Bolivia. Arce renueva cúpula policial buscando garantizar lealtades

Luego de que el ahora ex comandante de la policía, Orlando Ponce, presentara su renuncia por “motivos personales”, el presidente Luis Arce posesionó como nuevo comandante al General, Álvaro José Álvarez, quien se comprometió a continuar la labor de Ponce de purgar la institución policial de elementos que “ensucian a la institución verde olivo”. Ponce, comandante saliente, destacó que van “216 malos policías” que han sido retirados de forma definitiva o suspendidos temporalmente de la fuerza policial. Entre ellos unos 50 vinculados al motín policial del golpe del 2019.

Como parte de los recientes cambios, se destaca el nombramiento de cinco “generales primeros”. Se trata de uno de los nuevos “grados” reconocidos en la Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana del año 2021. Estos nombramientos junto a otros ascensos, al interior de la fuerza policial, son presentados por el presidente como pasos necesarios para deshacerse de los “elementos” que “manchan” el trabajo de la policía. Señaló también que en realidad los “malos elementos” son la excepción y no la regla de una institución a la que al igual que Evo Morales en su gobierno, Arce no deja de adular.

La renovación de la cúpula policial se produce a horas de que el derechista cívico, Rómulo Calvo, le diera al gobierno un plazo de tres días para promulgar una ley de amnistía que deje en la impunidad a todos aquellos procesados por los casos Golpe de Estado I y II así como por las masacres producidas durante el golpe de estado. Buscan, una vez más, garantizar la impunidad de los pocos golpistas presos. Recordemos que Calvo amenazó con impulsar un referéndum revocatorio contra el presidente Arce si es que este no libera a los golpistas presos. De esta manera, la extrema derecha cívica persiste con una política de presión y desgaste del actual gobierno, buscando desestabilizar la gestión de Arce.

Por su parte, el Gobierno de Arce, con esta nueva renovación de los altos mandos policiales, reafirma su política de ir construyendo una fuerza policial “confiable” que le garantice su gobernabilidad. Es un intento de garantizar lealtades impidiendo que los mandos policiales puedan considerarse en sus cargos de manera permanente. Es decir, buscando dificulta de esta manera posibles conspiraciones como la sucedida durante octubre-noviembre del 2019. Todo esto, a la par de buscar relegitimar a esta reaccionaria institución estatal ante los ojos del pueblo, mediante un proceso de "limpieza" de elementos vinculados a denuncias de corrupción.

Los cambios y movimientos al interior de estos aparatos de la represión, que son pilares del Estado y los gobiernos, solo ponen de manifiesto que lejos están de ser instituciones neutrales y al servicio del llamdo "orden". El discurso de "lealtad" y "servicio al pueblo" es pura demogogia. Son instituciones, como la "justicia", que han sido funcionales durante el golpe de Estado perpetrando y administrando las masacres y la vulneración a los derechos humanos de las y los de abajo. Mientras hoy el bloque opositor se desgarra las vestiduras señalando la "corrupción" de estas instituciones y sus mandos, olvidan que son los mismos "mecanismos", corruptos, que pusieron a estas mismas instituciones como sus aliados políticos durante los momentos decisivos del golpe.

Mientras a su manera tanto el MAS hoy, como la oposición, ayer, tejen lealtades, lo cierto es que para el pueblo trabajador y para las mayorías populares, campesinas e indígenas, movimiento de mujeres y LGTBIQ+, son los momentos más agudos de crisis política donde se hace evidente que la naturaleza de estas instituciones, como la policía, está al servicio no de los derechos de las y los de abajos, sino de garantizar el poder de los de arriba.