Durante este fin de semana, se encontraron los cuerpos sin vida de los defensores José de Jesús Robledo y su esposa María de Jesús Gómez, en el estado de Sonora, quienes mantenían una lucha contra la minera estadounidense Penmont que se instaló ilegalmente en su territorio.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Lunes 3 de mayo de 2021
El pasado 30 de abril fueron encontrados los cuerpos sin vida de José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, quienes fueran líderes comunitarios contra la imposición de la minera Penmont en su territorio en el estado de Sonora.
En años anteriores, José de Jesús había sido víctima de desaparición forzada y continuas amenazas de parte de las autoridades del gobierno de Sonora, coludidas con la empresa minera.
En un comunicado los integrantes del Ejido El Bajío, Sonora, informaron que los asesinatos son una clara amenaza a su lucha en contra de Minera Penmont que ha invadido y saqueado su territorio después de que el 9 de Junio de 2014 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 28 ordenó a la minera estadounidense devolver el oro y plata que saqueó durante el tiempo que invadió ilegalmente las tierras del Ejido el Bajío, monto calculado en alrededor de 350 millones de dólares.
Los cuerpos de José de Jesús Robledo Cruz y su esposa, María de Jesús Gómez Vega fueron encontrados junto con un cartón con los nombres de los demás ejidatarios que resisten a la minera Penmont.#LaMinaEsMuerte
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— Ejido El Bajío (@Ejido_ElBajio) May 3, 2021
“El apoderado de la mina Jorge Paul Favela Rodríguez y Eduardo Ocampo Bautista amenazaron a Robledo Cruz, lo supe porque el finado pidió al magistrado que se asentara en el acta” acusaron.
Según testigos, sobre sus cuerpos se encontró un cartón con nombres de ejidatarios de El Bajío quienes desde hace años mantienen una lucha contra la minera estadounidense Penmont que se instaló ilegalmente en su territorio, a lo que denunciaron que es un acto de clara amenaza contra la resistencia de las y los ejidatarios que se oponen al despojo de la empresa. Por lo que exigieron a Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, se investigue a los responsables entre los que señalaron a su tío Rafael Pavlovich Durazo.
En su comunicado solicitaron al Estado Mexicano se inicie una investigación sobre la amenaza de muerte contra los ejidatarios y se trabaje en el esclarecimiento de las muertes de los defensores, así como de las desapariciones de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez, también ligadas al conflicto con la empresa Penmont.
