El gobierno nacional tenía previsto votar la semana que viene el proyecto de regulación de las TICs, luego de que el Frente Para la Victoria (FPV) firmara dictamen favorable en comisión. Hubo cambios al texto enviado por el Ejecutivo, que daba vía libre total a las telefónicas. Sin embargo, el debate en el recinto de la cámara alta sería postergado una semana.
Martin Espinoza @martinespi05
Viernes 21 de noviembre de 2014
Imagen: Télam
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por la jujeña Liliana Fellner, ya emitió dictamen favorable para el proyecto de ley denominado Argentina Digital. Fue con varias modificaciones al texto original que había presentado la Casa Rosada, tras una serie de cuestionamientos que surgieron no sólo desde la oposición sino también desde las propias filas del bloque oficialista.
El radicalismo y el Frente Cívico se retiraron y no firmaron el dictamen ya que habían pedido más tiempo para estudiar las modificaciones introducidas en algunos de los 85 artículos.
Sin embargo, esta "guerra" entre grupos capitalistas del sector, parece poner palos en la rueda para que la ley que se propone crear un nuevo marco legal para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), avance tan rápidamente como el gobierno pretende y reciba media sanción antes de pasar a Diputados. La idea del gobierno es convertirlo en ley en diciembre, durante la prórroga de las sesiones ordinarias de Diputados.
Se habla de una fuerte controversia entre el dictamen firmado por el FPV y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), como uno de los motivos de la postergación del debate en el recinto del Senado. Por eso, el oficialismo debería pulir el texto.
Además, el sindicato telefónico FOETRA habría presentado sus quejas ante la posibilidad de perder afiliados que se podrían encuadrar en el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), a partir de los nuevos cambios en el marco legal del sector. Esto se da en medio de un enorme descontento de las bases de los trabajadores telefónicos, que acaban de imponerle a la dirección de FOETRA -lista Azul y Blanca- la convocatoria a la reapertura de paritarias.
Cambios y dudas
Uno de los cambios más importantes tiene que ver con que las telefónicas no podrán brindar televisión satelital. Esto tiende a moderar (al menos por un tiempo) la penetración de Telefónica y Telecom en un mercado donde participan varias PYMES, que en boca del jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Angel Picheto, habían reclamado un freno a las “telcos”.
La preocupación de cooperativas y cableoperadores del interior era que el texto enviado por Cristina Fernández de Kirchner permitía a las multinacionales de la telefonía competir directamente llegando por satélite.
El cambio, si bien parece atender el reclamo de empresarios regionales, resulta ser una gran señal para el gigante DirecTV, quien gracias a esta modificación seguirá siendo el único proveedor con cobertura nacional de televisión satelital. Esto no hace más que consolidar la “alianza estratégica” entre el gobierno y la empresa de la corporación estadounidense AT&T. Vale recordar que el 16 de octubre fue enviado al espacio el satélite ARSAT-1 y que en el mismo lanzamiento se acopló otro satélite perteneciente a DirecTV, evidenciando una colaboración mutua entre el Estado y ese pulpo de las telecomunicaciones.
Parece paradójico, pero el cambio también protege en parte y por el momento al Grupo Clarín y su empresa Cablevisión, que posee prácticamente la mitad del mercado de televisión por cable y a su vez es la principal fuente de ingreso del Grupo. Esto generó la queja de las "telcos", quienes en boca del Jefe de Relaciones Institucionales de Telefónica, Jose Luis Rodriguez Zarco, ahora sería "el proyecto de Cablevisión"; mientras Clarín, en este "fuego cruzado" entre pulpos capitalistas, hablaba de la "ley telefónica".
Si bien Telefónica se verá limitada en un principio para desarrollar la TV satelital, como lo hace actualmente en Brasil, al mismo tiempo sigue siendo socia comercial de DirecTV a través de servicios como el Plan Trío con el que brinda teléfono, Internet y TV.
Todos parecen decir una parte de la verdad.
La autoridad no cambia
Lo que no modificaron los senadores kirchneristas respecto al proyecto original es todo lo referente a quién tomará las decisiones y regulará, en última instancia, las TICs en Argentina. La Autoridad de Aplicación será designada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual será un funcionario del gobierno nacional quien aprobará o desaprobará cada paso a dar en la materia.
Este punto, cuestionado desde diversos sectores políticos y académicos, incluso dista mucho de la aparente “democracia” planteada en la Ley de Medios, donde la autoridad de aplicación es repartida entre oficialismo y oposición. En este caso, frente a un tema más abarcativo y estratégico que las licencias de radio y televisión, el gobierno opta por concentrar todas las decisiones.
Ninguna de las PYMES que rechazaba a las telefónicas hasta el momento levantó la voz sobre este punto. Evidentemente preocupa más la “competencia” de los peces más gordos, que la relación a establecer con quien pone la firma a decisiones políticas.
Vale preguntarse qué niveles de arbitrariedad y discreción habrá respecto a las TICs con una “autoridad” digitada desde Casa Rosada, si en el marco de la Ley de Medios el directorio la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) encabezado por Martín Sabbatella, llegó a aprobar el plan de adecuación fantasma del grupo Vila-Manzano o a decir que Telefónica puede seguir siendo dueña de Telefe (aunque el dictamen se frenó en la semana), a pesar del articulado de la Ley de Medios que prohibe a una empresa de servicios públicos poseer radios y canales de TV, y de la Ley de Bienes Culturales que impide que los capitales extranjeros tengan más del 30 % de la propiedad en los medios.
Mientras tanto, las dudas son más que las certezas. Salvo una cuestión: está más que claro que Argentina Digital no será otra cosa que un nuevo horizonte de negocios multimillonarios para unas pocas corporaciones. El gobierno con esta ley aparece así como un "árbitro" moderador de los negocios capitalistas en el monumental negocio de las telecomunicaciones, la información y las nuevas tecnologías.
Colaboró: Daniel Satur / @saturnetroc
