Chihuahua. Asesinan a ambientalista defensor de Sierra Tarahumara por oponerse a aeropuerto

Antonio Montes Enríquez, de 43 años, era un líder indígena de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna, ubicado en una de las partes más altas de la sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua.

La noche del sábado 6 de junio su cuerpo fue encontrado sin vida cerca del poblado turístico de Creel, también dentro del municipio de Bocoyna, famoso por ser una de las paradas obligadas en el recorrido del Ferrocarril Chepe Express que atraviesa la Sierra Tarahumara.

Su asesinato ha despertado protestas entre la población de Bocoyna. El caso de Antonio Montes es el quinto asesinato de un ambientalista durante la cuarentena y el séptimo de este año. Con él suman 20 en el sexenio de AMLO.

Un negocio de Corral, AMLO y ... César Duarte

Montes Enriquez había encabezado protestas en contra de la construcción de un aeropuerto en la zona de Creel, impulsado como parte de la inversión turística que el gobierno de Chihuahua ha dirigido en el estado, desde la administración del priísta César Duarte.

De acuerdo con declaraciones del gobernador estatal, en enero pasado, ante la séptima visita de AMLO a Chihuahua, el aeropuerto planeaba abrir operaciones en agosto de este año para aviación civil y en los primeros meses de 2021 para aviación comercial.

Dicha apertura dependía, también, de que Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, dieran luz verde al resto del presupuesto necesario para concluir la obra, con recurso federal.

En aquella visita Corral y AMLO se reunieron, por ejemplo, con representantes de la Industria Maquiladora de Exportación, en pro de valorar “el avance en desarrollo, expansión y crecimiento del Estado”.

Seguramente las valoraciones fueron positivas, pues a finales de mayo y en plena crisis sanitaria, la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Chihuahua obtuvo el resto del presupuesto para la conclusión de la obra con un monto final de 200 millones de pesos.

Nada nuevo en México, oponerse a un aeropuerto mata

No era la primera vez que el activista indígena era víctima de amenazas. Anteriormente ya lo habían baleado y a inicios de este año, habían quemado su casa, en Creel.

Las protestas por parte de la población de la zona, organizaciones civiles y activistas como Montes Enríquez, comenzaron desde 2014. Ese año ganaron un litigio en tribunales federales que ordenaba la indemnización de las comunidades, ante el reconocimiento de que la construcción de dicha obra no había sido consultada con la población.

En 2016 con el panista Javier Corral recién electo, el Congreso del Estado publicó en el Periódico Oficial que se otorgaría el fideicomiso por 65 millones de pesos, a partir del 28 de septiembre de ese año, en abonos de 8 millones 267 mil pesos anuales, hasta 2021 donde se concluiría con un abono final de 12 millones de pesos.

Lo que los pobladores, con Antonio Montes Enríquez a la cabeza denunciaban, es que el fideicomiso ganado de la mano de la organización civil Contec, se malversó y se impidió su entrega con toda clase de trabas legales.

Por esta razón desde hace tres meses se habían tomado las instalaciones del aeropuerto y se estaba planeando una nueva movilización en días siguientes, la cual de acuerdo con la propia Mónica Gretel Ruiz Anchondo, apoderada legal de la comunidad, era encabezada por Antonio.

“Toño tenía un trabajo de años defendiendo su comunidad en contra del abuso y el poder del estado al construirles el aeropuerto de Creel en sus tierras ancestrales”

A pesar de que no se ha clarificado la línea de investigación por su asesinato, Ruíz Anchondo, pobladores y medios locales han exigido que se indague como un crimen de Estado por el activismo del indígena Antonio Montes.

*Con información de Raíchali, periodismo independiente y El Economista