Panorama económico. Argentina, tocando Fondo: salarios bajos y la vieja receta de la reforma laboral

Las negociaciones del Gobierno con el FMI no estarían en su mejor momento, las declaraciones “duras” del ministro de Economía, Martín Guzmán y del presidente sobre la deuda con el organismo podrían indicar que el acuerdo está lejos de cerrarse y no por decisión de Fernández. No se trata de un repentino interés por atender las necesidades sociales en vez de honrar la deuda. Eso lo demuestra el pago al organismo por alrededor U$S 4.200 millones desde la asunción del Frente de Todos.

El Gobierno hizo los deberes para contentar al Fondo. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los gastos primarios disminuyeron un 3,2 % en relación al mismo período del 2020, según publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Se recortaron jubilaciones y pensiones (-7,4 % a/a) y los programas sociales (-45,0 % a/a) por la eliminación del IFE. Pero para el FMI el ajuste fue insuficiente y exigen más. Así, lo confirmó el designado embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, al señalar sobre la deuda con el Fondo que es “responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macroeconómico para devolverla, y aún no lo han hecho”.

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Este sábado Fernández y Guzmán se reunirán con Kristalina Georgieva en el G-20.El ministro insistirá con incluir la revisión de las sobretasas que cobran los organismos internacionales. El país paga 3 % de tasa anual extra por haber contraído un crédito mayor al que le corresponde por su cuota dentro del FMI y por haber cumplido más de tres años desde que se realizó el préstamo. Nada indica por el momento que el Fondo ceda a este pedido.

Por su parte, el organismo publicó un informe para el G-20 donde como señala la titular del FMI se “hace un llamado para que dentro de cada economía se tomen medidas contundentes”.

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Las reformas que el Fondo “pidió” para las economías del G-20 son: reforma laboral, reforma de la estructura tributaria, la liberalización o facilitación del comercio, facilitar las regulaciones del mercado de productos. Son las recetas de siempre del organismo, teléfono para Fernández, aunque repita que no se va a arrodillar ante el Fondo si no está dispuesto a desconocer el acuerdo fraudulento esto es lo que exigirán también para la Argentina. No hay un nuevo FMI, y las consecuencias las pagará (otra vez) el pueblo trabajador. Eso ya se observa en Ecuador, que está bajo la revisión del FMI, y hay movilizaciones y protestas en rechazo al ajuste y a la reforma laboral. La única salida para las mayorías populares es rechazar el acuerdo con el Fondo.

Salarios destrozados

Además de la negociación con el Fondo, la inflación es el otro problema que el Gobierno intenta, sin éxito, contener. La decisión de congelar los precios despertó la furia de los empresarios locales y extranjeros que rechazan la medida.

Según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en 204 comercios de 43 ciudades bonaerenses solo el 33 % de los comercios cumple con la existencia de stock de productos y el mayor incumplimiento se detectó en productos como cacao en polvo, galletitas y leches. Desde La Izquierda Diario le propusimos a quienes integran la Comunidad LID que nos respondan: Estando a fin de mes, ¿te cambia en algo que el gobierno haya “congelado” algunos precios? Entre las respuestas se mencionó que es una burla la medida, que la inflación ya se comió todo el salario, y que los salarios no alcanzan.

Este viernes el Indec publicó el índice de salarios de agosto. Solo el sector privado registrado en ese mes logró una mejora del 1 % del poder de compra en relación al mismo mes del 2020 tras meses de pérdida interanual. Sin embargo, los salarios del sector público perdieron un 0,3 % frente al mismo mes del año pasado y en el caso del sector no registrado la caída fue del 10 % en el mismo período.

Si se observa el descenso desde el 2015 la situación es más grave. El poder de compra perdió desde noviembre de 2015 a agosto de este año el 21 % en el sector privado registrado y el 28 % en el sector público. Entre los informales, el derrumbe es del 30 % desde octubre de 2016. La burocracia sindical de la CGT es cómplice de dejar pasar el ataque al poder adquisitivo del salario.

Ante la aceleración de los precios, es urgente un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones del 20 % para recuperar todo lo que se perdió en los últimos cuatro años, y que se ajusten automáticamente según la inflación. Como señalan los trabajadores del Indec ningún trabajador debería ganar menos de $ 112.243 que es el costo de una canasta de consumos mínimos estimado al 30 de septiembre. El costo de la inflación no lo puede pagar el pueblo trabajador.

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