Con la consigna "No a la cárcel , si a la educación", la comuna rural y azucarera del centro de la provincia de Tucumán se organiza contra la decisión del gobierno provincial de Osvaldo Jaldo.
Miércoles 2 de marzo de 2022 12:36
Los habitantes de Río Seco, comuna rural y azucarera del departamento de Monteros ubicada en el centro de la provincia de Tucumán, se auto convocaron para rechazar la transformación de un histórico edificio educativo en una cárcel. El centro de detención se ubicaría donde estaba la Escuela Técnica Nº1 (que luego se mudó a otra dirección), en la esquina de Avenida Avellaneda y el pasaje Miguel Chalón.
Esta decisión condensa -en pequeño- una de las principales políticas de los gobiernos en los últimos años (y acaso desde el principio): invertir en la mal llamada "seguridad", en detrimento de políticas que generen oportunidades para la juventud, en cuanto al acceso a la educación, pero también a otras cosas fundamentales de la vida, como el trabajo y la vivienda.
El gobernador Osvaldo Jaldo comunicó esta noticia a la prensa y lo anunció más tarde en su discurso de apertura ante la Legislatura. El plan incluye la construcción de un total de cinco nuevos centros de detención para “poner fin a la crisis carcelaria en la provincia".
El rechazo que despertó esta medida se asienta en la historia de lucha que envuelve al edificio. El mismo había sido donado por la familia Chalón para uso educativo en 1985 y los vecinos se encargaron de acondicionarlo.
Se trata además, de un pueblo de tensa relación con la pata represiva del Estado: los militares habían colocado una placa que decía: “Aquí vencimos a la subversión” y los vecinos no tardaron en organizarse en una comisión para sacarla. Hoy esa organización se reactualiza en la Comisión de la Asamblea Popular de Río Seco.
Este pueblo se caracteriza también por su cercanía con el Ingenio La Providencia (hoy propiedad de la empresa Arcor): uno de los pueblos de la provincia de Tucumán donde los empresarios azucareros participaron en crímenes de lesa humanidad.
La tradición de lucha de estos pueblos incluye la doble pelea contra el desempleo y la precarización laboral en los ingenios, y contra la represión policial, militar y violenta del Estado sobre la población, que incluyo la desaparición forzada de miles de activistas - y en particular militantes sindicales-.
En esta ocasión, los activistas organizados en la Asamblea realizaron una campaña de recolección de firmas que acercaron a las autoridades. La abogada María Laura Medina planteó a Página 12 que la Delegada Comunal Carmen Alejandra, responsable por ofrecer el edificio al Ministerio de Seguridad, aún no aceptado recibirlos.
La decisión de invertir 290 millones de pesos en cárceles revela un punto: las fuerzas políticas mayoritarias pretenden enfrentar al contexto de crisis económica y social (40 millones de pobres hacen malabares para sobrevivir) con mano dura: más gorra que persiga a los pibes en los barrios, en un presente en el que hay lugar para pocos.
La otra cara de la inversión en mano dura es el ajuste en las políticas sociales y al bolsillo del pueblo trabajador. Bajo las directivas del Fondo Monetario Internacional, no hay horizonte de mejora para las condiciones de vida de las mayorías. Sin ir más lejos: en diciembre del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández pagó al FMI en un día 10 veces más de lo gastado en becas estudiantilesdurante todo el año 2021.
