dos semanas después, por el periodista Horacio Verbitsky. Y Claudio Scapolán fue acusado de falsificar las actas del allanamiento a la casa del exprefecto condenado por el robo, donde constaba una cantidad de dinero sustraída mucho mayor a la reconocida por Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini.
Entre fuegos cruzados: el fiscal Fernando Domínguez, de la agrupación Justicia Legítima, integrada por funcionarios judiciales ligados al kirchnerismo y quien investigó en la causa que pesa sobre Claudio Scapolán, había sido acusado por éste último, "por permitir la libre circulación de los estupefacientes" en San Isidro. Según la periodista Alejandra Dandan de El cohete a la luna, el propio Sergio Massa habría pedido directamente a los canales América24 y C5N que se difundieran las acusaciones contra Domiguez.
Un nuevo capítulo de la impunidad de involucra a miembros de los poderes del Estado.
