Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado votaron el dictamen que instituye la Guardia Nacional. Fue con el voto del Morena y el Partido del Trabajo (PT). Así se consolida en el gobierno de AMLO la militarización, continuidad de la “estrategia” de seguridad inaugurada por Felipe Calderón (PAN) y sostenida por Peña Nieto (PRI).
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 19 de febrero de 2019
La coalición oficialista –integrada por el Morena y el PT– rechazó incorporar las modificaciones propuestas por la oposición del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano (MC). Ante esto, los legisladores de la oposición se retiraron de la sesión de trabajo en la noche de este lunes.
Para este martes 19 de febrero se espera que este dictamen se presente ante el pleno del Senado. El punto más crítico de acuerdo con lo declarado por los partidos opositores es que no hay cláusula de temporalidad en el dictamen y que el poder ejecutivo tiene facultad plena de decisión.
El dictamen votado en las comisiones conserva un mando colegiado civil-militar de la Guardia Nacional y agrega la solicitud presidencial de que mientras nace la Guardia, las Fuerzas Armadas mantendrán su auxilio en materia de seguridad pública.
La aprobación del dictamen de la Guardia Nacional daría legitimidad a la intervención de los militares en tareas de seguridad pública como cuerpo policíaco y contempla una Junta de Jefes de Estado Mayor de la Guardia Nacional.
Según el dictamen aprobado, el mando estará integrado por una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina.
Para conseguir la aprobación de la Guardia Nacional, el Morena necesita conseguir más de dos tercios de los senadores, un porcentaje que no alcanza con el PT.
En un alarde de hipocresía, los partidos patronales de la oposición como el PAN y el PRI “denuncian” la militarización de México, cuando fue el primero el que instauró la militarización y la guerra contra el narcotráfico en 2006, durante el gobierno de
Felipe Calderón. Peña Nieto, hijo dilecto del PRI, la continuó.
Se trata de una “guerra” -ordenada y financiada desde Washington con la Iniciativa Mérida- que fue destinada a sofocar cualquier indicio de descontento social, mientras floreció el tráfico de drogas, de personas y de armas.
Una y otra vez se hicieron públicos los vínculos de gobernadores y otros altos funcionarios con el crimen organizado. El último ejemplo fueron las declaraciones de un testigo en el juicio del Chapo Guzmán, quien afirmó que el cártel de Sinaloa había entregado un soborno millonario a Peña Nieto para que los dejara operar tranquilos.
Para agosto de 2018, la agencia Apro publicó que se contabilizaban 257 mil 556 homicidios en México y más de 35 mil desapariciones según la BBC en junio de ese mismo año. En enero de este año, la secretaría de Gobernación reconoció que había 40 mil desaparecidos. Entre ellos están los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los hechos que aceleraron la caída del PRI y de todos los partidos patronales tradicionales.
Ahora, con el impulso de la Guardia Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador está reciclando la Ley de Seguridad Interior, aprobada durante el gobierno de Peña Nieto. Es necesario terminar con la militarización.
Las trabajadoras y los trabajadores que están luchando, como en Matamoros, los jóvenes que tomaron las calles en 2018 al grito de #Fuera Porros de la UNAM, las mujeres que se organizan y luchan contra la violencia machista, los organismos de derechos humanos y las comunidades que enfrentan los megaproyectos tienen el desafío de poner en pie un amplio movimiento contra la militarización, del que participen los sindicatos que se reivindican democráticos como la NCT, la UNT y la CNTE, y por la inmediata vuelta de los militares a los cuarteles.
