Las leyes educativas del PSOE y PP y la ofensiva privatizadora. La escuela de clases y la sociedad de clases. Reflexiones para una crítica anticapitalista.

En el caso de los servicios públicos, su desguace y privatización siempre se ha recrudecido en los momentos de crisis. En educación, la tónica es la misma. Las más virulentas leyes contra la educación pública se dieron en contextos de alta inflación, de desestabilización económica o recesión. Así lo vimos con la LOGSE del PSOE, cuando impusieron una reforma de las escuelas acorde a la reconversión industrial venida tras la crisis del petróleo de los años 70. Así lo vimos en Madrid con la violenta oleada de privatizaciones de Esperanza Aguirre tras las elecciones de 2007, las cuales recibían el apoyo del ministro Wert desde el ministerio. Así lo vemos ahora, cuando una pandemia y una guerra en Europa han aumentado la inflación y con ello la precariedad de la vida (el IPC supera más de 6% los salarios a pesar de las miserables subidas).

En el Estado Español, esta nueva oleada de ataques contra la educación se da en distintos niveles. Eso es lo que vamos a abordar en este artículo.

El Gobierno progresista sigue su ofensiva histórica

Yendo de lo más general a lo más concreto, el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, impusieron la Lomloe, una penosa reforma educativa que trae de nuevo las antiguas leyes educativas de la época de González, si acaso con un maquillaje progresista, dejando trazas de un feminismo lo menos combativo posible y de un ecologismo light que no amenaza en absoluto el modo de producción capitalista. Es una ley que deja de lado asignaturas humanistas y artísticas y centra su currículo en la adquisición de competencias digitales y de emprendimiento. Esta educación expresa a la perfección el espíritu liberal: todo se enfoca a la creación de trabajadores competentes, cualificados, dispuestos a reducir su vida al mundo laboral.

Pero lo peor no es lo que añade, sino lo que deja: los conciertos con la Iglesia y la permisividad con las empresas para que puedan seguir haciendo negocio. Sólo en FP la presencia de la privada se ha triplicado. En bachillerato, uno de cada cuatro alumnos va a un centro privado. Si lo comparamos con Europa, sólo un 68% de alumnado va a la pública frente a un 81% en el resto del continente. El Estado español es en Europa donde más educación concertada hay, estando el 60% de los centros en manos de la Iglesia. Este curso, casi un 13% del dinero público fue a parar de forma directa a la concertada, sin contar las becas y cheques que son asignadas a familias sin plaza, forzadas a elegir un centro privado.

La incursión de las empresas en la educación se da en tantos niveles que no podemos profundizar en pocas líneas. Hablamos de conciertos de material escolar (como ordenadores y dispositivos tecnológicos), de distintas vías de influencia en los planes de estudio, en forma de premios y fundaciones educativas, de modelos pedagógicos alternativos. Una de sus injerencias más destacables son las externalizaciones de servicios, como el comedor y la limpieza, cuyos trabajadores son los más precarios del sector, muchos de ellos temporales y que apenas logran sacar un salario digno. Un puñado de empresas monopolizan estos servicios, sacando tajada con una calidad pésima y un ritmo de trabajo insufrible (hablamos de horarios partidos apenas remunerados con 400 euros). No vamos a desarrollarlo en este artículo, pero estas diferentes formas de externalización y precariedad, por ejemplo en el sector del tiempo libre y monitores, es un pilar del sistema educativo (capitalista) español, tal como se explica aquí [1] y aquí [2].

Al tiempo que las empresas exprimen ganancias de los centros públicos, el propio Estado mantiene una precariedad entre el funcionariado, sosteniendo el sistema educativo en base a trabajadores temporales e interinos (más de un 25%). La Ley Iceta, que se postulaba como una forma de acabar con el abuso de estos colectivos ha sido una nueva engañifa por parte del PSOE. En lugar de abrir más centros y hacer una contratación masiva, bajando ratios y repartiendo horas sin tocar salarios, de modo que la calidad educativa no tuviese precedentes, el gobierno progresista optó por oposiciones descentralizadas, imprecisas, con muchos claroscuros, para no garantizar la fijeza y seguir teniendo un ejército de reserva sufriendo la más absoluta incertidumbre. Miles de trabajadores que dependen de esta temporalidad irán a la calle, a pesar de la necesidad de docentes en los centros. La estabilización es, en última instancia, un despido encubierto, donde sólo los mejor ubicados ocuparán su plaza. Para el gobierno progresista no existe la posibilidad de hacer una contratación masiva que resuelva, en gran parte, los problemas de educación, bajando ratios y ofreciendo una mejor calidad educativa. Mejor que eso es actuar como una empresa, dejar todo igual y despedir a los sobrantes y mantenerlos en la expectativa de una sustitución.

Ni un solo artículo de la Lomloe plantea una reestructuración educativa que dote realmente de recursos a la pública, que democratice el funcionamiento de las escuelas, que frene la construcción de estas redes privadas, que en algunas comunidades suponen más de la mitad de los centros educativos, ni que saque a la Iglesia y los valores tradicionales heredados del franquismo de las aulas. Por ejemplo, con la nueva ley, Valores Éticos quedará reducida a unas pocas horas durante un solo curso, mientras que la religión sigue ofertada con todos sus privilegios previos. Al tiempo, el feminismo que se proclama se hace bajo una óptica social liberal y no contempla una verdadera educación sexual integral en todos los niveles.

No podemos confundir la indignación con la sorpresa. Nada de esto era impredecible: el PSOE ha sido el principal impulsor de los conciertos, protegiendo a la Iglesia y a las empresas incluso cuando los trabajadores de educación y los estudiantes mostraban su descontento, como hicieron en los años ochenta. A pesar del relativo ascenso presupuestario, de un 2,6%, debemos tener en cuenta que las ayudas europeas han caído y que la mitad de presupuesto irá destinada a becas. Este aumento es irrisorio si tenemos en cuenta los cierres de centros públicos, el aumento de un 2% del alumnado y que gran parte de esas ayudas pende de las Comunidades Autónomas, cuyos gobiernos los destinarán para sus propios fines. El resultado lo da la comparativa: un presupuesto limitado para los centros, fuga de capitales para las empresas y una inflación que aumentó el regreso al colegio hasta un 13% en algunos casos, da como conclusión un desmantelamiento continuo y sin pausa de la educación y un empobrecimiento igualmente gradual de las familias a costa de los beneficios empresariales.

El neorreformismo y la gestión de las migajas para la educación

Podemos, el PCE y la corriente neorreformista que ahora encabeza Yolanda Díaz son también responsables de estos ataques. La entrada a un gobierno imperialista, solo podían tener como conclusión que se convirtieran en una pata izquierda del régimen del 78. Régimen que el PCE, más antiguo que Podemos, ayudó a construir y sigue manteniendo con políticas de conciliación con la CEOE, como demostró la reforma laboral de Díaz, el timorato nuevo Estatuto del Becario que no acaba con la figura del becario, etc. Es una conciliación forzada en educación a través de su propia burocracia sindical (CCOO) y sus juventudes en el movimiento estudiantil (UJC).

Son precisamente las direcciones sindicales las que más empeño han puesto en su papel como muro de contención del descontento. En 2019, la tasa de afiliación en el Estado Español alcanzaba un mínimo histórico (12,5%). No podemos confundir la consecuencia con la causa. Esto no se debe, como dicen muchos a que los sindicatos carezcan de sentido en el contexto actual (de ahí su gradual decadencia), sino que se debe a la actuación permanentemente conciliadora y traidora de sus direcciones, que hacen que cada vez se confíe menos en las herramientas históricas de la clase trabajadora. En este tiempo, tanto CCOO como UGT han garantizado la paz social, permitiendo alguna que otra lucha esporádica levantada por alguna sección. Lejos de limitarse a la pasividad, su orientación reaccionaria ha sido activa, firmando las reformas laborales y no moviendo un dedo por la educación pública. Ello cuando la situación es más crítica, incluso, que en los años 80; década en la que el sector educativo convocaba una huelga tras otras, algunas durando meses. Ya entonces apagaron los fuegos colaborando con el gobierno de González, no iba a ser ahora diferente.

En esta tónica, las organizaciones de la izquierda sindical no se han mostrado muy diferentes. Cierto que, al menos, se sitúan en un perfil más beligerante. Sin embargo, aún esperamos una campaña combativa y unitaria contra la precariedad, que una a los servicios públicos y sirva para reconquistar lo perdido en educación y otros sectores. En lugar de tomar nota de la progresiva lucha en sanidad y buscar un modo de confluencia que empape de fervor beligerante a todos los trabajadores públicos, por el contrario, se limitan a debates pedagógicos y a consignas económicas desprovistas de una crítica política rotunda y de un plan de lucha para agitar y movilizar a la clase trabajadora, desenmascarando a la burocracia de los grandes sindicatos frente a sus bases.

Gobierno central y autonómicos en defensa de la privatización educativa

No obstante, donde vemos esta política concretada es en las comunidades autónomas. La Lomloe sólo es un marco que unifica una política enfocada a garantizar los intereses del Estado y de la educación privada. Es cosa de las distintas autonomías poner la puntilla a la faena aprovechando esta ley, incluso aunque busquen jugar un papel a la contra del gobierno.

Esta concreción la hemos visto, por ejemplo, en Euskadi, donde el 49% de los centros son privados y la nueva ley presentada por el PNV tiene por objetivo seguir ampliando este porcentaje al equiparar la escuela privada y la pública a la hora de recibir financiación del Estado. Por su parte, Andalucía, Castilla y León y Madrid vencieron en un pulso al gobierno para conseguir las ayudas europeas bajo la condición de flexibilizar el reparto. Moreno y Ayuso encabezaron la réplica de las privadas, que consideraban una competencia desleal que el dinero europeo sólo fuera a la pública.

Esta misma igualdad de condiciones entre los centros públicos y privados la hemos visto expresada en la Ley Maestra de Ayuso en Madrid, donde los centros privados suponen casi un 40% del total de centros. Madrid es la comunidad que más alumnos tiene matriculado en institutos privados puros (15.8%), y todo un paraíso para la concertada (casi un 60% del alumnado madrileño va a la concertada).

Ayuso ha acompañado esta ley con una batería de políticas enfocadas a reforzarla desde distintos terrenos: prosigue la privatización directa de espacios y terrenos públicos, como se ha visto en Vallecas, donde ha cedido dos parcelas públicas sin coste para la construcción de centros concertados. Ha cerrado nueve escuelas infantiles en Madrid y ha eliminado de las escuelas infantiles el segundo ciclo de infantil y ha derivado a esos alumnos a colegios de primaria, los cuales no tienen medios para abastecer y ofrecer una educación de calidad a un ciclo completo. Naturalmente, esto no podrá reducir la lista de espera, lo que obligará a muchas familias a llevar a sus hijos a la privada, ya sea pagando a tocateja o a través de los cheques escolares. Esta misma treta (eliminar plazas, convertir becas públicas en cheques y ayudas para la privada para derivar a los alumnos a sus centros) es empleada en todos los niveles educativo, en secundaria y FP (en el grado superior, una media de del 61% no ha conseguido plaza y tendrá que pagar matriculas de hasta 7.000 si no quiere pasar el año sin formación y con los brazos cruzados).

Ahora bien, lo dicho hasta ahora no es más que una concreción de las consecuencias de la Lomloe. La agenda neoliberal para salvar a las empresas a costa del Estado no es un elemento diferenciador de la derecha institucional. Por ejemplo, en Barcelona vivimos una oleada huelguista a inicios de este año contra los diez años de recortes de la Generalitat y la imposición del 25% de castellano en las aulas. En Extremadura, comunidad controlada por el PSOE, el 50% de los alumnos de zonas urbanas asiste a centros concertado y se inició este año con menos maestros que el año pasado y con centro cerrados, como el CEIP Jun XXIII clausurado bajo la excusa de falta de alumnado.

¿Cuál es entonces esa oposición que advertíamos? No hay ninguna oposición real: gobierno central y autonómicos mantienen un perfil de clara defensa de las empresas. La diferencia estriba en su aspecto ideológico.

La derecha ha levantado distintas polémicas relacionadas con los libros de texto, el feminismo, el cambio climático, etc. porque es la dimensión de la Lomloe que pueden atacar para perfilarse como oposición frente al Gobierno, en una especie de “guerra cultural” a la que nos tienen acostumbrados. El Gobierno, por su parte, hace hincapié en estas guerras culturales para desmarcarse de la derecha. El debate, en sí mismo, sirve para desviar la atención de los elementos más lesivos de la ley, algo que conviene a ambos bandos. Mientras más se polarice el debate entre el más casposo conservadurismo y un progresismo de boquilla disfrazado de radicalismo, menos se deja entrever que la Lomloe es una ley educativa que no toca un ápice de los beneficios de la patronal ni pone medios concretos para cumplir las pocas migajas que promete.

Por supuesto, la extrema derecha y los gobiernos autonómicos del PP saben sacar partido de estas disputas. No es extrañar el esfuerzo que pone la derecha en disputar la hegemonía en el discurso sobre la educación. Esto lo hacen desde la demagogia tanto para cubrir sus maniobras neoliberales (por ejemplo, cuando hacen de la concesión de los cheques y las becas para ricos una defensa de la libertad individual) como en las manifestaciones más abiertamente reaccionarias y conservadoras.

Esta confrontación ideológica es el terreno que mejor sabe articular la derecha, principalmente porque, a diferencia de los «progresistas», no tienen contradicción en defender a las élites, al tiempo que hacen gala de su racismo, de su homofobia y de sus valores retrógrados. Mientras que, desde el punto de vista del Gobierno hacen malabares para conjugar un discurso progresista con su gestión del Estado imperialismo español, la derecha puede hablar de exaltación de la patria, de catolicismo como último resquicio para defender a la familia, de la cultura del esfuerzo y de otros tópicos, al tiempo que cumple con la Iglesia y los empresarios. Después de todo, sus medidas van acordes con este imaginario: medidas como el pin parental; la educación en el amor a la patria que promulga la Ley Maestra, en la cultura del esfuerzo neoliberal y la igualdad distributiva que promueve la equiparación de la pública y la privada o los ricos y los pobres; o la confrontación en los temarios de los libros de texto.

La derecha está más que dispuesta a atacar a la clase trabajadora aprovechando las herramientas que el gobierno progresista le concede, al tiempo que se desmarca de él, canalizando a través de un discurso casposo el descontento social desde posiciones reaccionarias. El auge de la extrema derecha se produce en este marco, con un gobierno “progresista” que le abre el camino.

Esbozos para una alternativa

A lo largo del último año, la sección de Educación de Izquierda Diario ha desglosado cada ataque y profundizado en las reformas educativas del PSOE y, en especial, de los gobiernos de Ayuso en Madrid y de la conselleria de Cambray en Cataluña. Y también hemos destacado la respuesta que ha habido contra ellas.

A lo largo del Estado Español hemos visto como los trabajadores han levantado procesos de lucha que han roto, más abiertamente o no, la parálisis del movimiento obrero en el ámbito educativo. Hemos visto la huelga en Cataluña, que secundaron dos tercios del sector, incluidos a los trabajadores más precarios del Lleure. De igual modo, hubo protestas contra los cierres de escuelas infantiles en Madrid, contra el nuevo decreto educativo en Euskadi, contra las concesiones de la privada en Andalucía. Incluso las manifestaciones convocadas por la Marea Verde en Madrid lograron aglomerar a un importante sector de trabajadores y estudiantes que criticaban los recortes y el modelo educativo.

Estos pequeños ejemplos muestran que muchos trabajadores son conscientes de los envites que está sufriendo la educación, aunque aún no se ha logrado romper con las ilusiones en el Gobierno progresista, y con la pasividad que imponen las burocracias.

Ahora bien, también muestrna que los sindicatos y los partidos neorreformistas disgregan el movimiento, lo enfocan a objetivos parciales, aunque necesarios (como en el caso de la oposición al cierre de centros) o abiertamente abstractos (cuando se busca hacer un frente en base a la defensa de la educación pública como consigna vacía). Se demuestra, en última instancia, que es el momento de desarrollar una lucha unitaria y traer a debate, desde abajo, un programa auténticamente pensado por y para la clase trabajadora, donde las bases de los sindicatos y organizaciones se propongan levantar un plan de lucha para reconquistar las posiciones perdidas en estos años de neoliberalismo y crisis, hasta poder decidirlo todo en el sector educativo.
En primer lugar, debemos partir de unas lecciones críticas del último periodo. Unidas Podemos ha demostrado haber servido para desactivar los procesos de lucha que lo precedieron, para inducir la desconfianza del movimiento obrero hacia sí mismo y su capacidad organizativa; una labor que las burocracias sindicales han fomentado igualmente entre sus bases a golpe de claudicación ante las empresas, los Gobiernos y los planes de ajustes.

En segundo lugar, el programa resultante debe plantear como estrategia cambios estructurales tanto en la dimensión material de la escuela como en su ámbito más ideológico. Separar lo político de lo económico, y ambas esferas de los contenidos ideológicos que se reproducen en la escuela es un error en el que se sitúan sindicatos y organizaciones que apuestan por una transformación pedagógica como única solución del problema. No es difícil ver lo quimérico de este punto de vista. Apelar a un problema metodológico es aislar la escuela del marco mayor que la sociedad capitalista y el Estado de clase. La escuela busca socializar una ideología y valores afines al capitalismo, que permitan mantener y reproducir su estructura y orden. Incluso la arquitectura de los centros, jerárquica y disciplinaria, está centrada en reproducir un modo de producción y una ideología acorde. Y estos son factores que no pueden obviarse cuando se pretende revolucionar la escuela.

¿No es una ilusión creer que podemos desarrollar una educación distinta sin revolucionar todas aquellas esferas de la sociedad que cristalizan en la escuela? No puede cambiarse la escuela de raíz sin realizar una crítica a la concesión de becas, a la propiedad privada de los centros, a los presupuestos del Estado, a la injerencia de las empresas, pero también a los contenidos que se imparten, a la separación entre trabajo manual e intelectual, al rol disciplinario de las instituciones escolares, al papel del Estado… En fin, al sistema capitalista en su totalidad. Naturalmente, podemos concebir pedagogías novedosas para tiempos próximos, pero estas no serán aplicables mientras no podamos decidir sobre todos factores que sostienen esta educación y esta escuela en esta sociedad de clases. Este tipo de propuestas, dicho sea, son muy habituales entre la progresía que considera que primero es cambiar la subjetividad y luego las condiciones materiales. De aquí que den un peso tan relevante al elemento educativo. Sin embargo, oculta un deje neoliberal que no podemos evitar aludir. Decir que el problema es principalmente metodológico es cargar la responsabilidad en la labor docente, individualizando el problema y obviando el marco global. Esta postura es el inicio de consignas reaccionarias que exigen un mayor control estatal sobre las metodologías y los currículos, una mayor exigencia laboral, más atención individualizada, hacer de la educación un juego, etc. En cierto modo, esto lo recoge la Lomloe cuando sobrecarga de burocracia y funciones al docente.
De nuevo hay que destacar que, aunque este horizonte sea atractivo, carece de sentido individualizar de este modo la responsabilidad. No se pueden exigir este tipo de educación al tiempo que no se hacen contrataciones masivas, no se bajan las ratios y se permite que las empresas sigan precarizando la educación.

Naturalmente, este planteamiento no se puede hacer desde una postura conciliadora. Creer que se puede expulsar a las empresas de una mina de oro a través de un pacto es como pensar que se puede hacer una reforma laboral que favorezca a trabajadores y empresarios a la vez. Por tanto, es imperativo que la organización parta desde abajo y los trabajadores sean incluidos en estos debates, desarrollen sus métodos de lucha y no se sobreponga ante las burocracias sindicales y las direcciones políticas burguesas. Solamente un fuerte movimiento organizado desde los centros educativos, con docentes, trabajadores y estudiantes pueden luchar por el modelo educativo que necesitamos y desarrollar las herramientas para luchar por ello.

Son estos quienes deben pensar qué educación hace falta para sus hijos e hijas, qué planes de estudio se llevarán a cabo y cuál es el mejor método para hacer que las escuelas sean realmente formativas y no una preparación para la explotación laboral. Hablamos de que los trabajadores no sólo deben verse como trabajadores, sino como creadores y, como tales, deben también dar su opinión sobre los contenidos.

Ahora bien, para poder construir un movimiento de este tipo en el sector educativo que, en confluencia con otros movimientos como el estudiantil, busque resolver sus reivindicaciones, éste debe tener independencia de clase. No puede darse una conciliación con los mismos que hacen negocio de la educación, con quienes defienden las empresas aun con color morado, con quienes ponen a la religión por delante de la ciencia, con quienes ponen la cultura imperialista por delante de la historia de los oprimidos.

Insistimos: ofrecer una salida para la educación que no pase por seguir enriqueciendo a las empresas nos obliga a revolucionar su estructura, poner en el punto de mira al sistema por completo en todos sus niveles. Debemos convertir la lucha por la educación en un cuestionamiento de la sociedad de clases.

Invitamos a todos los que quiera pensar esta alternativa a sumarse al Círculo de Educación de IzquierdaDiario, donde los trabajadores de la educación nos formamos y luchamos codo con codo por una escuela pública en manos de quienes la hacen posible, por otra educación, y por otra sociedad, el socialismo.