A pesar de la saturación de información que nos atraviesa y las veloces formas de acceso a la misma, poco sabemos de la realidad de los países del sur de nuestra región. Me refiero concretamente a Colombia, un país que en plena pandemia siguió saliendo a las calles para hacer explícito su hartazgo respecto de las políticas de ajuste que se pretendieron implementar y todo un cumulo de históricos reclamos populares que estallaron en las calles de las principales ciudades de este país. Por otro lado, las luchas de los diversos movimientos sociales de base colombianos, ven seriamente comprometidas sus prácticas y ejercicio de derechos sociales y políticos, debido a la sistemática persecución, amenaza y muerte que sufren la población civil en general y las y los líderes sociales en particular. Las políticas de muerte siguen activas y tienen como blanco principal a las y los líderes sociales.
Carla Daniela Rosales Lic. en Trabajo Social Dra. En Estudios sociales agrarios Grupo de trabajo de infancias y juventudes de CLACSO
Lunes 28 de febrero de 2022 00:00
Años atrás cuando estuve en Medellín, junto a una activista feminista, pudimos recorrer la Comuna 13 (tristemente conocida por la Operación “Orión”) y luego me vincule con la universidad pública de Manizales, fui descubriendo el complejo escenario político- social colombiano. Me puse a la escucha de los relatos y observe consternada historias de masacres, sobrevivientes, perseguidos y desaparecidos por luchar contra la impunidad, en tiempos democráticos. Aun así, el movimiento asambleario estudiantil, la lucha por los Derechos Humanos y la minga indígena son algunos ejemplos de la persistencia de los reclamos públicos contra la violencia.
El “paro” en pandemia: enfrentamientos y reclamos de justicia
Recordemos que en abril y hasta avanzado junio de 2021, el pueblo colombiano salió a las calles para decirle No a la reforma tributaria y del sistema de salud que encarecería los costos de vida de los estratos más desfavorecidos de la sociedad, como así también poder expresar todo su dolor y reclamo de justicia frente a tantos años de impunidad y muerte. La resistencia en las calles de las ciudades y en las rutas de los pueblos durante esos meses, conto primeras filas de estudiantes y trabajadores quienes tuvieron que hacer frente a la brutal represión estatal. La denominada “asistencia militar”, por el gobierno de Ivan Duque, fue condenada por organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y redes de apoyo y solidaridad bajo el hashtag S.O.S.COLOMBIA. Es en este contexto de alerta internacional, en que la Corte Interamericana se reúne con referentes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, movimientos sociales, y recepciona diversos informes en torno a la represión de la protesta. Según INDEPAZ, durante el paro colombiano se denunciaron 3.789 casos de violencia policial, en Cali y Bogotá y las víctimas fatales denunciadas por el Comité de paro fueron 78 personas, principalmente jóvenes de 17 y 26 años.
Violencias, impunidad y asesinatos selectivos
Una compleja e histórica superposición de violencias, se habla de macro violencia, configura una imbricada cartografía de Colombia donde el conflicto armado adquiere escaladas de horror y sangre concentradas en las poblaciones civiles, muchas de ellas periféricas, principalmente las rurales/indígenas/afros. Poblaciones que resisten diariamente al despojo, abuso, desplazamiento forzados, extorsiones e impunidad de los poderes locales, de allí que urge la necesidad de organización y movilización de las mismas. Es sabido que muchos líderes y lideras sociales están hoy haciendo frente de la lucha medio ambiental, reclamos por tierras de los desplazados, comunidades originarias, agricultores, a la defensa los Derechos Humanos (por justicia por desaparecidos o masacres locales). Destacamos la resistencia del tejido social colombiano, a través de sus movimientos sociales, como una sana estrategia para poder enfrentar el disciplinamiento de muerte y espanto impuesto por los grupos armados, a través de los asesinatos de sus líderes.
Más de medio siglo de violencia estatal y paraestatal vienen tiñendo de sangre al pueblo colombiano con un punto de aparente inflexión que fue la firma del acuerdo de Paz (2016) entre el estado colombiano y la mayoría de las FARC-EP, que de ninguna manera fue el único actor armado (además del estado). Por lo tanto la complejidad de su implementación como así también de su cumplimiento, sosteniendo un discurso basado en un sentido común de guerra y exterminio, ha alejado toda esperanza de paz. Datos de la realidad que confirman la lejanía con la paz, son los sistemáticos y selectivos asesinatos de personas identificadas como “líderes sociales”. Además de ellos, esta casería destructiva se enfoca también en los llamados “firmantes de paz” que son ex integrantes de la las FARC-EP hoy reconfigurados en un nuevo espacio político con representación parlamentaria.
El Instituto para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) que es una organización no gubernamental que oficia de observatorio en este proceso iniciado con la firma del acuerdo de paz, lleva un registro actualizado de las y los líderes asesinados y como así también de firmantes o ex combatientes. En este sentido, las cifras publicadas por la ONG mencionada lo confirman, desde que se firmó el acuerdo de paz (setiembre de 2016) hasta enero de 2022 fueron asesinados en Colombia 1.303 líderes sociales y 302 firmantes de paz (ex FARC) y además en este periodo se denunciaron 283 masacres de civiles. Esta política de muerte y exterminio se viene sosteniendo anualmente con cifras alarmantes, según INDEPAZ en el 2020 se registraron 91 masacres con un costo de 381 víctimas, en el 2021 96 masacres con 338 víctimas, todas ellas población civil, protegida por derecho internacional humanitario y en estado de indefensión. Para dimensionar y comparar con las violencias locales, en Argentina solo en el 2021 fueron asesinadas 981 personas en manos de la fuerza pública, según presentación de informe de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), cifra que duplica ampliamente las masacres colombianas en un año.
Volviendo al tema que nos ocupa, solo en el año 2021 fueron asesinados 171 líderes (cívicos, campesinos, indígenas, ex combatientes, afros y ambientalistas). A los que se suman las muertes de 43 firmantes de paz durante ese mismo año. Pero INDEPAZ alerta sobre dos nuevos asesinatos selectivos, perpetrados en lo que va del 2022 el de dos líderes campesinos: Victor M. Pacheco quien era presidente de la Acción Comunal de una vereda en Arauca y Efren Ramos quien era fiscal de una junta de acción comunal en una vereda de Putumayo. Con estas muertes, Colombia ya tiene 20 líderes sociales asesinados en los escasos meses del 2022, a razón de una muerte cada dos días.
La violencia y la represión están territorializadas y marcadas como zonas rojas por el alcance del conflicto armado, donde la muerte de civiles no cesa y las condiciones de vida de estas poblaciones civiles están sitiadas, vigiladas y controladas por una siniestra trama de horror, impunidad y violencia que busca desmovilizar los reclamos de Derechos y la organización de las luchas sociales en los territorios colombianos.
