La Asamblea Nacional Catalana (ANC) denuncia la criminalización del movimiento independentista en el segundo aniversario del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.
Martes 1ro de octubre de 2019
Manifestantes portan una pancarta con el mensaje "Lo hicimos y ganamos", este martes, durante la concentración convocada en Barcelona por la Asamblea Nacional Catalana bajo el lema "Acabemos lo que empezamos. Ganemos la independencia" enmarcada en una jornada de movilizaciones por toda Cataluña con motivo del segundo aniversario del 1-O. EFE/Quique García
El arresto de nueve activistas catalanes, acusados de terrorismo, el pasado 23 de septiembre, es una “operación para criminalizar al independentismo y desmovilizar a los manifestantes catalanes”, según señala un comunicado de la ANC difundido este martes. La entidad que convocó las masivas manifestaciones de este martes en Catalunya sostiene que no es casual que estas detenciones se hayan producido unos días antes de las sentencias contra los presos políticos catalanes que se encuentran en prisión preventiva desde el otoño de 2017.
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El comunicado de la Asamblea catalana también apunta contra las irregularidades que se produjeron durante las primeras 48 horas de las detenciones:
“Estas nueve personas no han cometido ningún delito, y se las acusa por una posible intención de querer cometer acciones de sabotaje, cuando su único crimen es defender el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. Se da la circunstancia de que, salvo en dos de los casos, la entrada y los registros en los domicilios y las detenciones de los acusados se produjeron sin la presencia de sus representantes legales. Además, tanto los representantes legales de los acusados como los miembros del Colegio de Abogados estuvieron a 48 horas sin recibir notificación sobre los delitos reales por los que se les acusó.”
Sostienen además que los detalles sobre el procedimiento “han sido filtrados a los medios de comunicación españoles con la intención de crear una imagen inicial negativa de los detenidos, haciéndoles llegar informaciones a la que sus abogados aún no tenían acceso”.
La utilización de la Ley Antiterrorista contra los activistas catalanes ha sido repudiada desde diversos ámbitos. La ANC afirma que, por esta vía “España vuelve pues a utilizar el derecho penal para coaccionar a la minoría catalana para que no manifieste sus opiniones políticas y no ejerza su derecho de manifestación.”
En medio del segundo aniversario del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y faltando pocos días para las sentencias de los nueve líderes políticos catalanes, se vive una escalada represiva contra el movimiento independentista catalán.
Desde la ANC opinan que muy probablemente serán condenados a penas de varios años de prisión “por convocar protestas pacíficas, y por ejercer sus prerrogativas de convocar un referéndum para la independencia de Cataluña siguiendo la voluntad popular del pueblo catalán”.
“España vuelve pues a utilizar el derecho penal para coaccionar a la minoría catalana para que no manifieste sus opiniones políticas y no ejerza su derecho de manifestación”, aseguran.
En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias ya declaró que “el objetivo de la acusación penal y el juicio resultante es coartar a los presos por las opiniones políticas que han expresado", y pidió al gobierno español su puesta en libertad inmediata.
