Historia. Argentina, 1985: un film sobre la “transición” de la dictadura a la democracia capitalista

“Argentina, 1985” retomando las mejores tradiciones del cine político habilitó un sendero en el que el pasado reciente vuelve a cobrar centralidad. Generó preguntas, debates y especialmente interés por conocer el Juicio a las Juntas y sus pormenores, sus logros y límites, se discute autorías, protagonistas ausentes. En todo caso, nos interesa volver sobre la década que contextualiza la película porque obliga a pensar las transformaciones y herencias que produjo el golpe de 1976, su retirada y en última instancia, poner de relieve el gran tema en discusión de “Argentina, 1985”, la transición democrática.

Para empezar contextualizarla en la historia latinoamericana atravesada desde mediados de los setenta por un giro en la política norteamericana, que podría decirse desde la Doctrina Monroe tiene repercusión en el continente. La derrota de Vietnam, el escándalo Watergate que obligó a Nixon a renunciar, las revelaciones de la complicidad de la CIA en el golpe pinochetista, potenciaron el eco de las denuncias sobre el amparo norteamericano a los golpes militares y las violaciones a los derechos humanos en distintos países del continente. Hacia 1974, EE.UU. adopta una legislación que hizo del respeto a los derechos humanos condición para la asistencia económica y militar a los países extranjeros, un eje articulador para detener las divisiones y el enorme descrédito interno que desgastaba su sistema político (en una “guerra inútil” se habían sacrificado cerca de 50 mil jóvenes) y recomponer su posición de hegemón democrático (“la excepcionalidad americana”, revalorizada con la derrota del fascismo) en la política exterior, orientación que abrazó la presidencia del demócrata Jimmy Carter (1976). Haciendo un rápido repaso, entonces, la década del ochenta obliga a ser interpretada en términos políticos como la promoción norteamericana de transiciones democráticas, dinámica que aún con ritmos propios y singulares según el caso, marcó todo un ciclo, el fin de las sangrientas dictaduras en el continente que emprenden el giro a la democracia.

Las vías latinoamericanas

Las transiciones latinoamericanas combinaron situaciones variadas, estaba en juego la construcción de nuevas formas de dominación social aunque sin determinaciones previas respecto a su forma final. En todos los casos se buscó la recuperación de la institucionalidad burguesa, con la inserción legitimada de las FFAA (la violencia organizada del Estado burgués) y la recomposición del sistema de partidos, vinculado a instancias plebiscitarias o electorales, predominando los acuerdos y pactos multipartidarios. Los grandes partidos tradicionales que primero fueron cómplices de las dictaduras, fueron también los más beneficiados de la transición y los que pactaron con los militares asegurándoles impunidad. Recordemos algunos casos.

La experiencia chilena puede considerarse en plazos la más extendida, cuando Patricio Aylwin (Concertación) recibió la banda presidencial de Pinochet en 1990. La derrota sufrida en las movilizaciones y protestas populares de mediados de los ‘80 dio inicio a la transición pactada que el pinochetismo condicionó en toda la línea (bajo la Constitución de 1980 que atribuye a las FFAA el rol protector si peligra el orden interno, de senadores designados y vitalicios, de un sistema binominal, de la indiscutida ley de amnistía, entre otros). La presencia de Pinochet como comandante en Jefe del ejército por ocho años más después de haber entregado el poder y luego, como senador designado bajo el amparo de leyes creadas durante su mandato son todo un símbolo.
La transición pinochetista aseguró a los grupos empresariales cierto equilibrio macroeconómico, que autores como el chileno Tomás Moulian (Anatomía de un mito) incluyen como un elemento distintivo, “una transición bajo la tutela militar y con el funcionamiento de instituciones “protectoras” no podía arriesgar una crisis, generada por modificaciones de políticas económicas. Detrás de esa crisis podía venir la crisis política, impulsada por el círculo vicioso de la pérdida de la confianza empresarial”.

El pacto que selló la transición sentó las bases de décadas de saqueo a las grandes mayorías y de los recursos naturales. Una “democracia de los ricos”, organizada contra las y los trabajadores, condenados no sólo al autoritarismo del Estado, a los abusos y la represión sino a la carestía de la vida, la mercantilización de derechos como la salud y la educación. Contra este pacto se rebeló el pueblo chileno en 2019, al grito: ¡No son 30 pesos, son 30 años!

Por su lado, la transición brasileña “lenta, gradual y segura” iniciada por Geisel en 1974, hacia el final de la década debió lidiar con un proceso disruptivo, de ascenso del proletariado metalúrgico del ABC y la clase trabajadora en todo el país, de enfrentamiento directo y en las calles a la dictadura, que a partir de su derrota (1980) fue desviado hacia una salida institucional. No hay que olvidar la impunidad que se concedieron en 1979 en virtud de la ley de autoamnistía. En los primeros años de la década, en el marco de una economía en recesión, de una serie de movilizaciones y luchas sindicales que aunque no condicionan el curso transicional, obligaron a la burguesía brasileña a diseñar los consensos para responder a los anhelos democráticos y la revuelta social. Es el momento de la lucha por las elecciones directas (Directas ya, 1984), en un final negociado que preservó al último presidente militar Figueiredo y al colegio electoral de la dictadura como árbitros del proceso. Como describió el sociólogo brasileño Florestan Fernandes (A Constituição inacabada) empresarios y sus entidades corporativas actuaron colectivamente para asegurar la transición controlada “elevada a la categoría de principio intocable, protegido por el poder del fusil”, de tal forma que el proceso constituyente de 1988 aseguró la intervención “legítima y constitucional” de los militares para disolver los poderes de la República.

Muy distinta fue la experiencia uruguaya, una especie de repliegue negociado, extendido por casi una década si se considera la etapa posterior a la asunción de Sanguinetti, luego de ganar las elecciones en 1984. De conjunto la mediación de los partidos fue su rasgo emblemático. Después del fracaso plebiscitario (1980), en el que los militares siguiendo la vía chilena pretendieron dirimir si eran ellos quienes se hacían cargo de la institucionalización democrática de forma directa, se abrió una etapa de activismo y movimientos sociales, organizaciones de DDHH, sindicales y estudiantiles que ganaron protagonismo, creando un frente social movilizado contra la dictadura encauzado en la firma del Pacto del Club Naval (1984), punto de inflexión en la transición, entre las FFAA y los partidos, como el Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio (este último lo cubrió de legitimidad). El Pacto contempló como un eje la impunidad para los militares, ratificado luego por la ley de amnistía (1986) que impedía el juzgamiento por delitos cometidos entre 1973 y 1985, definía la convocatoria a elecciones, abriendo una segunda etapa de desmovilización política y control social del resto del proceso. Elecciones que se realizaron con la proscripción de importantes referentes políticos como Líber Seregni del FA o Ferreira Aldunate del Partido Nacional, favoreciendo el triunfo de Sanguinetti ferviente pactista, quien encabezó la negociación e impulsó con el Partido Nacional las leyes de impunidad, respaldadas por el parlamento burgués y luego por el referéndum (para anularlas) en abril de 1989.

Argentina jacobina

En este ciclo de transiciones continentales, la experiencia argentina iniciada en 1982 fue más "jacobina". Su excepcionalidad no puede comprenderse sin tener en cuenta el evento traumático que representó la derrota en Malvinas, la revelación del genocidio y el factor militante que impuso el movimiento de derechos humanos como actor crítico de la transición.

En condiciones de enorme fragilidad y tensiones políticas, apenas asumido el gobierno de Alfonsín debía construir los pilares que darían forma al nuevo régimen político, en el que la inclusión de las FFAA y la credibilidad de su depuración genocida era una de las tareas centrales a resolver (aquí no había grietas). Implicó un escenario complejo. Las FFAA enfrentaban el efecto Malvinas, el hecho maldito de su transición, un clima antidictatorial masivo y la presencia de un movimiento democrático, heterogéneo, que había emergido a poco de instaurado el golpe y fue tal vez el factor más decisivo en la búsqueda de la “Verdad y la Justicia”. Moreno Ocampo cita que si en noviembre de 1982, solo el 14% de la población pensaba que el tema de los desaparecidos era uno de los más importantes, en febrero de 1983, el 67% consideraba que no había que olvidar el tema de los desaparecidos aún a riesgo de un conflicto con los militares. En síntesis, un enorme movimiento social que buscó esclarecer lo ocurrido.

Los militares reivindicaron de punta a punta lo actuado, apelando a la estrategia bélica e intentaron hasta último momento imponer sus condiciones de impunidad. Dispuestos a reconocer “errores y excesos” como “actos de servicio”, la defensa de su accionar en última instancia era la reivindicación de los objetivos del golpe y del reconocimiento del éxito en la preservación del orden burgués. En este punto, como legado político y de carácter histórico reconozcamos que el Juicio a las Juntas (luego del fracaso de la autodepuración alfonsinista), expuso ante miles (y miles) gracias a los cientos de testimonios y en la voz de los sobrevivientes, la legitimidad de la verdad de las desapariciones y atrocidades antes denunciadas (“convencer a quienes no eran los propios”, como guioniza el film), probó la responsabilidad penal de los miembros principales de las Juntas militares (desde 1976 hasta 1982, exceptuando la última presidida por el general Bignone), pero excluyó el tratamiento de la complicidad civil y eclesiástica y la condena al Proceso de conjunto. El empresariado que promovió el golpe aceptó “entregar” a las Juntas si de ese modo cubrían sus espaldas, haciendo desaparecer a sus máximos beneficiarios. Así lo destaca Alejandro Horowicz en su trabajo Las dictaduras argentinas, “esa fue la función de esta justicia: probar que los masacradores y la política de la masacre eran antagónicos”. El film de Santiago Mitre permite politizar el relato construido en los ochenta pero desde esa derrota (desaparecer a sus máximos beneficiarios), porque si el Juicio a la Juntas se acepta como pilar de la transición democrática, también hay que mencionar que se construyó abrazando una narrativa que condenó a la vez la violencia política legítima de la lucha social (nunca se apartó de la “teoría de los dos demonios”), disoció los métodos y fines del golpe y las complicidades empresariales, eclesiásticas y civiles. El Juicio a las Juntas reconstruido a la luz del conjunto de la política de transición se completaría con las leyes de impunidad alfonsinista de Punto Final (diciembre de 1986) y Obediencia Debida (1987) y los indultos menemistas. Cargada con esta memoria, abonaba a su manera al fin de las utopías y la ideología triunfalista que se consolidarán en los odiados años noventa.

Discutir la película, pensar el presente

Hay que reconocer que la proyección se da en un momento particular. Exactamente cuando la vitalidad de la democracia capitalista, de su institucionalidad y consensos (no olvidemos el Pacto de Olivos, de Alfonsín y Menem) están en tensión, en un contexto de enorme y profundo deterioro social y cuestionamientos a la representación política. Disputada por la ofensiva de los sectores más reaccionarios que nunca desaparecieron en el país, detrás de figuras como Milei o más orgánicas como Patricia Bullrich, asoman para rescatar el golpe de 1976 y el aniquilamiento de la vanguardia obrera y estudiantil que se había propuesto tomar el cielo por asalto. Como escribió el sociólogo Daniel Feierstein el testimonio de Adriana Calvo, tan dramático como valiente, es un recordatorio hacia dónde conduce esta ofensiva derechista. Pero también enfilan quienes frente a esta amenaza reaccionaria defienden esta democracia, aun reconociendo sus enormes deudas (no “se come, se cura y se educa”) para convertirla una y otra vez en el único escenario estratégico de lo posible, sin poner en cuestión su naturaleza de clase. Estaba en lo cierto el sociólogo Juan Villarreal (Crisis de la dictadura argentina…) cuando señalaba que arrasar con la relativa homogeneidad del mundo del trabajo fue una de las transformaciones estructurales que se encomendó la dictadura argentina, y desde entonces solo se ha profundizado (de ahí el 40% de pobreza, o similares índices de informalidad laboral). Entonces no está de más preguntarse por qué limitarse a revalorizar esta “democracia” en la que la desaparición de Julio López (solo uno de otros casos testigo) sigue aún silenciada y la regimentación y las privaciones de la vida cotidiana de la juventud y en las barriadas populares (ni hablar del gatillo fácil) parece ser una condición naturalizada; por qué derechos tan elementales como la identidad de los pueblos originarios posibilita la detención y represión legalizada. Claro que no se trata de dar la espalda a las conquistas democráticas preservadas y logradas con la lucha, pero no es menos cierto que resulta irracional defender esta democracia degradada construida en base a intereses de corporaciones y multinacionales, que conspiran contra las mayorías populares.

Como analizamos en distintos artículos de La Izquierda Diario, la profundización de la dependencia y decadencia social a la que nos viene arrastrando el capitalismo con “su democracia” puede tener otra respuesta, la perspectiva que abre la lucha obrera y popular para encontrar una salida verdaderamente democrática, más profunda y duradera que empiece por terminar con la propiedad privada, y avance en una reorganización colectiva de las fuerzas productivas, en función de las necesidades sociales para el disfrute pleno de la vida.