En 2016 un juez civil ordenó a la multinacional recomponer los daños causados y aconsejó al Ejecutivo relevar los impactos sobre la población. “Este resultado no se da vuelta”, aseguró un querellante.
Viernes 18 de enero de 2019 23:13
A dos años del primer fallo de Tucumán en contra de una minera, se espera que la decisión de la Corte Suprema de Justicia ratifique en los primeros meses de 2019 que Minera Alumbrera contaminó el agua de Alpachiri y Concepción. “Uno de los jueces me dijo que este resultado no se da vuelta”, aseguró Carlos Alberto Aranda, uno de los denunciantes junto con su hermano Antonio. “Una eternidad para decir lo mismo”, concluyó.
Tras diez años del comienzo del juicio, el 28 de diciembre de 2016 el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo del Centro Judicial Concepción dictó sentencia en contra de la Minera Bajo de la Alumbrera por contaminación de aguas subterráneas en Concepción y Alpachiri.
En su fallo, ordenó a la empresa a que recomponga todos los daños ambientales causados y aconsejó al Poder Ejecutivo provincial que se haga un relevamiento de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona para detectar las enfermedades y/o patologías que se relacionen directamente con la contaminación y se asista a los perjudicados. Además, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) debía informar sobre el estado del servicio de agua potable.
Los abogados de la minera apelaron estas medidas, pero la Cámara que cuenta con tres jueces ratificó lo que dijo el juez de primera instancia. Volvieron a apelar y hace un año que la causa está en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
“Antes de hacer la denuncia, desde el Gobierno me ofrecieron cargos de concejal y legislador para que no hablara”, contó Carlos Aranda. Además, afirmó que le “ofrecieron dinero” y que “le pagaron a mucha gente en la ciudad” para que lo difamaran. Una vez, aseguró que lo contactaron desde la empresa para tomar un café en un bar. Lo quisieron cooptar y le dijeron: “Bueno, alguno que otro se morirá de cáncer”.
“En Concepción dieron 16 millones de pesos para construir un hospital, entregaron dinero a los bomberos, camas a la Iglesia, chapas a las bibliotecas, donde podían coimeaban”, se lamentó Aranda y agregó: “Me decían que una bala es más barata que cien millones”. Además recordó que un obispo amigo de él ya fallecido le había dicho que estaba “luchando contra el mismo diablo”.
Todavía no se realizó ningún estudio en cuanto a las enfermedades producidas por la contaminación del agua, pero desde hace dos décadas todos los ambientalistas denuncian el aumento de muertes por casos de cáncer y embarazos prematuros. “Hay entre dos y tres casos de cáncer por cuadra en Concepción y Alpachiri, y en Andalgalá es peor”, aseguró Aranda. Un amigo de él que trabajó como contratista un tiempo corto con la minera le contó que “ellos tienen calculado en el presupuesto las muertes que van a haber y también dentro de la minera”.
La contaminación de estos yacimientos salpica a todos los gobiernos provinciales y nacionales desde el menemismo hasta la actualidad. “Todos los políticos de una manera u otra están comprometidos con estas multinacionales. Algún favor le deben, callan y obedecen”, expresó Aranda. Además, contó que como la provincia exporta arándanos, el Gobernador pidió regar los cultivos con agua de pozo de más de 300 metros de profundidad, mientras que para el consumo humano se extrae de tan sólo 70 metros.
“Todos ya han tomado consciencia”, explicó refiriéndose a Concepción y Alpachiri, ya que antes algunos lo acusaban de “terrorista” por luchar contra las multinacionales. Todo comenzó en 1989 cuando los hermanos Carlos y Antonio Aranda, ambos agricultores, querían construir una planta embotelladora de agua mineral en Alpachiri, Tucumán. Los estudios al agua que exigía el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) les dieron perfectos, pero por problemas personales abandonaron el proyecto. En 2004, se les presentó nuevamente la oportunidad y tuvieron que hacer la actualización de esos análisis. Sin embargo, en esa ocasión el resultado fue que el agua no era apta para consumo humano por contener metales pesados.
Los hermanos Aranda ya sabían que el mineraloducto de la minera Alumbrera pasa por medio de la finca y que había tenido roturas en 1999 y en 2001. Comenzaron a investigar y descubrieron que 4 km más arriba del manantial, la minera había hecho una fosa inmensa, un enterramiento ilegal, donde se acopiaba gran cantidad del material que se había derramado de la rotura del mineraloducto. Se le realizaron estudios a esa agua y se comprobó que estaba contaminada con los mismos metales que la del manantial.
La Minera Bajo de la Alumbrera YMAD – UTE, yacimiento de cobre, oro y molibdeno, entre otros metales, está ubicada en el partido de Belén, Catamarca. Comenzó a funcionar en el país en 1997 y es operada por la firma suiza Glencore quien posee el 50 % de las acciones, y las empresas canadienses Goldcorp (37,5 %) y Yamana Gold (12,5 %). Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad compuesta por el Estado Nacional (que designa al presidente del YMAD), la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán. A su vez, YMAD forma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la minera para la explotación del yacimiento y por eso percibe el 20 % de las utilidades.
Según explicó Aranda, la minera contrabandea minerales y así también le roba al país, porque no declara todo lo que se lleva. En 2017 se comprobó en los Paradise Papers que Glencore, accionista principal de Alumbrera, evade impuestos en paraísos fiscales. Además, el fallecido Marc Rich, quien fue el dueño de esta multinacional y, por lo tanto, de la Alumbrera, cometió entre otros delitos, el de traficar armas.
La minera que ahora cesó sus funciones pero que se está preparando para continuar explotando por diez años más de modo subterráneo, operaba a cielo abierto. Para romper la piedra se utilizaban molinos con electricidad y para extraer los metales utilizaban 100 millones de litros de agua por día, “lo que utilizaría una sociedad de 200.000 habitantes por día”, según explicaron los ambientalistas.
Los desperdicios de sustancias químicas y minerales iban al dique de colas y el resto se transportaba mediante un mineraloducto que llega hasta Ranchillo, Tucumán, donde está la Planta de Filtros. Ahí se extraen los metales y son transportados en tren hasta el puerto en Santa Fe donde son enviados al extranjero. Al agua que extraen en la planta de Tucumán le hacen un tratamiento (incompleto) y la vuelcan en el canal de drenaje pluvial dp2 que se junta con la cuenca del río Salí Dulce.
Alumbrera también está denunciada por la contaminación a este río. Esta causa federal penal fue iniciada en 1999 por un biólogo, exdirector de Medio Ambiente de Tucumán y está caratulada como Juan González, su denuncia por infracción a la ley 24.051 de residuos peligrosos por daño a la cuenca Salí Dulce. La asociación civil PRO ECO Grupo Ecologista, perteneciente a la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), es querellante desde el 2010. La causa avanza con lentitud. Actualmente, el juez Fernando Poviña del juzgado N° 2 de Tucumán volvió a pedir que se realicen estudios que ya fueron hechos y habían dado por resultado la contaminación del agua.
También, mientras el actual gerente corporativo de la empresa, el ingeniero tucumano Raúl Pedro Mentz está procesado, se volvió a llamar a indagatoria a su predecesor Julián Rooney quien primero fue imputado y luego sobreseído, y a otro CEO, Michael Holmes. “Tiene más de 40 fojas la causa, no se avanza nada. Siguen en la espera para que comience Agua Rica. Esa es la especulación que hay”, afirmó el presidente de PRO ECO, Alfredo Carbone. Esta asociación también fue perseguida por supuesta “extorsión”.
La minera para defenderse se basa en una resolución provincial que se cambió justo cuando se instaló el yacimiento. En esta nueva, el volcado de efluentes pasa a controlarlo la secretaría de Medio Ambiente de Tucumán y permite que sea de diez a cien veces mayor que la ley nacional 24.051. “Es inconstitucional”, señaló Carbone.
Actualmente, en Alumbrera se está preparando todo para fusionarse con la minera Agua Rica que está a sólo 30 km de distancia. “Agua Rica siempre está en el nombre de todos los políticos porque es a lo que aspiran, el botín mayor”, señaló la asambleísta de El Algarrobo, Rosa Farías. Además, aseguró que, aunque nunca comenzó, tienen hechos caminos y algunas perforaciones, y que se ve poco movimiento pero constante. “Agua Rica es posible siempre y cuando se use la infraestructura que tiene la Alumbrera. No les conviene hacer otro ingenio. La única forma es usar lo que ya tienen”, enfatizó el presidente de PRO ECO.
El pueblo en lucha de Andalgalá consiguió en 2016 un amparo judicial ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la minera Agua Rica. A fines de agosto de ese año el mismo juez que había ordenado la represión en 2010, tomó una medida cautelar para que no se explotara el yacimiento. Más adelante, el Consejo Deliberante de Andalgalá sancionó una ordenanza que prohíbe todo tipo de actividad minera. Esto no se cumple porque “no hay voluntad”, según señaló Mariana Katz, abogada defensora de los vecinos de Andalgalá.
El Gobierno y la minera se opusieron al considerarla inconstitucional. Luego, se efectuó la denuncia penal por parte de los vecinos contra los funcionarios de la Secretaría de Minería y los que dirigen la minera. En febrero de 2017, la fiscal ordenó hacer una inspección ocular, medida judicial de investigar el lugar donde se puede estar cometiendo un delito. En 2018, se llevó a cabo por peritos, tanto de parte como de los denunciados.
El 25 de diciembre pasado llegó sólo el resultado de los peritos de Andalgalá. “Tanto lo que dice uno de los concejales que fue como veedor del Consejo Deliberante como lo que dice el geólogo, secretario de Medio Ambiente de la municipalidad de Andalgalá, y lo que dijeron nuestros técnicos de parte es que el yacimiento de la explotación de Agua Rica es inviable”, afirmó Katz.
“No tienen licencia social”, aseguró Farías quien junto a otros luchadores fundó la asamblea Pueblo Catamarqueño en Resistencia y Autodeterminación (PUCARÁ) que “para los indios significaba vigilancia”. La agrupación se reúne anualmente o según las necesidades y este año en septiembre hicieron la Primera Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos. Las caminatas de todos los sábados de la asamblea El Algarrobo contra Agua Rica van a llegar a ser quinientas en julio de 2019, ininterrumpidamente.
“La minera ha contaminado todo, ha contaminado conciencia”, señaló Carbone. En sintonía, Karina Martinelli, luchadora ambiental de Santa María, Catamarca, quien vive a tan sólo 90 km de la minera, argumentó que “el impacto en la minería es muy fuerte en lo social” ya que el pueblo sabe lo que sucede, pero “no hay consciencia” en muchos casos. Ella explicó que la marginación en la que viven es social porque estas políticas capitalistas “desvalorizan la producción local y las economías regionales porque inculcan que hay que progresar”. Por tal motivo, muchos jóvenes tienen el sueño de entrar a trabajar en la minera para ganar un salario fijo y alto, lo que nunca sucede. También, afirmó que por eso algunas personas abandonan estos paraísos para tener un sueldo en la ciudad que no satisface sus necesidades y terminan siendo pobres.
“Sólo avanzan en la causa de la facultad”, explicó el presidente de PRO ECO, porque gracias a que un arquitecto jubilado denunció la corrupción de la minera y de YMAD, está procesado el exrector de la Universidad de Tucumán, Juan Alberto Cerisola. El juez federal Poviña elevó a juicio oral esta causa donde también se acusa a Olga Graciela Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, ex funcionarios de Cerisola, por presunta malversación culposa de los fondos provenientes de las regalías mineras. “Hay un movimiento universitario que lucha”, concluyó Carbone.
“La Minera Alumbrera YMAD-UTE lleva acumuladas más de 50 causas entre civiles, penales y laborales”, aseveró el presidente de PRO ECO. Todos los ambientalistas coinciden en que la minera no crea puestos de trabajo significativos para el pueblo y no deja grandes beneficios al país, sólo contamina y empobrece la calidad de vida. No tienen licencia social.
