Ataque a organizaciones sociales. Apelan los procesamientos persecutorios de militantes del Polo Obrero

Durante esta semana, integrantes del Polo Obrero realizaron una conferencia de prensa en el local del barrio de Pompeya en CABA, que reflejamos desde La Izquierda Diario. Además se presentó en Comodoro Py la apelación ante los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello. Según informa Prensa Obrera, “el mismo día el juzgado habilitó la apelación” y “la fiscalía a cargo de Pollicita también apeló la sentencia de Casanello, pidiendo que sean juzgados por el delito de extorsión, que establece mayores penas”.

La defensa está a cargo del equipo de abogadas de Apel, que “denunció el atropello al derecho a la defensa de los imputados y que las pruebas fueron interpretadas en forma totalmente arbitraria”.

Como ya habían denunciado desde la organización, “el juzgado dictó los procesamientos utilizando testimonios de “arrepentidos”, pero sin volcar los mismos al expediente, no mostró la prueba antes de las indagatorias, y dictó los procesamientos antes de que estuvieran resueltas medida de prueba clave, como las pericias telefónicas y a las cámaras del local central de la Asociación Civil Polo Obrero. Un punto central de esta negativa fue el rechazo totalmente infundado del juez al pedido de ampliar las declaraciones indagatorias de Eduardo Belliboni y “Tango” Dotti”.

O sea, un ataque al derecho de defensa. Como infirma Prensa Obrera, “con ese rechazo se impidió que fueran presentadas pruebas que refutan de plano la acusación que se hace por desvío de fondos. En particular, hubiera constatado la finalización de 43 obras de construcción y refacción en comedores populares en distintas provincias del país, gracias a que además de los fondos enviados por el Estado hubo una enorme colaboración voluntaria de miles de personas. También la realización de cursos de capacitación, saneamiento de barrios carenciados, y la puesta en marcha de proyectos productivos. Esto se mostró con gigantografías en las puertas de Comodoro Py al presentar la apelación”.

Desde la defensa aseguran que “para sostener que hubo delitos por parte del Polo Obrero, Casanello fuerza la prueba fuertemente. Su hipótesis es que el Polo Obrero defraudaba al Estado desviando los fondos de los convenios para uso partidario y que no organizaba la contraprestación laboral sino que la reemplazaba por actividades políticas. Pero el juez no prueba ninguna de estas afirmaciones y para sustentarlas incurre en grandes falsificaciones en la interpretación de la prueba”.

En la denuncia se refieren a la acusación contra Editorial Rumbos y plantean que “el juez construye las pruebas de la acusación sobre Rumbos interpretando la facturación en forma antojadiza. Los elementos que impugna de cómo se realizaba la facturación corresponden a cualquier relación comercial con cuenta corriente, donde se van haciendo pagos y recibiendo los productos y luego se factura. Las compras de la asociación civil a Rumbos fueron mayoritariamente de folletos y papel, que fueron a alimentar los cursos que se dieron en todo el país”.

Además en la apelación responde a las distintas acusaciones que figuran en el expediente pero además fueron parte de una campaña mediática, donde los expedientes se “filtraban” de manera antojadiza a algunos “periodistas” que alimentaban la campaña de estigmatización y persecución.

En la nota de Prensa Obrera que se puede leer acá están planteadas las respuestas que fueron expresadas en la apelación. Pero lo más importante, el fondo de la cuestión, es que estamos ante un ataque a las organizaciones sociales combativas con el objetivo de golpearlas e intentar sacarlas de la calle mientras crece el hambre (y el narco en los barrios, como denuncian los compañeros y compañeras).

Hay que rechazar la persecución y la criminalización de la protesta.