Hace exactamente un año la policía provincial se amotinaba exigiendo importantes aumentos salariales. Córdoba vivía, a partir de ese momento, una de las crisis sociales y políticas más importantes desde el fin de la dictadura. En este artículo señalaremos las causas más conocidas que llevaron a ese motín.
Miércoles 3 de diciembre de 2014
Treinta y seis horas de crisis social y política. Una jornada y media marcada por la incertidumbre, el temor, la violencia y los enfrentamientos sociales. Hace un año se detonaba una de las crisis más profundas de las que tenga recuerdo la Córdoba de las últimas tres décadas. Una crisis que dejó al desnudo las profundas brechas sociales que hoy existen en la provincia que, alguna vez, quiso ser presentada como el “corazón de mi país”. Provincia que hoy debería ser el modelo que De la Sota pretende proyectar en su recién lanzada campaña presidencial.
La crisis mostró la profundidad de una fisura social de la que, hasta el momento, se han planteado pocas explicaciones profundas. El conjunto de las fuerzas políticas patronales pretendió sepultar la reflexión sobre esa crisis en un llamado general a la “concordia”, alentando una especie de culpa colectiva que no distingue responsabilidades políticas y sociales. Los medios de comunicación masivos aportaron a generar este mismo tipo de ideología.
Mile$ de razones para un motín
Ese diciembre mostró, al mismo tiempo, el enorme poder de la fuerza policial para desestabilizar la política provincial. La “ingobernabilidad” de la fuerza en esas 36 horas fue manifiesta. Esa corporación mostró su peso en la política local. La victoria política que consagró De la Sota al otorgarles el aumento salarial exigido les dio una impunidad que ha sido aprovechada por los altos mandos durante 2014 para fortalecer el rol de esta institución, no sin generar crisis diversas.
En una reciente nota de la revista Deodoro, el periodista Dante Leguizamón señala, esencialmente, dos causas “económicas” que empujaron el motín: el fin de los pagos extras por protección en los espectáculos públicos y el cese de un adicional por los patrullajes de la CAP que había implementado el ex comisario Frías, anterior jefe de la Policía. En ese marco se habrían colado las internas dentro de la misma policía, entre un titular con poca llegada a la tropa como Almada –quién asumió la conducción luego del narco-escándalo- y un conjunto de jefes policiales que se hallaban más cerca de Frías y que, según la misma nota, dejaron correr el motín.
El mismo De la Sota, en sus recientes apariciones mediáticas en los canales de Buenos Aires, señaló que la sanción de la Ley de Trata y el cierre de prostíbulos le había quitado otro negocio importante a las fuerzas policiales.
Para un gobierno que lleva 15 años en el poder, ésta es una confesión inobjetable de que, como mínimo, estuvo mucho tiempo mirando para otro lado y, de máxima, confirma que el entramado con los negocios de la trata y el narcotráfico es imposible sin el involucramiento de funcionarios políticos de alto nivel.
En este marco el narco-escándalo fue la confesión pública del estrecho vínculo entre fuerzas policiales y el tráfico de drogas a todo nivel. La caída del conjunto de la plana mayor -e incluso del Ministro de Seguridad Paredes- mostró hasta donde había llegado la crisis. La necesidad de limitar el alcance de ésta fue lo que llevó, según una enorme cantidad de versiones, a la reducción de otra fuente de ingresos de la policía. La policía tuvo que sacar “las manos de la masa” para evitar que este escándalo continuara creciendo.
Así, un conjunto de razones económicas empujaron el motín policial. Desde aquellas enmarcadas dentro de las funciones legalmente establecidas para la policía (vigilancia) hasta aquellas que son el fruto del monopolio de la fuerza que posee esta institución. Allí se puede ubicar el vínculo con los negociados de la trata y el narcotráfico.
Acuerdo, poder e impunidad
La resolución de la crisis con las fuerzas policiales implicó el triunfo de las demandas policiales. De la Sota pasó de un discurso donde se mostraba intransigente a hacerse aplaudir a rabiar por haber cedido a todas las demandas. Se trató de una verdadera transacción entre el poder político y las fuerzas represivas que se garantizaron completa impunidad por su accionar. Que luego haya habido policías exonerados y algunos procesados no elimina el hecho de que la enorme mayoría no sufrió consecuencia alguna.
Esa “limpieza” de los agentes y subordinados “rebeldes” se llevó a cabo a lo largo del 2014, mientras Julio César Suárez se convertía en una especie de “súper-jefe” que actuaba y actúa con total impunidad. El accionar del nuevo jefe policial -acusado de amenazas a periodistas entre otras cosas- junto a los corralitos, la policialización de la ciudad y el brutal crecimiento de los casos de Gatillo Fácil, son las caras visibles de este empoderamiento de la fuerza represiva.
El motín policial fue el detonante de una crisis social de magnitudes donde miles de cordobeses de todos los barrios de la ciudad se vieron enfrentados entre sí. Se puso de manifiesto un quiebre social profundo. Por un lado los sectores más necesitados que intervinieron en los saqueos -sin negar la mano policial que organizó los hechos más espectaculares-, por otro lado sectores ganados por el discurso de derecha, lo que fortalecería la policialización posterior. Analizaremos esto en una nueva columna.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
