¿Con la participación “ciudadana” se puede “perfeccionar” la democracia de los ricos y las trasnacionales?
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Miércoles 2 de marzo de 2016
El Colectivo Independiente afirma que “la partidocracia” secuestró la posibilidad de hacer una constitución para una ciudad más incluyente. Denuncia que los partidos tradicionales ya “apartaron 40 lugares” para la Constituyente, y que van por más por la vía electoral. Una cuestión real, como explicamos acá.
Este colectivo plantea una agenda para “ciudadanizar” la Constituyente, entre cuyos ejes se cuenta la “Democracia real y participativa: Una Ciudad con una Constitución que potencie una mayor participación ciudadana que vigile permanentemente las políticas públicas, sus nombramientos y concesiones privadas; que le dé rumbo, visión de largo plazo y establezca nuevas y mejores reglas para la convivencia en la Ciudad. Que privilegie la democracia horizontal y deliberativa entre toda la población.”
Lograr incidencia en las políticas públicas, ser parte de las decisiones de a qué aplicar el presupuesto público, poder combatir efectivamente la corrupción son parte de las justas aspiraciones de un gran sector de la población de la capital del país.
¿Es la democracia participativa la salida?
La democracia participativa saltó a la fama con el primer Foro Social Mundial, realizado en 2001 en Porto Alegre, Brasil.
En 2011 tuvo su refracción en la Ciudad de México, con la Ley de Presupuesto Participativo. Vecinos de las 16 delegaciones del entonces Distrito Federal podían participar de la decisión de en qué obras gastar el 3% del presupuesto de la capital del país a través de consultas y comités ciudadanos y comités de los pueblos. Los legisladores y el jefe de la ciudad decidieron en qué gastar el otro 97%.
En 2015, el porcentaje de presupuesto sobre el que los habitantes de la ciudad de México podían “decidir” se amplió al 5%. ¿Ese presupuesto se ejerció? En los primeros nueve meses de 2014, según informó El Universal, las delegaciones de Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac no ejercieron 310 millones de pesos que debían ser aplicados en más de 800 proyectos vecinales. O sea, ni siquiera en la mínima proporción sobre la cual en teoría podían decidir los vecinos, su “decisión” fue respetada.
Corrupción en la Ciudad de México
Mientras se votaron las dos leyes de presupuesto participativo, salió a la luz pública uno de los peores casos de corrupción tanto en el gobierno de Marcelo Ebrard -del Partido de la Revolución Democrática- como en la actual administración de Miguel Ángel Mancera -quien llegó al poder como candidato independiente en la lista del mismo partido.
Fue el escándalo de la Línea 12 del metro. Un fraude en el que se invirtieron millones de pesos del erario público y que desde la inauguración ha presentado graves problemas de infraestructura, como explicamos acá.
Este caso demuestra que la democracia participativa es claramente insuficiente como la vía para controlar la acción de los funcionarios públicos.
La democracia directa: la vía para decidir sobre los problemas de la ciudad
Como decíamos al inicio, tener poder de decisión sobre el presupuesto de la ciudad y las políticas públicas es una justa aspiración de la clase trabajadora y la juventud.
Pero en vez de una reforma limitada de la democracia actual, dando la ilusión de la participación en las decisiones públicas como lo hacen los postulados de la democracia participativa, para terminar con los negociados y la corrupción hay una salida de fondo.
Que todos los funcionarios ganen lo mismo que una maestra. Para que la función pública deje de ser la carrera de arribistas que pretenden hacer fama y fortuna a costa de las arcas de la ciudad. Ese es el primer paso para que la casta política desaparezca.
Que todas y todos los que estamos hartos de gobiernos que fungen como gestores de empresas constructoras y trasnacionales, que administran la ciudad para los intereses de los ricos y los poderosos, convoquemos a la elección de una Asamblea Comunal Soberana. Una asamblea integrada por un representante cada mil electores, elegidos por voto directo y con mandato revocable, con poderes plenos para desarrollar un plan de obras públicas, como infraestructura antisismos y reconstruir el suministro de agua potable a todas las delegaciones. Un plan de urbanización al servicio de los intereses de las y los trabajadores y el pueblo de la ciudad.
En esta asamblea debe resolverse un Ejecutivo, que responda ante la misma, y sus funcionarios deben ser revocables y con un salario igual que el de una maestra.
No nos conformemos con decidir sobre una porción del presupuesto de la ciudad. Vamos por todo. Que el 100% del presupuesto se ponga a debate y se vote en asambleas por colonias y en la Asamblea Comunal Soberana.
El presupuesto de la ciudad no debe salir de los impuestos a los trabajadores, al pueblo y a los pequeños propietarios. Es necesario que esa Asamblea establezca una escala de tasas y servicios progresiva donde paguen más los bancos, las entidades financieras, las tiendas departamentales y las grandes empresas asentadas en la ciudad. Y, a su vez, se deben abrir los libros de contabilidad y someter a revisión todos los contratos y licencias otorgadas por el gobierno de la ciudad. Para que nunca más haya un caso como el de la Línea 12 ni alzas de tarifas como la última que sufrimos en el metro, que cada vez presenta más problemas de infraestructura.
A su vez, debe también expropiarse las fortunas y los bienes que posean los cárteles del narco y las redes de trata que operan en la ciudad. Esos fondos deben ponerse al servicio de los trabajadores y los jóvenes de la ciudad, para garantizar vivienda, infraestructura urbana, salud y educación de acuerdo con sus necesidades.
¿Cómo lograr que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el represor devenido en progresista con su discurso de la ciudad inclusiva, permita que los trabajadores y el pueblo de la Ciudad de México decidan qué hacer con el presupuesto?
La vía es la movilización amplia en las calles, liderada por el magisterio que resiste la reforma educativa y las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, como las trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) en lucha contra despidos arbitrarios y abusos, en alianza con los jóvenes que no olvidan ni perdonan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bregando por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
