A nivel internacional hay una carrera de velocidades por la extracción de este mineral estratégico, con los ojos puestos en el llamado triángulo del litio, en donde Chile tiene una posición privilegiada para el saqueo empresarial.

El litio es un elemento mineral de color blanco, del grupo de los metales alcalinos, uno de los primeros elementos en crearse junto al Big Bang, de los más livianos y fuertemente electro positivo, cuyos principales compuestos comercializables son el carbonato de litio (Li2CO3), hidróxido de litio (LiOH), cloruro de litio (LiCL) y concentrado de litio.

Si bien se lo puede encontrar y explotar en roca, su principal concentración se encuentra en salmueras naturales, es decir en salares, cuya extracción a fines de los años 60 tuvo un fuerte impacto en la industria debido a los bajos costos de producción en comparación con la obtención de litio a partir de roca, de modo que la obtención de litio mediante salmuera pasó de un 35% en 1995 a un 86% en el 2007.

El litio de los salares se extrae mediante el bombeo de salmueras desde debajo de la corteza salina, esto es a unos 30 o 50 metros de profundidad, la cuales son depositadas en grandes piscinas de evaporación solar en donde se comienzan a precipitar las sales.

Esta salmuera inicial contiene ya un 0,22% de litio, posterior a la evaporación la concentración se eleva a un 6%, además de otras impurezas. Luego de esta primera concentración la salmuera se transporta a plantas de procesamiento en donde se purifica al punto de obtener carbonato de litio con una pureza del 99,5%, del cual, tras cierto proceso, puede obtenerse hidróxido de litio o bien cloruro de litio.

Desde hace más de 15 o 20 años que el litio se ocupa en la fabricación de celulares, notebooks, tablets, etc., sin embargo, actualmente es considerado un elemento fundamental para la llamada transición energética desde los combustibles fósiles a energías renovables, ampliándose su uso especialmente a baterías para automóviles y buses, lo que ha explotado la demanda y el precio del litio, especialmente estos últimos años.

Actualmente su explotación está generando una disputa geopolítica entre empresas capitalistas por hacerse con el control del litio que existe en el triángulo del litio formado por Argentina, Chile y Bolivia, que concentran entre el 50% y el 85% de las reservas mundiales.

Con esto, en la zona se concentran los intereses norteamericanos y chinos por asumir el control de los recursos en la región, no por nada la general a cargo del Comando Sur de EEUU, Laura RIchardson, señaló que la importancia de la región se debía a sus recursos y elementos poco comunes, las reservas de agua, cobre, oro, petróleo, etc.

Esto convierte a la región en un foco de disputas políticas entre las grandes potencias sedientas por secar los salares y llevando a cabo disputas y enfrentamientos por el control de estos valiosos recursos, intensificando la lucha de clases y la inestabilidad de la región, esto no puede más que poner en acción a trabajadores, campesinos y comunidades en defensa de sus territorios y los recursos naturales, como viene pasando en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina.

Litio en Chile

En el marco de la Guerra Fría, el año 1955 la CORFO (Corporación del Fomento y la Producción) firmó con EE.UU. un acuerdo de cooperación para el desarrollo de la Energía Nuclear, creándose el 65 la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) mediante la ley Nº 16.319 cuyo reglamento del 75 estableció al litio, junto a otras materias, como un material de “interés nuclear” y al año siguiente se dictan normas para la explotación de materiales atómicos.

Bajo este marco inicial, a fines de los años 70 el Instituto de Investigaciones Geológicas de Chile empezó a investigar los minerales en el Salar de Atacama cuyo resultado permitió a la Corfo mensurar y obtener pertenencias mineras sobre el mismo para iniciar su explotación.

El año 1975 Corfo suscribe un contrato para su explotación por parte de la empresa Foote Mineral Co. que luego en 1980, con un 45% de Corfo y un 55% FM Co., conforman la Sociedad Chilena del Litio (SCL), que posteriormente en 1989 con la salida de Corfo pasaría a ser Rockwood Lithium y en 2015 Albemarle. El año 1986 entre CORFO (25%), Amax (63.75%) y Molymet (11.25%) crean la empresa Minera Salar de Atacama Ltda. para la explotación del salar por 30 años. El año 1993 SQM, una filial de la Sociedad Química y Minera de Chile, reemplaza a Amax y Molymet en MINSAL y además se amplía el contrato hasta el 2030 y ya para 1995 Corfo vendería todas sus acciones en MINSAL saliendo de la sociedad.

Lo anterior ocurrió mientras se empezaba a armar el marco legal por medio del cual el Estado Chileno, con la “gentil” asistencia norteamericana, empezó a regular la explotación del litio. Con las estimaciones del rol que jugaría este mineral en la industria de baterías, en la energía nuclear y por la importante concentración en el Salar de Atacama, el año 1979 la dictadura de Pinochet firma el decreto 2886 por medio del cual se reserva el Litio en favor del Estado, cosa que refrendará el año 1982 y 1983 con la dictación de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y del Código de Minería, que mantendría la reserva del Estado en la explotación del litio y ratificó que el litio, distinto del Cobre, no era susceptible de concesión minera.

Especialidad del Salar de Atacama

El Salar de Atacama está ubicado a cerca de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en el sector centro-oriental de la Región de Antofagasta y con una extensión de alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados.

Particularmente posee una concentración de litio de un 0,14%, siendo uno de los más altos a nivel mundial, y que luego de la evaporación puede llegar entre los 4,3% a los 5,8% de litio. Esta característica lo hace uno de los depósitos de mayor calidad del mundo.

Existen diversas estimaciones de las reservas de litio en el Salar de Atacama. En 1978 una primera estimación determinó reservas por 1.290.000 toneladas en el núcleo central del salar, y reservas por cerca de 3 millones de toneladas. Corfo, por su parte, estimó las reservas en 4,5 millones de toneladas, según datos del año 2000. Más recientemente se estima, a partir del año 2008, que las reservas del Salar bordean las 6,9 millones de toneladas.

Adicionalmente al Salar de Atacama en Chile existen otros 44 salares y 18 lagunas salinas, de todos estos tan sólo 18 tienen litio explotable, incluyendo el Salar de Maricunga, el segundo más importante del país, con reservas por 200.000 toneladas.

Actualidad de la explotación del Salar de Atacama y del saqueo

Según señaló SQM en su memoria del año 2022 sus ventas ascendieron a un 20% del volumen mundial de ventas de litio, algo así como unas 156,800 toneladas métricas, más del doble del año 2020, mientras que respecto de su principal competidor, Albemarle, estiman cerca de un 16% de participación en el mercado.

Además de esto, la alza en la demanda del litio y en su precio para SQM ha significado un salto en sus ingresos, pasando de obtener US$ 936 millones a US$ 8.152 millones el año 2022, un aumento de 771% en ganancias, la cual esperan aumentar según un plan productivo para pasar de las 168 mil toneladas de carbonato a 210 mil anuales en 2024 y de 30 mil toneladas de hidróxido hasta las 100 mil en 2025.

En este marco es que SQM se ha propuesto invertir cerca de US$ 3.400 millones para el 2025 en diversas iniciativas ligadas a la explotación de litio, de los cuales hay US$ 1.400 millones destinados exclusivamente a aumentar la producción de litio en Chile.

Albemarle es una transnacional norteamericana líder mundial en la explotación de litio, con presencia en 75 países, y que el año 2022 en el Salar de Atacama produjo 50 mil toneladas de litio. El año pasado inauguró una nueva planta en La Negra que, con una inversión de más de US$ 650 millones, les permitirá pasar a las 85 mil toneladas anuales.

Este millonario negocio convierte al litio en el primer producto de exportación no cobre del país, con precios récord de US$40 mil por tonelada, permitiendo ingresos al fisco por US$ 5.000 el 2022 provenientes de SQM y Albemarle, lo que es cerca de un 1,6% del PIB y un 6,4% de los ingresos fiscales totales, y esto, considerando que, actualmente, la explotación del Salar se encuentra bajo el cobro de un impuesto específico a la minería (mal llamado “royalty”) que es cobrado trimestralmente y que corresponde a un 6,8% de las exportaciones de litio.

Este acelerado aumento en su demanda y en su precio ha puesto la atención del mundo en este recurso, especialmente en el llamado triángulo del litio, que comprende Chile, Bolivia y Argentina, en donde hay una verdadera carrera por aprovechar el boom del mineral, de manera de saquear los territorios y recursos lo más rápido posible, con las diversas consecuencias para la naturaleza y las comunidades.

Problemas en torno a los Salares

Los salares son ecosistemas complejos alimentados por una serie de cuencas, vertientes, circuítos y afluentes hídricos de distinto tipo, con ciclos y fases aún en investigación, que pueden verse gravemente afectados por el enorme consumo de agua que requiere la extracción de litio.

Las cifras de extracción de agua de SQM y Albemarle superan los 63 mil millones de litros de agua al año, es decir cerca de 2 mil litros por segundo. Así mismo, la Dirección General de Aguas ha señalado que entre SQM y Albemarle tienen permisos de extracción de aguas por cerca de 6 mil litros por segundo, aunque ocuparían supuestamente cerca de 3 mil, a lo que habría que considerar el consumo por evaporación de cerca de 6 mil litros por segundo, lo que generaría un importante estrés hídrico, toda vez que la cuenca tiene un ingreso de agua de 7 mil litros, es decir, un déficit de 2 mil litros por segundo. Esta situación puede agravarse mucho más considerando que ambas empresas pretenden aumentar 18 veces su producción, lo que podría implicar el agotamiento de las reservas de agua producto del saqueo a destajo.

Esto resulta profundamente grave porque aún no existe conocimiento profundo del efecto de la extracción de salmuera o no hay modelos hidrodinámicos del comportamiento de los salares, pudiendo generar consecuencia irreversibles en el ecosistema afectando gravemente no solo a la flora y la fauna de la zona, sino que a las mismas comunidades, especialmente a la comunidad Likanantai.

Situación de las comunidades indígenas alrededor del Salar

Las comunidades tienen una relación ambivalente con las empresas explotadoras del Salar. Por un lado estas han promovido una política asistencial o clientelar con las comunidades ofreciendo desde plantas de trabajo, obras sociales, medidas de mitigación, etc.

Desde el inicio de las actividades en el Salar ambas empresas contratan cerca de un 40% de su personal de las comunidades aledañas (Peine, Socaire, Camar y Toconao), claramente sólo mano de obra barata con bajas remuneraciones.

También existe un evidente conflicto ambiental, toda vez que las comunidades reclaman por mayores medidas de control y limitaciones a la extracción de salmueras, que, como mencionamos arriba, pone al salar en una situación de estrés hídrico, afectando, a su vez, a la ganadería y la agricultura.

Culturalmente también se afectan las comunidades, toda vez que el control y el acceso limitado al salar impide el acceso a sitios de importancia cultural ancestral, como los senderos del “Camino del Inca”, sitios arqueológicos, construcciones antiguas, lugares rituales, etc.

Según el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, “Una de las cláusulas en el contrato con SQM Salar, tiene relación con aportes directos de estas empresas a las comunidades adyacentes al Salar. En el caso de Albemarle, existe un acuerdo directo entre la empresa y la entidad que representa a las comunidades (Consejo de Pueblos Atacameños), en el cual, la primera debe transferir a ésta el 3,5% de sus ventas. En el caso de SQM Salar, las comunidades que son susceptibles de recibir estos aportes son 21, de las cuales 19 han suscrito voluntariamente acuerdos con Corfo para recibir estos recursos para proyectos de inversión y fomento”. Lo anterior, en los años 2018, 2019 y 2020, para SQM totalizó US$ 34,6, de los cuales US$ 31 millones se encuentran comprometidos con 19 comunidades. Respecto de Albemarle, ésta empresa tiene relación directa con las comunidades mediante el Consejo de Pueblos Atacameños y no hay detalle de los dineros que recibe dicho organismo. Con estos millones se instala un verdadero “extractivismo social y cultural” basado en la limpieza de imagen y la influencia en las comunidades, lamentablemente legitimado por organizaciones como el Consejo de Pueblos Atacameños que, mediante esta subordinación, administran el deterioro de la cultura likanantai y la expoliación de sus territorios.

Ambas empresas tienen un prontuario de relaciones conflictivas con las comunidades

A las investigaciones en contra de SQM por financiamiento ilegal de los partidos de la Derecha y la Nueva Mayoría (DC, PS, PPD, UDI, etc.), se les suman diversas multas por extracción de salmuera por sobre lo autorizado entre los años 2013 y 2015, luego el 2017 fue sancionada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos, por infringir la ley de prácticas corruptas en el extranjero entre los años 2008 y 2015, finalmente el mismo 2017 SQM se involucró en un litigio ante el Tribunal de la Libre Competencia por la compra del 25% de SQM por la empresa china Tianqi.

Albemarle, por otro lado, el año 2020 fue denunciada por la CORFO debido al incumplimiento de contrato por parte de la empresa norteamericana, la cual alteró el mecanismo de cálculo de la comisión establecida en el contrato lo que implicó que las comisiones pagadas a la Corfo fueran menores a lo acordado. Así mismo, en agosto del mismo año, en el marco de la huelga legal del Sindicato de Albemarle del Salar de Atacama, el Consejo de Pueblo Atacameños tomó conocimiento de que la empresa había abierto caminos alternativos con el objetivo de retirar salmuera y procesarla en la planta La Negra, rompiendo la huelga, sin consulta previa a las comunidades del territorio, a esto se sumó una denuncia por la Dirección del Trabajo por prácticas anti-sindicales, derivados del reemplazo de trabajadores en huelga.

Vale destacar que el año 2019, en el marco de las protestas de la rebelión popular las comunidades y habitantes del pueblo de Toconao hicieron corte de los accesos de SQM y Albemarle al Salar de Atacama, manifestación que terminó unida con los trabajadores al grito de “Fuera Piñera”.

Como podemos ver la extracción del litio entra en conflicto con las comunidades indígenas. Esto puede verse con particular gravedad en el caso de la provincia de Jujuy, en el norte argentino, provincia en la cual hace semanas se viene llevando a cabo un conflicto que tiene como adversarios al pueblo de Jujuy, los docentes, las comunidades indígenas versus las grandes empresas, el gobierno y la represión.

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Las comunidades han realizado una resistencia heroica en contra de la imposición de un plan para llevar adelante el saqueo del litio. Para ello el gobierno provincial de Genaro Morales impuso una reforma constitucional pasando por alto diversos derechos civiles, para garantizar la rápida extracción sin derecho a protestar, promoviendo, así, la carrera de velocidades que hay respecto de este oro blanco.

La respuesta de las comunidades fue los cortes de camino, las manifestaciones, las asambleas, para enfrentar este saqueo que viene a afectar los recursos hídricos, como así también el sistema de vida campesino de muchas de estas comunidades, con un destacado rol de la izquierda, particularmente del Partido de Trabajadores Socialistas que con sus diputados y demás figuras públicas, como Alejandro Vilca o Natalia Morales, no solo fueron parte activa de las movilizaciones, sino que además denunciaron la brutal represión del gobierno provincial y desde el primer minuto acusaron todas las maniobras y mentiras con las cuales se buscaba engañar al pueblo jujeño en la Convención Constitucional.

Si quieres saber más te invitamos a seguir el conflicto del litio en Jujuy por La Izquierda Diario Argentina

Trabajadores del litio

Así como las comunidades pueden jugar un importante rol en la defensa de los recursos naturales, los trabajadores también tienen mucho que decir, sin embargo, son estos los grandes ausentes del debate público respecto del litio. Varios factores inciden en esto.

Por un lado existe una conocida política sindical dentro de SQM, donde proliferan los sindicatos “empresa”, sindicatos con dirigencias bailarinas de la producción, que se encargan de ser una correa de transmisión de los intereses de la empresa. De este modo, de la mano de estos sindicatos, se forja una verdadera dictadura patronal amordazando a los trabajadores frente a este enorme negocio millonario que los trabajadores ven pasar ante sus ojos y con el cual, por años, se financió de manera irregular a los partidos de la Derecha y la Nueva Mayoría, incluyendo a parlamentarios locales como Jaime Araya Guerrero, independiente ligado al PPD.

Así mismo, por otro lado, hay otros sindicatos que hacen seguidismo a las políticas verdes de las empresas o del gobierno, como la Estrategia Nacional del Litio, sin abrir este debate entre los trabajadores y permitiendo deliberar sobre el saqueo, la contaminación, las zonas de sacrificio, la relación con las comunidades, etc.

Aún cuando están dadas estas condiciones, como desarrollamos en la nota “En el corazón del litio chileno: la vida minera en el Salar de Atacama” los trabajadores del litio miran con desconfianza la estrategia del gobierno “Lo que busca en realidad es la asociación público-privada con participación estatal en la extracción y explotación del mineral. Respecto a la extracción de litio ya existente, no se toca”.
https://www.laizquierdadiario.com/En-el-corazon-del-litio-chileno-la-vida-minera-en-el-Salar-de-Atacama

Gobierno de Boric y la ENL

En este marco el gobierno de Gabriel Boric no se ha quedado atrás en el pacto del saqueo impulsando una Estrategia Nacional del Litio, que, lejos de implicar la explotación nacional del mineral, se mantiene dependiente de las grandes empresas ganadoras del saqueo.

La Estrategia Nacional del Litio, anunciada por el gobierno en abril de este 2023, comprende una serie de medidas para acelerar la explotación del Salar, según estos la “colaboración público-privada, con protagonismo del Estado, es la forma de aprovechar esta oportunidad histórica”, es decir, por lo que se viene discutiendo, una asociación “público-privada” entre Codelco y SQM, en regla con recomendaciones de diversos analistas, lo que no es otra cosa que encubrir el saqueo asegurando el negocio con subsidios estatales y reclamando migajas, sin tocar un centímetro de los negocios ya existentes.

Esto va en regla con lo que diversos analistas venían reclamando en cuanto a aumentar la producción para aprovechar el superciclo de los precios del litio. Oscar Landerretche, ex presidente del directorio de CODELCO, alertado por el interés Chino y Norteamericano en el mineral señaló que habría un “problema estratégico” en el manejo del mismo señalando que “Uno tiene que jugar y hacer apuestas y hacerlas bien. Si uno va a movilizar capitales norteamericanos para meterse el litio, eso no es una apuesta solamente corporativa, es una apuesta diplomática y política”.

Por otro lado, Gustavo Lagos, académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, señala “hay muchas cosas involucradas y la posibilidad de hacer negocio es brutal. El Salar de Atacama es el mejor yacimiento del mundo, lejos, eso lo sabe el Gobierno, lo sabe SQM, todos lo saben. Tenemos infinitas posibilidades de negociación y oportunidades de hacer las cosas bien. El Gobierno de Gabriel Boric tiene una oportunidad de oro en el Salar de Atacama”.

Para lo cual ve con muy buenos ojos la relación público privada entre el Estado y SQM señalando “... a Chile no le conviene que sea otro, no SQM, el que produzca en el Salar de Atacama. Tendría que gastar mucha plata, porque no tienen las plantas. Lo que está en el contrato es que SQM le devuelve la propiedad de los yacimientos, pero no la planta química, sumado a todo el conocimiento que tiene. La de SQM es la operación más grande del mundo”

Coherentemente con esta estrategia es que el gobierno realizó una gira a las europas durante este mes de Julio para ponerle alfombra roja a los poderosos capitalistas europeos sedientos por meter sus manos en el Salar, motivo por el cual Boric firmó un acuerdo con la Unión Europea para desarrollar la extracción del litio de la mano de los expoliadores del viejo continente.

Otros académicos, como el profesor de la Universidad de Chile Gonzalo Gutiérrez, puntualizan la importancia de “recuperar el litio para Chile” para lo cual “Las faenas de SQM deben pasar a control del estado, finalizando inmediatamente con los contratos de arrendamiento y operación actuales. Ejemplo de como proceder los han manifestado los abogados Briones, Bosselin y Mayorga, así como parlamentarios (bancada FA, PC, Regionalistas verde, entre otros) y movimientos sociales” esto enmarcado en los límites de la política diseñada por la Comisión Nacional del Litio en su informe del 2015.

Un programa para enfrentar el saqueo y poner las riquezas naturales al servicio del pueblo
Bajo lo antes señalado, la Estrategia Nacional del Litio, propuesta por el gobierno de Boric parece más una apuesta por el saqueo a destajo garantizado mediante la colaboración entre el Estado y las empresas explotadoras del mineral, en asociación con la Unión Europea, mediado por algunas iniciativas de investigación, innovación y desarrollo de la producción y de valor agregado, todo bajo la atenta mirada de los intereses capitalistas chinos, norteamericanos y europeos.

Esta política de Boric promueve la idea de que con la sola participación estatal puede controlarse a las mineras y desarrollar la participación del Estado en el negocio, quedando fuera de la ecuación la opinión de trabajadores y comunidades. Sin embargo, así las cosas, frenar el saqueo y la expoliación de los territorios de la mano de empresas como SQM y Albemarle parece una ingenua ilusión.

No es de la mano de estas empresas, ni de la Unión Europea, que se puede “recuperar el litio para Chile”, sino de la mano de los trabajadores y las comunidades, como lo ha demostrado la lucha del pueblo jujeño en Argentina. Sólo el control efectivo e íntegro de la producción, es decir, la propiedad 100% estatal del mineral, bajo control de trabajadores y comunidades puede garantizar la decisión democrática y racional sobre el uso territorial del salar, el destino del litio, la cantidad a producir, la forma de producción y extracción, como el destino de sus excedentes, considerando los aspectos sociales, culturales y ambientales por sobre el lucro privado que hoy gobierna la política del litio y del Salar de Atacama.

Una propuesta de este tipo fue presentada por Alejandro Vilca, Natalia Morales y Keila Zequeiros, ex convencionales constituyentes del PTS en Jujuy, “nuestra propuesta es crear una empresa estatal única del litio, pero no para que sea administrada por los funcionarios de turno, sino que la controlen los trabajadores y comunidades. Así podremos dar pasos serios para terminar con la historia de vivir en una provincia rica pero con trabajadores pobres, dar fin al extractivismo y al saqueo y acabar con el avasallamiento a las comunidades y la naturaleza”, propuesta que venía a debatir con las políticas que, como la de Boric, descansan en una mayor participación estatal, en la creación de “fondos soberanos” del litio, en exigir valores agregados, etc., en donde la gran tajada sigue quedando en manos de un puñado de saqueadores, mientras los pueblos se hacen más pobres a la vez que su entorno y sus condiciones de vida se ven deteriorados.

Los mejor preparados para llevar adelante esta tarea de frenar el saqueo son los trabajadores del litio, quienes pueden tomar efectivamente en sus manos la producción, para ello pueden contar con importantes aliados en la región, como son las comunidades afectadas por la extracción del salar, como así mismo las organizaciones medioambientales, para ello es necesaria la movilización de todos estos sectores bajo la lucha por la nacionalización del litio y su control para ponerlos al servicio de las necesidades de la población, como es enfrentar la crisis de la salud y la educación públicas, desarrollar ofensivamente planes de viviendas sociales para responder al déficit habitacional, todo cuidando la sustentabilidad del salar y de los recursos hídricos.