Mientras el gobierno provincial se encontraba en Malargüe participando ayer del almuerzo de las fuerzas vivas en un nuevo aniversario departamental, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) fueron en busca del ministro de Energía, Marcos Zandomeni y del Gobernador Francisco Paco Pérez para plantear nuevamente el No el proyecto minero Hierro Indio.
Domingo 16 de noviembre de 2014 21:35
Las asambleas venían participando desde el sábado de una nueva reunión de AMPAP en el sur provincial y acordando los pasos a seguir para lograr el rechazo de la declaración de impacto ambiental del Proyecto Hierro Indio, que probablemente se vote en el sanado el martes 18 de noviembre. Declarados en estado de alerta y movilización permanente, los asambleístas se dieron cita para plantearle a un visiblemente ofuscado Pérez la ilegalidad de la DIA de ese proyecto y la plena vigencia de la Ley 7722.
Con un apresurado gobernador que apenas dirigió la mirada a los manifestantes, quién trabó diálogo fue el Ministro de Energía Marcos Zandomeni, para recibir una nueva muestra de rechazo a mencionada declaración de impacto ambiental “por infringir los procedimientos técnicos y administrativos, violando las leyes vigentes. Entre ellos, se niega la actividad antrópica en la zona; no se han realizado los análisis paleontológico y arqueológico de la misma; no se han solicitado los dictámenes sectoriales correspondientes; no se respeta la autoridad de aplicación competente; no se ha convocado a Audiencia Pública. Además figuran dos razones sociales sin la documentación legal pertinente que acredite el traspaso de las mismas; y ante las observaciones citadas en los dictámenes sectoriales, la respuesta es “se toma nota”, sin ofrecer la corrección y viabilidad a los pedidos solicitados, que permitirán remediar el impacto ambiental”, le dijeron.
“La provincia de Mendoza necesita una matriz productiva no sólo diversificada, sino también sustentable y sostenible. Las empresas megamineras no son opción para este modelo porque son incompatibles con otras actividades productivas. Saquean y contaminan bienes vitales como el agua, la tierra, el aire y nuestros ecosistemas”, sumó la representante asamblearia.
La Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, Asamblea por el Agua de San Rafael, Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, Asamblea Maipucina por el Agua, Autoconvocados de San Carlos, Autoconvocados de Tunuyán, Asamblea por el Agua de Tupungato, Asamblea del Pueblo de Alvear, plantearon claras exigencias: “Respeten nuestro derecho a decidir sobre nuestra forma de vida, qué producir, de qué manera y para quienes. Prioricen los derechos del pueblo a los intereses del capital”.
Las asambleas denunciaron además que el gobierno provincial declara por quinto año consecutivo la emergencia hídrica, a la vez que envía a la legislatura para su aprobación proyectos que pondrán en riesgo el agua de nuestras cuencas y en consecuencia nuestra vida. Que se manifiesta reiteradamente defender la ley 7722, a la vez que reclama la aprobación de proyectos mineros metalíferos que violan por sus características la mencionada ley. Que se avala la ilegal actualización del proyecto San Jorge, que fuera rechazado por el pueblo de Uspallata y definitivamente por la Legislatura en el año 2011. Que se proclama convocar al debate y al diálogo, mientras hace lobby minero y niega el derecho a la participación popular a través de los mecanismos establecidos por las leyes vigentes: Consulta Popular y Audiencia Pública.
Finalmente, manifestaron que el gobierno de Paco Pérez insiste, en conjunto con el Gobierno Nacional, en profundizar el modelo económico extractivista, neocolonial y depredatorio de los Bienes Comunes, garantizando así, la maximización de las ganancias del capital transnacional, en desmedro del Derecho de los Pueblos.
