El día lunes se conoció el texto del Proyecto de Ley del Ministerio de Educación de Jujuy, que establece un mecanismo diferenciado de calificación para docentes egresados de la UNJu y de los IES
Jueves 4 de julio de 2019 10:06
La medida político-educativa que el gobierno lanzó a través del citado proyecto de Ley, posee varios puntos críticos que afectan directamente el futuro laboral de cientos de docentes nobeles y también a estudiantes de los profesorados de la provincia, especialmente a los de la UNJu, para los que establece un régimen desigual y diferenciado en cuanto al puntaje docente otorgado a sus títulos de grado.
La grilla calificadora en cuestión propone dar 15 puntos para los egresados de los profesorados de los IES, mientras a los egresados de la UNJu otorgaría 10 puntos, al igual que egresados terciario de otras provincias. Este criterio de jerarquización de una carrera de formación sobre la otra, no posee sustento pedagógico-académico alguno, lo que vuelve totalmente arbitraria dicha diferenciación.
En esa misma lógica jerárquica, establece también un puntaje diferenciado para los cursos de perfeccionamiento docente emitidos por instituciones de educación superior, provinciales, nacionales (del INFOD) y privados, para los cuales establece 0,05 puntos y para los cursos emitidos por la UNJu, un mínimo puntaje de 0,01 puntos.
Aquí se enuncian una serie de valoraciones respecto a la calidad formativa de las instituciones donde claramente la formación académica de una universidad nacional aparece totalmente subvaluada. Incluso otorgando a las empresas privadas de cursos docentes, una ventaja más para fomentar el negocio de trayectos de formación que muchas veces no tienen ninguna relevancia o excelencia académica para la formación docente y para la educación de calidad.
La ponderación de unos títulos sobre otros también se reproduce sobre los trayectos denominados de posgrado, ya sean especializaciones, diplomaturas, maestrías y demás, a los cuales otorga menor puntaje a los posgrados de la UNJu con referencia a los dictados por las instituciones de educación superior de la provincia.
Finalmente es importante remarcar, que en la grilla general de puntajes donde se estipula el tope máximo de puntaje, o sea el techo de puntaje para la carrera docente, dos de los ítems que más puntuación otorga están ligados a la antigüedad docente y al desempeño. Ambos sólo pueden ser acumulados en la medida en la cual se ingresa al sistema educativo como trabajador/a. Y ésta, precisamente es una de las problemáticas más acuciantes para los y las jóvenes docentes que una vez recibidos tardan años para poder ingresar a la docencia, sean egresados de la UNJu o sean egresados de los IES.
Un discurso mentiroso para reforzar las desigualdades y la precarización laboral en educación
En el anexo VII del anteproyecto de ley, se formulan los propósitos y criterios generales que en teoría dan fundamento a una no propuesta de carrera docente. En los mismos se plantea la voluntad de favorecer y reconocer la identidad y la trayectoria de los IES. Precisamente lo hace bajo una forma perversa que intenta construir una estructura de desigualdad entre egresados de diversas instituciones favoreciendo un sálvese quien pueda y fomentando un sistema de corrupción a la hora de reconocer la validez de diversos trayectos de capacitación y formación docente sobre todo los provenientes de instituciones privadas que se encuentran absolutamente desreguladas por el ministerio de educación.
La segunda mentira, radica en la supuesta voluntad del gobierno de reconocer a los IES cuando en la realidad viene de manera sostenida cerrando profesorados en toda la provincia, también poniendo trabas a estudiantes de profesorados del IES 4 que hace meses reclaman para que se respeten sus planes de estudio de origen y les garanticen su egreso. Ni hablar de las condiciones en las cuales estudian, en edificios que se caen a pedazos, hacinados, sin profesores, etc.
Las medidas planteadas por este anteproyecto de ley se combinan con otras medidas arbitrarias que vienen tomando desde el gobierno de Morales y el ministerio que conduce Calsina contra la Educación Pública. Por un lado, la reestructuración de la junta de calificación, que afecta la representación docente y de los sindicatos en las mismas dejando una mayoría gubernamental en la misma y la elección de la jefatura general en manos del ejecutivo.
Por otro lado, los cambios en los sistemas de ofrecimientos de cargo que van de la mano con las políticas de ajuste que se vienen tomando con el pase a disponibilidad de cientos de docentes a partir de los cierres de carreras y/o de cursos y grados. Desde el año pasado, para que un cargo sea ofrecido al conjunto de la docencia que cuenta con legajo y puntaje, primero tiene que pasar por la instancia de que sea cubierto por docentes en disponibilidad, luego el mismo procedimiento pero a nivel de región, luego un ofrecimiento interno en cada escuela, para recién poder salir a ofrecimiento externo.
Al igual que con el anteproyecto de ley de la nueva grilla de calificación los más perjudicados son los docentes más jóvenes a quienes se les complica el ingreso a la docencia, por lo que tienen que migrar a trabajar a otras provincias.
Por esto desde la agrupación 9 de abril planteamos que de manera inmediata se tiene que rechazar este proyecto de ley que refuerza una estructura verticalista y burocrática donde el gobierno decide sobre la vida laboral de los/as estudiantes y los/as docentes, reforzando mecanismos de exclusión para la juventud trabajadora.
En este sentido los sindicatos docentes, ADEP, CEDEMS y ADINJu deben convocar de forma urgente asambleas para construir un plan de lucha común junto a estudiantes de los IES y de la comunidad universitaria y así, hacer retroceder al gobierno y a la ministra Calsina. Unificar en una lucha todos los problemas y ataques a la educación es una tarea de primer orden ante un contexto de creciente ajuste y desocupación.
